Dos propuestas (con algunas lagunas) para un pacto de Estado contra la violencia machista

El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes dos iniciativas presentadas por el PP y el PSOE en las que se defiende la idea de promover un pacto de Estado contra la violencia género, es decir, una suerte de acuerdo político que garantice el compromiso contra esta lacra. Unidos Podemos y Ciudadanos comparten el planteamiento de alcanzar un acuerdo, aunque han anunciado que presentarán enmiendas. Las de la formación morada y sus confluencias todavía no se habían hecho públicas a última hora de este lunes. 

El debate de sendas proposiciones no de ley es un primer paso que permitirá comprobar hasta qué punto las fuerzas parlamentarias están dispuestas a negociar medidas concretas y hacer de este tema una prioridad. Los textos de conservadores y socialistas coinciden en aspectos como la necesidad de revisar la legislación actual para incluir otras formas de violencia contra la mujer más allá del maltrato en el seno de la pareja. Con esta propuesta ambos partidos no hacen sino asumir una de las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo a España hace un año. 

A este respecto, la magistrada Glòria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), defiende que el ataque que debe hacerse contra la violencia de género debe efectuarse desde todos los ámbitos en los que se produce y no sólo en su cara más atroz, los asesinatos.

"Es importante hacer frente a todas las violencias, también las que están normalizadas en nuestra sociedad. Es decir, la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, doméstica, institucional, laboral y la mediática... aportando soluciones específicas en cada uno de los ámbitos", señala. [Ver en PDF el decálogo hacia la igualdad de AMJE] Está por ver, no obstante, cómo concretan los partidos su propuesta en este sentido. 

Los textos presentados también tienen diferencias sustanciales en otros temas. Por ejemplo, mientras el PP considera que en ese pacto deben involucrarse las instituciones (Estado, comunidades y ayuntamientos), el PSOE apuesta por ampliar su "acuerdo social y político" a centros educativos, sanitarios, sindicatos, patronales, poder judicial... De hecho, los conservadores sólo aluden a la "sociedad civil" para reseñar la importancia de que se visibilice su colaboración en las acciones de concienciación pública. 

También las expertas creen indispensable la participación de la sociedad civil. "Nos enfrentamos a nuevos retos que necesitan de la visión y el conocimiento de las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres y que han sido contenido básico de la denuncia y reivindicación de los últimos meses. Se equivocan los partido e instituciones si piensan que se pueden hacer propuestas de futuro sin contar con las organizaciones feministas", defiende Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. 

Para Violeta Assiego, abogada e investigadora en vulnerabilidad social y derechos humanos, es llamativo el "miedo" que tiene el PP a la sociedad civil. "Me parece importante poner el énfasis donde los ponen Ciudadanos y el PSOE, que es en la necesidad de un acuerdo político, social e institucional. Las asociaciones serán fundamentales para aportar datos e información sobre lo que está fallando, algo que desde los juzgados y las instituciones no se ve porque están muy lejos de la realidad", añade. 

Educación y sensibilización 

La financiación es otro de los temas clave. Los socialistas hacen un especial hincapié en la necesidad de "reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años", especialmente en lo que tiene que ver con la prevención y la asistencia social de las víctimas. El partido de Mariano Rajoy, sin embargo, no hace alusión alguna a estos recortes. Y eso que el presupuesto estatal dedicado a prevenir esta lacra ha pasado de 34,3 millones en 2016 a 25,2 en 2016. Es decir, un 26,5% menos. 

Las expertas también ponen énfasis en este punto. "Es primordial que se asigne un presupuesto al proyecto que se lleve a cabo, sin presupuesto esto es un brindis al sol", advierte la magistrada Poyatos. "El PP no se moja en el tema de la dotación presupuestaria. Hablan de recursos materiales y humanos, pero no de económicos. De hecho, menciona el Estatuto de la Víctima, que es precisamente un buen ejemplo de un buen proyecto no sirve de nada si no hay fondos para ponerlo en marcha", denuncia Assiego. 

Otro aspecto clave es el de la educación y la sensibilización. Los conservadores incluyen en su proposición la propuesta de "avanzar en la incorporación" de la formación específica en igualdad al currículo escolar. Una propuesta que llama la atención teniendo en cuenta que, en su reforma educativa, el PP decidió suprimir la asignatura Educación para la Ciudadanía, una materia en la que precisamente se profundizaba en el tratamiento de la igualdad. En relación a este tema el PSOE apunta a la "incorporación" de una formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención contra la violencia en todas las etapas educativas.

"La educación es el soporte que tiene que tener cualquier proyecto que quiera acabar con la violencia, pues es donde está su vacuna para erradicarla", señala la jueza Poyatos. La magistrada denuncia que las leyes actuales en relación a esta cuestión son magníficas herramientas, pero que no se cumplen. "Una buena prueba de ello es el artículo 24 de la Ley de Igualdad, que habla expresamente de la transversalidad en los planes educativos de los valores igualitarios y que se está incumpliendo", añade. Las expertas señalan también la importancia de la sensibilización, donde destacan el papel de los medios de comunicación, algo que también incluye Ciudadanos en sus enmiendas. 

Los textos de PP y PSOE también hacen una mención a la necesidad de poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Unas referencias que, a juicio de Violeta Assiego son "demasiado genéricas". "Echo en falta alguna alusión más concreta a los menores que son testigos e incluso víctimas de agresiones por parte de sus padres o de las parejas de sus progenitoras, así como de los huérfanos, donde hay un vacío brutal en lo que a atención integral se refiere", subraya.

Atención judicial 

Respecto a la atención judicial de las víctimas, de forma general, el PP propone "seguir mejorando la especialización y los recursos materiales y humanos" a disposición de los juzgados especializados, mientras que los socialistas defienden la puesta en marcha del "acompañamiento judicial personalizado" para ayudar a las mujeres cuando ponen la denuncia y la obligatoriedad de que jueces, abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan "certificada previamente" una formación específica. 

Este es un aspecto al que da especial importancia la Asociación de Mujeres Juezas. "¿Cómo puede ser que los operadores judiciales que trabajan en juzgados específicos de violencia contra la mujer no se formen de forma obligatoria y sistemática en esta materia?", se pregunta Poyatos. "No se entiende que esto ocurra cuando el sistema demuestra cada día que tiene brechas y que estamos fracasando porque sigue habiendo mujeres asesinadas", añade. 

Por otro lado, los socialistas proponen el establecimiento de protocolos de intervención específicos para las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Sin embargo, ninguna de las dos formaciones incluye en sus documentos propuestas en relación a los casos en los que no existe denuncia pero en los que los servicios públicos, sociales o sanitarios sí han detectado riesgo.

Sí lo hace Ciudadanos, que en las enmiendas presentadas a la proposición del PSOE aboga por poner en marcha protocolos de atención social integral, especialmente proporcionando una garantía habitacional, para las víctimas que se encuentran en este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta que sólo el 18,4% de las 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante el año pasado habían presentado denuncia [ver datos en PDF]. 

"Es un elemento fundamental, pues los mayores problemas que se están dando ahora mismo con el tema de la violencia de género suceden fuera del procedimiento judicial. Es decir, antes de poner la denuncia, cuando no se pone, cuando se pone y todavía no se han ofrecido las garantías suficientes... Es una cuestión que me parece fundamental", señala la abogada Violeta Assiego. 

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El partido de Albert Rivera también incluye entre sus enmiendas la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –conocido como el de la dispensa– que exime a "los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente [padres e hijos], su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial (...)" de prestar declaración contra él. Su propuesta es suprimir la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja de las víctimas de violencia de género, una modificación que la Fiscalía está dispuesta a realizar.

Sin embargo, no hay consenso entre los expertos sobre si debe hacerse. Por ejemplo, la abogada Amalia Fernández Doyague, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera que debe mantenerse la actual redacción del artículo 416, si bien cree que es esencial el asesoramiento jurídico previo a la víctima sobre las consecuencias del proceso y los efectos negativos que le puede acarrear declarar en contra de lo afirmado en declaraciones anteriores. Estima que suprimir la dispensa podría acabar obligando a las víctimas a ir contra su voluntad y que las podría llevar incluso a mentir para proteger a su pareja.

Este es un tema que genera debate, pues el número de procedimientos judiciales abiertos por violencia de género que no pudieron seguir su curso porque la víctima decidió no declarar contra su agresor está al alza desde 2010. En 2014 fueron el 12,4% del total según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Además, en el 57% de los casos en el que el fiscal retiró la acusación por violencia de género durante el juicio se debió a que la víctima se negó a ratificar su denuncia. En 2007 esta circunstancia se dio en el 37% de las retiradas.