La era Camps, del banquillo a la cárcel

La de Fitur es ese tipo de sentencias donde pasado y futuro se entretejen. El pasado porque sus 558 páginas suponen un castigo ejemplar a los gobiernos del expresident Francisco Camps, entre 2003 y 2011. Y un futuro de cinco piezas más de la rama valenciana de la Gürtel por juzgarse en la Audiencia Nacional por hechos y mecánicas muy similares. Todo un tiempo político detenido entre las manillas del Hublot de 2.400€ que los cabecillas de la trama regalaron a Milagrosa Martínez por abrirles despachos y expedientes de la consejería de Turismo. Según el fallo emitido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la firma Orange Market, filial aborigen de la trama, fue contratada fraudulentamente para organizar el stand valenciano en diversas ferias de Turismo, sobre todo la de Fitur, entre 2005 y 2009. Un beneficio de 5 millones para la red corrupta.

Facturas falsas y por trabajos no realizados, duplicidad de gastos, troceo de licitaciones para evitar su control e hiper valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Este es el sólido y oscuro andamiaje en que se sustentó la administración valenciana bajo un Partido Popular liderado por Francisco Camps, quien llegó al poder tutelado por Eduardo Zaplana y a quien le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos y muy dóciles a la que penetró con suma facilidad un adulador profesional como Álvaro Pérez, el Bigotes. Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo.

Buena prueba de esta permeabilidad son las numerosas adjudicaciones supuestamente irregulares a Orange Market entre 2004 y 2008, que se investigan en la pieza 5, con 27 procesados, entre ellos los exconsejeros de Sanidad, Manuel Cervera y Luis Rosado, y la de Bienestar Social, Alicia de Miguel. Y las piezas 1 y 2 se refieren a la presunta financiación irregular y delito electoral cometido por el PP en los comicios de 2007 y 2008. Nueve empresarios, que ya han reconocido los hechos, recibían adjudicaciones públicas millonarias que retornaban en parte a través de pagos por servicios no realizados a Orange Market, empresa que organizó las campañas del PP, que también habría abonado a la trama 2 millones en B. Esta causa suma 27 imputados, entre ellos el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa.

Por su parte, la pieza 6 aborda los delitos de Orange Market contra la Hacienda Pública. Y la 4 trata la adjudicación a la red corrupta, por parte de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), de la sonorización de la visita del papa en julio de 2006 por 7,4 millones, de los cuales, según la investigación, al menos tres acabaron en los bolsillos de la Gürtel. Entre los principales procesados están el exdirector general de RTVV, Pedro García, y Juan Cotino, exvicepresidente del Consell y de Les Corts. La Fiscalía pide 40 años y 10 de cárcel respectivamente.

El presidente en un bólido

¿Y Camps? El expresident que controlaba su partido al milímetro ha conseguido sortear los escollos de la Gürtel pese a ser el primero en sentarse en el banquillo, en 2011, por el llamado Caso de los Trajes. Una causa menor que el entonces presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, desgajó del bloque Gürtel. Una operación con aroma de favor a su “más que amigo”, tal y como lo definió el propio Camps. Finalmente, en enero de 2012, un jurado popular declaró no culpable a ex jefe del Consell y a Ricardo Costa por los mismos hechos, recibir prendas de ropa de la trama con arreglo a su cargo público, por los que Víctor Campos y Rafael Betoret, habían firmado meses antes su culpabilidad, pagado la multa y devuelto las prendas de ropa. Betoret es el mismo que este viernes fue condenado a seis años de prisión por la sentencia de Fitur.

Pero la Gürtel solo es una parte del organismo en descomposición y el escurridizo Camps no ha podido sortear la corrupción a 300 kilómetros por hora de los bólidos de la Fórmula 1. Se trata del caso ValmorValmor, empresa organizadora del gran premio en Valencia y cuya deuda de 45 millones fue asumida de forma supuestamente irregular por la Generalitat Valenciana. Camps sigue cobrando cerca de 50.000€ al año como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, gracias a los privilegios que establece el estatuto de los expresidentes.

Una corrupción de amplio espectro que no ha dejado cajón por abrir ni mano por meter. El converso del zaplanismo al campismo, Serafín Castellano, está imputado por el llamado cártel del fuego, al que benefició con 277 millones en la licitación de la lucha área contra incendios cuando era consejero de Gobernación. O José Luis Olivas, expresidente de Bancaja e investigado por la quiebra del Banco de Valencia, la ampliación de capital del Valencia CF y delito fiscal. Y recientemente condenado a un año y medio de prisión junto a Vicente Cotino, hermano de Juan y uno de los empresarios arrepentidos de la Gürtel, por falsedad documental.

Y cómo no, Rafael Blasco, el consejero plenipotenciario de la era Camps y condenado a ocho años de prisión como cabecilla de una trama que desvió a pisos y garajes 1,6 millones de proyectos de cooperación a Nicaragua. Un fraude cuyo grueso aún está por juzgar, ya que entre 2009 y 2011 también se defraudaron 3,2 millones destinados al Tercer Mundo. Pero hay más. Blasco está investigado por sus contratos durante la etapa en Sanidad, 2006 y 2007. Y junto a él su sobrino Sergio Blasco, quien derivó 24,9 millones a empresas privadas y aparentemente de forma poco lícita. Una familia aficionada al dinero público y a los juzgados. La esposa de Blasco es Consuelo Císcar, imputada por irregularidades en adquisición de obra y contratación de publicaciones durante su etapa como directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Transversalidad y periferia

Y otro gran amante de los bólidos es Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y, según la Guardia Civil, el principal cabecilla de la operación Taula, que estalló el 26 de enero de 2016 y supuso la detención de 24 políticos y empresarios, entre ellos Rus, quien pasó dos noches en el calabozo. Se investiga una red de cobro de comisiones con epicentro en la empresa pública Imelsa, ya desparecida, y con ramificaciones en Ciegsa, la firma pública de la construcción de escuelas y barracones en la época del PP y, sobre todo, el Ayuntamiento de Valencia, con serias sospechas de blanqueo de capitales y financiación irregular durante las campañas de 2011 y 2015.

Un mancha sobre los 24 años de gobierno del PP en la capital a la que se unen los 24 millones en el saqueo de Emarsa y la depuradora de Pinedo y los 3,5 millones que arañó Iñaqui Urdangarín Iñaqui Urdangarína través del Instituto Nóos y por el que está procesado el exvicelalde Alfonso Grau, también imputado en Taula y en el amaño de contratos a favor de la empresa de transporte Transvía a cambio de regalos suntuarios, entre ellos relojes de alta gama.

Camps declarará el 24 de enero como investigado por las irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia

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Una corrupción transversal, periférica, endémica. Los juzgados también investigan un fraude en la gestión del Palau de les Arts, con cinco imputados, entre ellos la exintendente Helga Schmidt. O los 1.300 millones de agujero en la gestión de RTVV. O la operación Flotador, por la que está imputado Alfredo Castelló, exalcalde de Sagunt y hombre fuerte del PP en el actual grupo parlamentario. Y también, vicio o inercia, el nombre de Valencia y el Partido Popular aparecen unido en ramificaciones de causas transfronterizas como la Púnica o Acuamed.

Y Alicante y Castellón. El decano de los políticos del PP entre rejas fue Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, quien cometió falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de la basura. Un asunto nada secundario en el sur, ya que de la gestión de los deshechos urbanos en Orihuela fermentó el caso Brugal, que cuenta con una ramificación de 20 piezas y con dos exalcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, procesados junto al todopoderoso empresario Enrique Ortiz, otro de los nueve empresarios confesos de financiar al PP en la trama Gürtel. Y al norte, en Castellón, Carlos Fabra salió de prisión en tercer grado tras defraudar cerca de 700.000€ a Hacienda entre 1999 y 2003 y tras no haber declarado 3,3 millones. Pero hace unos días volvió a pisar un juzgado como imputado por un presunto delito de soborno en un patrocinio relacionado con la empresa Aerocas, que construyó y gestiono durante años el aeropuerto sin aviones de Castellón.

Toda una época y un territorio atascado en un Hubolt de consejera condenada a nueve años de cárcel. Un mínimo detalle suntuario en la arqueología aún por venir de la gran civilización de la gloria y el delito.