El Congreso debate reformar la Ley de Secretos que impide acceder a los documentos del 23F

La transición, el 23F o la entrada de España en la OTAN podrían ser, de aquí a unos meses, objeto de investigación histórica a través de documentos que, hoy por hoy, están clasificados por el Estado. Y es que este martes se debatirá en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales presentada por el PNV, que pretende que sólo se pueda restringir el acceso a documentación sensible por un máximo de 35 años en lugar de establecer un veto indefinido, como ocurre en la actualidad.

Este martes únicamente se debatirá la proposición de ley y se votará sobre su toma en consideración –el primer paso del trámite parlamentario–, por lo que la aprobación de la reforma no es inminente. No obstante, es probable que el Congreso dé luz verde a que comience la tramitación de un texto que el PNV ya propuso la pasada legislatura y que fue aprobado con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, así como de los partidos nacionalistas. De hecho, el PP se quedó sólo en su negativa, que entonces justificó afirmando que, pese a que no se oponía a reformar la Ley de Secretos Oficiales, consideraba que la iniciativa era un "parche" a la norma.

La proposición de ley del PNV supone, no obstante, modificaciones importantes en puntos clave de una ley que procede, originalmente, del franquismo, ya que fue aprobada en 1968 y enmendada diez años después. Fundamentalmente, la iniciativa busca que no puedan existir –como ocurre en la actualidad– documentos clasificados indefinidamente, y para ello establece dos categorías: los documentos que se marquen como reservados estarían vetados al público durante diez años, y aquellos señalados como secretos quedarían clasificados durante 25 años, un periodo ampliable durante otros diez años más mediante una disposición motivada por parte del Consejo de Ministros.

Precisamente, en virtud de esta proposición de ley, serían el Consejo de Ministros y sus miembros los únicos capaces de declarar clasificada una documentación, por lo que se retiraría esta prerrogativa a los jefes de las misiones diplomáticas de España en el extranjero y al jefe del Estado Mayor, que actualmente también pueden restringir el acceso público a documentos. Y, además, una nueva disposición transitoria establecería que las materias clasificadas que hayan cumplido ya el tiempo máximo de restricción quedarían liberadas.

Eso significa que todos los papeles secretos anteriores a 1991 o, en todo caso, a 1981, quedarían desclasificados automáticamente si se aprobase esta modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Entre esa documentación se encontraría la relativa al golpe de Estado del 23F, así como todos los documentos de una etapa tan convulsa como la transición. No obstante, ahora mismo es imposible conocer qué papeles están bajo secreto, porque no existe una lista en la que se explicite qué documentos clasificados obran en poder del Estado.

La descolonización, la OTAN o Palomares

Así lo denuncian los historiadores consultados por infoLibre, que explican que "no hay un archivo de documentos clasificados, como sí existe, por ejemplo, en el Reino Unido, donde incluso se puede intentar pedir permiso a las autoridades acceder a ellos bajo determinadas condiciones". Así lo afirma Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, que señala que "por lo general, en Europa, la norma es que los archivos comprometidos estén clasificados durante unos 25 o 30 años".

Con él coincide Carlos Sanz, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, que señala que es muy complicado saber con exactitud el volumen de información clasificada porque "no se publican listas al respecto, como sí se hace en países como EEUU". Y es que, según señala el historiador, la mayor parte de los países democráticos tienen establecidos plazos tras los cuáles los documentos se desclasifican automáticamente, y además en ellos "funcionan comisiones de desclasificación" que se encargan de gestionar el importante volumen de información clasificada para decidir qué puede pasar al dominio público y qué no.

Por su parte, Xusto Beramendi, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago explica que, a la hora de hacer investigaciones históricas, "cuanto más tiempo permanecen los documentos clasificados, mayor es el impedimento". "Podría decirse que, en historia, 25 años es casi el presente, pero si hablamos de documentos que llevan siendo secretos 50 años o incluso más, es una traba muy clara", sostiene el catedrático, que afirma que el hecho de que los archivos estén clasificados durante tanto tiempo abre la puerta, además, a que mucha información "haya sido destruida". Así podría ocurrir, señala Beramendi, con documentación relativa al golpe de Estado del 23F, ya que ni siquiera "existe constancia de lo que hay": lo que se conocen son afirmaciones no probadas, como la del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que sostiene que existen 125 horas de grabaciones telefónicas de aquella noche.

Pero no sólo los documentos relativos al golpe de Estado pasarían a ser de dominio público si prosperase la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. La nueva norma también afectaría a buena parte de la documentación relativa a la política exterior española, entre la que se cuentan papeles sobre episodios poco investigados, como la descolonización del Sáhara en 1975 o la de Guinea Ecuatorial, en 1968, así como el incidente de Palomares de 1966, según recuerda Sanz. "La política exterior del franquismo, en general, tiene montones de documentos clasificados", afirma el historiador, que señala otros dos acontecimientos históricos sobre los que ahora cae el velo del secreto oficial que podrían ser desclasificados: la negociación para la entrada de España en la OTAN y la participación de nuestro país en la Guerra del Golfo.

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Ciudadanos aún no sabe qué votará

PSOE y Unidos Podemos apoyarán, como ya hicieron en abril, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. "La propuesta es un inicio que da pie a un debate que lleva muchos años de retraso respecto a otros países", sostiene el diputado de Unidos Podemos Juanma del Olmo, que asegura que la iniciativa "es un primer paso para transitar legislativamente del franquismo a la democracia, que todavía hace falta en asuntos de especial importancia". Los socialistas, por su parte, argumentaron en abril que la norma actual, "entre otras deficiencias y limitaciones, ni ha evitado los conflictos jurisdiccionales que todavía permanecen en nuestra memoria ni ha impedido la obstrucción gubernamental al acceso a miles de documentos clasificados referidos a la Guerra Civil".

Ciudadanos votó hace meses a favor de la iniciativa con el argumento de que la ley está "objetivamente obsoleta" y es "preconstitucional". "Pero debemos hacer una actualización de manera sosegada para lograr una regulación adecuada en una cuestión tan sensible", sostuvo entonces el partido naranja, que este lunes confirmó en declaraciones a este medio que aún no tiene decidido el sentido de su voto.