Sánchez y López denuncian que el PSOE se desdibuja por los reiterados pactos con el PP que impulsa la gestora

En apenas tres meses, PP y PSOE han unido sus fuerzas en al menos 15 votaciones de relevancia en el Congreso de los Diputados. En ocasiones ha mediado un pacto explícito, en otras han coincidido sin que hubiera una contrapartida clara de los conservadores a los socialistas, pero lo cierto es que en el arranque de este legislatura la imagen de la alianza entre los diputados del partido del Gobierno y la principal fuerza de la oposición se ha vuelto frecuente. La última vez fue esta misma semana: hasta tres decretos del Ejecutivo se convalidaron en la Cámara baja gracias a los votos del PSOE.

La gestora socialista defiende que al PSOE le toca encabezar una "oposición útil" y exprimir sus posibilidades de "marcar la agenda" y liderar la "iniciativa política". Para la dirección interina del partido la clave es "jugar con inteligencia" hacia "uno y otro lado" para que "salgan las cosas que le interesan a la gente". A veces eso se traduce en condicionar las políticas del Gobierno y otras en buscar una mayoría alternativa, sostiene Ferraz. El coordinador de la ponencia política para el Congreso Federal, Eduardo Madina, defendió este martes que los pactos con el PP han servido para "cambiar las cosas".

Pero lo cierto es que las dos personas que han anunciado su intención de competir en las primarias del PSOE que se celebrarán previsiblemente en mayo –Pedro Sánchez y Patxi López– se muestran cada vez más críticos con estos pactos. El ex secretario general, por ejemplo, señaló este miércoles en un acto en Castellón que el partido "nunca debió perder" la senda de "un partido autónomo y de izquierdas" que "cuando dice no a Rajoy vota no a Rajoy", y que "el camino emprendido por la gestora " deja a los socialistas "en tierra de nadie". "La respuesta no es la gran coalición", proclamó Sánchez.

El exlehendakari, por su parte, ha repetido en múltiples ocasiones que el PSOE debe defender un proyecto "de izquierda exigente" y que no se limite a ser un "analgésico de la derecha". "Tengo clarísimo que el PSOE tiene que ser una alternativa nítida, exigente y desde la izquierda a las políticas de la derecha, y no tenemos que acompañar esas políticas de ninguna de las maneras poniendo parches", dijo este miércoles en una entrevista en ETB. "Tenemos que ser mucho más radicales en la forma de plantear nuestras propuestas", añadió. En su equipo creen los pactos con el PP "desdibujan la marca PSOE".

La gestora y la dirección del grupo parlamentario, pilotado por el diputado Antonio Hernando, han sacado pecho de algunos de esos acuerdos: es el caso de la subida del salario mínimo del 8% que el PSOE pactó con el Gobierno, un caso en el que los críticos no son tan duros –aunque Patxi López dijo que él habría sido más "exigente"–. Pero hay otros pactos que enfadan más, como que los socialistas se sumaran al veto del PP a una comisión de investigación sobre el rescate bancario. La preocupación de fondo para el sector crítico es la sensación de goteo casi constante, con acuerdos PP-PSOE prácticamente cada semana en el hemiciclo.

Los pactos celebrados por la gestora

De las 15 votaciones de entidad en las que los conservadores han podido contar con los votos de los socialistas, hay nueve en los que la gestora y la dirección del grupo parlamentario han defendido públicamente la utilidad de su posición porque han hecho rectificar al PP, han conseguido modular las iniciativas del Ejecutivo o han obtenido alguna contrapartida. Es el caso de las votaciones sobre un pacto de Estado contra la violencia de génreo, el objetivo de estabilidad y deuda, el reparto del déficit, la paralización del calendario de la LOMCE, la garantía juvenil, el bono social eléctrico y las cláusulas suelo.

El logro más celebrado por el PSOE en estos casi 100 días es probablemente la subida del 8% del salario mínimo. El Gobierno aceptó elevar el SMI hasta los 707 euros a principios de diciembre y, a cambio, los socialistas apoyaron el objetivo de déficit para 2017. El PSOE también respaldó tres decretos sobre medidas financieras y el reparto de déficit entre las distintas administraciones para el periodo 2017-2019. El argumento en ese caso fue que se había logrado mayor flexibilidad para las comunidades autónomas: inicialmente estaba previsto que los gobiernos regionales pudieran cerrar 2017 con un déficit del 0,5%, y finalmente será el 0,6%. 

También celebró el PSOE la paralización de las reválidas de la ley Wert. El 20 de diciembre el Congreso aprobó un decreto con los votos de PP, PSOE y C's que deja sin efecto esas pruebas, pues ya no es necesario aprobarlas para obtener títulos académicos, como estaba previsto. Ese mismo día se aprobó constituir una subcomisión para debatir una nueva ley de educación. Cabe destacar que la pérdida del efecto de las reválidas ya fue anunciada por Mariano Rajoy en su debate de investidura, en octubre.

Conservadores y socialistas coincidieron igualmente a mediados de noviembre, cuando solicitaron la mejora de la Ley contra la Violencia de Género y pidieron un pacto de Estado contra esta lacra. "Llevamos años intentando convencer al PP de la necesidad de un acuerdo que salvaguarde los compromisos sociales y presupuestarios para combatir una violencia que conmociona con demasiada frecuencia a todo el país", celebró entonces la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez. El argumento de los socialistas fue que gracias al nuevo reparto de fuerzas en la Cámara, los conservadores rectificaban sus posiciones del pasado.

Finalmente, esta misma semana, PP y PSOE se aliaron en otras tres ocasiones. Conservadores y socialista unieron sus votos, en primer lugar, para convalidar un decreto de impulso al sistema de garantía juvenil. El PSOE afirmó que, de no ser porque el Gobierno "no tiene ya el rodillo de la mayoría absoluta" y por la "presión" del grupo socialista, se habría seguido "malgastando dinero público de fondos europeos". "Con este decreto –dijo Sonia Ferrer, portavoz socialista de Juventud– se rectifica un desastre de gestión del Gobierno, aunque tarde, mal y a rastras".

En segundo lugar, el PSOE apoyó al PP para convalidar un segundo decreto sobre la financiación del bono social en la factura eléctrica, y justificaron su apoyo a la norma en el hecho de haber conseguido "la prohibición expresa de cortar la luz a las familias en situación de pobreza" en palabras de su portavoz de Energía, Pilar Lucio. Por último, permitieron con su abstención que el Congreso aprobara el real decreto que regula el mecanismo extrajudicial para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar el dinero pagado de más.

En este caso, y aunque su abstención resultó decisiva para que el texto saliera adelante, fuentes del grupo subrayaron que no había ningún acuerdo con el Gobierno, pero que las "mejoras y garantías hacia los afectados propuestas por el PSOE" y aceptadas por el Gobierno "permitirían" la abstención socialista y que el decreto pudiera aprobarse. "El PSOE había paralizado en dos ocasiones anteriores la aprobación del decreto porque favorecía a los bancos", insistieron estas fuentes, que negaron en todo momento la existencia del acuerdo.

Cabe destacar que cada vez que el PSOE ha votado junto al PP para convalidar decretos, además de permitir que se consolide su contenido, también ha apoyado impedir su tramitación como proyecto de ley –solicitada en la mayoría de casos por Unidos Podemos–, lo que habría supuesto un debate más amplio en la Cámara.

Las otras coincidencias

Pero, al margen de las nueve ocasiones ya mencionadas, hay otras seis en las que PP y PSOE también han unido sus fuerzas en la Cámara baja en materias tan diversas como las pensiones, el CETA o la seguridad pública. Por ejemplo, los socialistas apoyaron el 22 de noviembre una proposición no de ley del PP que pide alcanzar un gran pacto nacional en materia de pensiones. La iniciativa fue acordada además con Ciudadanos y el PNV, mientras que Unidos Podemos y los grupos nacionalistas se quedaron fuera. Apenas una semana más tarde, los votos de PP y PSOE también sirvieron para impedir la aprobación de una PNL de Unidos Podemos sobre el CETA, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá y que, entre otras cuestiones, pedía someter ese texto a referéndum.

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En esa misma sesión plenaria, el PP votó a favor de dos puntos de una moción del PSOE que, en su título, planteaba la necesidad de "garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos". Los dos epígrafes que respaldaron los conservadores, en cambio, reafirmaban el "compromiso inequívoco con la seguridad pública (...) mediante un incremento sustancial y sostenido de las plantillas policiales" y la elaboración de un plan contra los robos con fuerza en viviendas y explotaciones agrícolas. Asimismo, el PP y el PSOE pidieron introducir reformas para asegurar que el ingreso en los CIE de extranjeros indocumentados sólo se produzca en los "supuestos imprescindibles", aunque no concretaba qué modificaciones deberían aplicarse para hacerlo posible.

Finalmente hay dos votaciones que no se han dado en el Pleno. Esta misma semana, por ejemplo, PP y PSOE rechazaron la petición de Ciudadanos de que la Mesa de la Cámara baja pida crear una comisión de investigación sobre el rescate bancario, una propuesta que también tenía el apoyo de Unidos Podemos. Los socialistas aseguraron que la cuestión era de "forma" y no de "fondo", y calificaron de "falso" que se hubiera bloqueado ninguna comisión: "Simplemente la propuesta ha quedado encima de la mesa porque no cumple los requisitos que se exigen en el reglamento del Congreso", apuntaron fuentes del grupo socialista.

Hace ahora quince días, el órgano de gobierno del Congreso rechazó con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos tramitar la petición Unidos Podemos y ERC para que se citara al exministro de Defensa, Federico Trillo, para dar expliciones sobre la tragedia del Yak-42sobre la tragedia del Yak-42. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, calificó de "vergüenza" que esas tres fuerzas se opusieran a que Trillo diera explicaciones, mientras que fuentes parlamentarias indicaron que los servicios jurídicos de la Cámara baja habían cuestionado la comparecencia, pues Trillo –que para entonces no era ya embajador en Londres– no formaba parte del Gobierno y, por tanto, no estaba sujeto a control parlamentario.