Las quejas que planteará la comunidad educativa al ministro Méndez de Vigo

El Ministerio de Educación anunció este domingo a través de un comunicado que su titular en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, iba a iniciar en los "próximos días" una ronda de contactos con miembros de la comunidad educativa para escuchar sus propuestas de cara a lograr un pacto educativo. La intención –según podía leerse en esa misma nota– es "recabar opiniones, sugerencias e iniciativas" de todos los agentes para trabajar de manera conjunta y lograr ese pacto "con el máximo consenso posible". 

El primero de esos encuentros tuvo lugar este lunes con la confederación de asociaciones de padres mayoritaria de la escuela pública (CEAPA, con 11.000 colegios asociados) y este martes Méndez de Vigo recibirá a los representantes de las familias con hijos en la escuela concertada católica (Concapa, con 2.500 asociaciones). El resto de los agentes del sector citados en el citado comunicado –sindicatos de docentes, colectivos estudiantiles, rectores, patronales...– todavía no han sido convocados oficialmente, tal y como sus representantes han confirmado a infoLibre. En el Ministerio admitieron también que, por el momento, sólo están en agenda esos encuentros. 

Esta ronda de contactos se produce después de una legislatura marcada por la ausencia de diálogo y en la que el Partido Popular aprobó en solitario una reforma que cuenta con la oposición de la mayor parte de la comunidad educativa. El inicio de curso ha estado marcado también por la incertidumbre sobre las nuevas reválidas que más de medio millón de alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato tendrán que realizar en junio de 2017. 

Además, las estadísticas oficiales evidencian que la crisis económica ha dejado muy debilitado al sector. Entre 2009 (cuando hubo un pico de inversión) y 2014 (el último ejercicio del que hay datos disponibles), el dinero que destinan las Administraciones a la educación ha pasado de 53.895 millones a 44.846 millones. En cifras absolutas el descenso es de 9.048 millones de euros (-16,8%).

De ahí que buena parte de los colectivos citados por Educación valoren la apuesta por el diálogo del actual ministro pero también remarquen que no hay que olvidar otras cuestiones. José Luis Pazos, presidente de CEAPA, señala que no es posible considerar legitimado a un Gobierno que es el responsable de las políticas de los últimos cinco años, salvo que asuma públicamente sus errores en educación, y le insta a comprometerse a contribuir a derogar la LOMCE como paso previo a hablar de un pacto. 

Pazos asegura que le ha trasladado el ministro que el paso previo imprescindible para hablar de un pacto es que exista un nuevo Gobierno, para que tenga competencias reales y se pueda comprometer a realizar actuaciones "en lugar de realizar reuniones orientadas que sólo servirán para lanzar mensajes mediáticos de precampaña electoral". CEAPA también le ha comunicado al titular de Educación que presentará un recurso judicial contra el real decreto que regula las reválidas y le ha pedido que no de "ni un paso más que no sea obligatorio" mientras esté en funciones. 

Polémica LOMCE 

También los sindicatos CCOO y UGT han sido muy críticos con la gestión de la educación que ha hecho el PP durante la última legislatura. Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO, asegura que su organización no estará en ningún acuerdo que no incluya un compromiso previo por parte del Ministerio de Educación de derogar la LOMCE, de revertir los recortes –"no se puede llegar a ningún pacto con 30.000 profesores menos y 600.000 ayudas al estudio menos", asegura– y de ir recuperando de forma progresiva las condiciones laborales y retributivas del profesorado, entre las que cita la recuperación de las 18 horas lectivas o el descenso de las ratios. 

Su homóloga en UGT, Maribel Loranca, asegura que su sindicato reclamará a Méndez de Vigo que, "como gesto de buena voluntad", retire el real decreto que regula las polémicas reválidas. También le pedirá que explore qué mecanismos se pueden poner en marcha para "sin generar inseguridad jurídica" se puedan paralizar los aspectos más conflictivos de la LOMCE. Respecto al pacto educativo, Loranca señala que, dada la situación de interinidad del Gobierno, lo óptimo sería que esas conversaciones se hicieran en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Educación, pues el poder legislativo "no está en funciones". 

Los estudiantes, por su parte, también tienen varias peticiones que hacerle al ministro Méndez de Vigo. La secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), Ana García, asegura que todavía no ha recibido convocatoria alguna por parte del ministerio y pone en duda que vayan a citar a su organización. Este colectivo exige, entre otras cuestiones, la derogación de la LOMCE, así como del decreto que cambió el sistema de precios públicos de grados y posgrados y que ha logrado que en algunas comunidades las tasas hayan aumentado hasta el 80%. 

Los estudios de posgrado también han estado en los últimos cursos en el centro del debate por las críticas de la comunidad educativa al decreto –aprobado en enero de 2015– que da a los campus la posibilidad de impartir carreras de tres años a complementar con másteres de dos años. Los rectores acordaron aplazar esta reforma de las carreras hasta 2017 al considerar que el Ejecutivo proponía una aplicación "apresurada". El Sindicato de Estudiantes también pide su derogación. 

Con un perfil algo más moderado que el SE, desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) su presidente, Carles López, señala la importancia de que se logre alcanzar un pacto educativo, si bien cree que hay también otras cuestiones relevantes que Educación tiene que atender. Entre ellas, aumentar las becas, alcanzar progresivamente el 7% del PIB en educación, aumentar profesorado y cubrir inmediatamente las bajas docentes, devolver competencias a los consejos escolares o acabar con las evaluaciones finales con efectos académicos. 

El curso escolar arranca marcado por la incertidumbre sobre las nuevas reválidas

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Selectividad 

Los rectores, agrupados en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), prefieren esperar a tener la convocatoria oficial del ministerio para anunciar qué demandas llevarán a esa reunión. No obstante, se espera que reiteren su petición de solicitar que este curso no se realice la evaluación final de 2º de Bachillerato, sino una prueba similar a la selectividad que "garantice la seguridad jurídica de los estudiantes", tal y como han reclamado de forma reciente. 

Por último, Alfonso Aguiló, presidente de CECE, la patronal de la concertada, le trasladará a Méndez de Vigo la petición de que ese pacto educativo "aleje a la política y a la ideología de las aulas", garantice que las familias puedan elegir "en libertad" a qué centros llevan a sus hijos o solucione el debate de la asignatura de religión católica, manteniendo que sea de oferta obligada en todas las etapas educativas. Los miembros de CECE sí están conformes con las evaluaciones externas que promueve la LOMCE.