Las preguntas sobre la monarquía que rechaza el Congreso

La opacidad que rodea a la monarquía vuelve a ser objeto de debate entre las formaciones políticas que cuestionan la escasa transparencia de la institución. Izquierda Unida, integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, denunció este jueves que la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, haya "vetado" la tramitación de la batería de preguntas formuladas por IU sobre "diversos temas polémicos" relacionados con la monarquía. La Mesa únicamente ha permitido el registro de una de las cuestiones, relacionada con la posibilidad de celebrar un referéndum entre monarquía o república.

La explicación del órgano es que se trata de consultas "no sometidas al control parlamentario de la Cámara". Según argumenta, "las cuestiones se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución española configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél".

No es la primera vez que la Mesa del Congreso opta por no admitir a trámite preguntas relacionadas con la monarquía, sino que, por el contrario, el episodio denunciado por IU se ha repetido de forma reiterada a lo largo de la presente legislatura. Éstos son los interrogantes sobre la monarquía que han planteado los grupos parlamentarios, y que han sido rechazados por la Mesa de la Cámara baja.

Igualdad, patrimonio y dinero público

Las preguntas formuladas por IU el pasado 15 de marzo de 2017 atienden a dos cuestiones clave: la desigualdad de género en el marco de sucesión y el patrimonio de la Casa del Rey. A juicio de la formación, "la monarquía no parece compatible con el artículo 14 de la Constitución que sanciona la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 

En este sentido, IU pretendía preguntar al Gobierno si considera "que la monarquía es compatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley" y, en segundo lugar, "cómo es posible que en lo que respecta a la Jefatura del Estado y la sucesión de la Corona se mantenga la primacía del varón".

Además, el diputado sevillano Miguel Ángel Bustamante, autor de las preguntas parlamentarias, sostiene que "gran parte de la sociedad española reclama conocer cómo se administran y reparten los recursos que el Estado pone a disposición de la Casa Real". Bustamante pregunta, en este sentido, si el Gobierno prevé "llevar a cabo alguna actuación para aumentar la transparencia de la Jefatura del Estado extendiendo la obligación de declaración y registro de actividades de bienes y derechos patrimoniales a todas las personas que pertenezcan a la Casa Real", y juzga como una "contradicción en sus términos que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real".

Por otro lado, el diputado recuerda, en nombre de su grupo, que "en prensa han aparecido informaciones" afirmando que Juan Carlos de Borbón "dejó una fortuna en Suiza que fue repartida entre sus dos hijos". Por este motivo, pregunta si el Gobierno "va a exigir responsabilidades al rey por ser titular de una cuenta en Suiza, al parecer herencia de su padre". Añade, en esta línea, si el Ejecutivo puede afirmar que "ningún miembro de la Casa Real tiene recursos en el extranjero y en particular en los conocidos como paraísos fiscales" y si, finalmente, estima "justificado investigar el patrimonio de la Familia Real".

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ya formuló en esta legislatura otra cuestión relacionada con la monarquía que fue rechazada por la Mesa del Congreso. "¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997 se utilizaron fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey Don Juan Carlos?", trató de preguntar el diputado valenciano Ricardo Sixto, a raíz de que se hicieran públicas varias informaciones que aseguraban que el Estado utilizó parte de sus fondos reservados para comprar el silencio de Bárbara Rey con respecto a la supuesta relación entre ella y el ahora monarca emérito, que entonces ejercía las funciones de jefe del Estado.

En este caso, el órgano de gobierno de la Cámara baja argumentaba en su respuesta a Sixto que la pregunta no puede ser formulada al Ejecutivo porque los temas que afecten a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados". Asimismo, la Mesa le recordaba al diputado "la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, por la que se establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

También el 18 de enero En Comú Podem, parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos, intentó sin éxito trasladar al Gobierno dos preguntas sobre la misma cuestión. La intención del diputado catalán Joan Mena era preguntar al equipo de Mariano Rajoy sobre la utilización de fondos reservados para "comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos entre los años 1996 y 1997".

El complejo hípico de Zarzuela

El grupo parlamentario de ERC presentó una batería de preguntas el 7 de septiembre de 2016, cuando el Gobierno estaba en funciones, que fue rechazada por la Mesa de la Cámara baja. El diputado Joan Tardà pretendía obtener respuesta a las circunstancias que envolvieron al accidente de la infanta Elena de Borbón en las instalaciones hípicas del Palacio de Zarzuela, que derivó en una rotura de muñeca mientras practicaba equitación.

En base a los hechos planteados por el grupo parlamentario, Tardà pedía al Gobierno la confirmación de la existencia de un complejo hípico en Zarzuela, y cuestionaba "bajo qué criterios de necesidad y/o utilidad para el correcto desempeño de las labores de la Jefatura del Estado se construyó tal complejo". Tardà solicitaba conocer, además, "el precio total de la construcción de este equipamiento" y "a cargo de qué partida presupuestaria se consignó el gasto".

En esta misma línea, el diputado catalán preguntaba sobre la identidad del responsable de "la gestión y mantenimiento de las instalaciones hípicas", así como del encargado de "asumir económicamente esos gastos" y "a cargo de qué partidas presupuestarias". La consulta planteaba también cuál había sido el coste anual de las instalaciones desde su construcción, y si el caballo del que se cayó la infanta era "de titularidad pública o privada". Finalmente, el diputado catalán trató de preguntar al Gobierno sobre la conveniencia de "mantener con dinero público un centro hípico en el Palacio de Zarzuela".

Las preguntas aceptadas

No todas las interpelaciones planteadas por los grupos parlamentarios han sido rechazadas por la Mesa del Congreso. El 28 de noviembre de 2016, el Partit Demòcrata Català (PDECat) preguntó al Ejecutivo cuáles eran "los valores y principios de la política exterior del nuevo Gobierno que inspiran la decisión de enviar al rey emérito Juan Carlos I y a un secretario de Estado a los actos laudatorios en recuerdo del fallecido dictador Fidel Castro".

En esta ocasión el equipo de Mariano Rajoy sí dio respuesta a la cuestión esbozada, y aclaró que el Gobierno "ha desarrollado en los últimos años una política caracterizada por un diálogo constructivo, constatando diferencias sustantivas en lo relativo a los derechos humanos y libertades fundamentales, pero avanzando en las cuestiones de interés común". Añadía que "España es un país decididamente comprometido con la agenda regional e internacional en materia de derechos humanos" y que, en el ejercicio de dicha agenda, "la observancia de los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía ha sido y continúa siendo una prioridad del Gobierno en las relaciones con Cuba".

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Además de la pregunta sobre el referéndum entre república o monarquía, Unidos Podemos también logró pasar la criba respecto a otra cuestión desarrollada en enero de 2017. La batería de preguntas, registrada por el diputado de En Comú Podem Xavier Domènech, atendía al viaje del rey Felipe VI a Arabia Saudí. En esta materia, Domènech preguntaba qué miembro del Gobierno había refrendado el viaje, si era el Ejecutivo consciente de que Arabia Saudí "es una dictadura" que lidera una intervención militar en Yemen "que suma más de 7.000 muertos", y cuya legislación "avala la pena de muerte", castiga la libertad de expresión, niega derechos a las mujeres y pena la homosexualidad.

Por otra parte, Domènech preguntó si el Gobierno consideraba que "la firma de un contrato de compra de cinco corbetas por más de 2.000 millones de euros" para la marina saudí es "motivo suficiente para mantener relaciones con una dictadura tan cruel y sanguinaria", si la visita del rey y de varios ministros podía "contribuir a blanquear" la dictadura, si el Gobierno plantearía al "monarca absoluto de Arabia Saudí la necesidad imperiosa de garantizar el respeto a los derechos humanos" y, finalmente, cuestionó cuáles eran "los motivos por los que el Gobierno deja que su política exterior no la marque la ética y la responsabilidad".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores defendió, en su respuesta, que Arabia Saudí es "un Estado soberano e independiente, plenamente integrado en la comunidad internacional". Además, garantizó que "España sigue de cerca y con preocupación los casos de condenas a muerte, coordinando su actuación con la Unión Europea y el resto de Estados miembros" y defendió un "diálogo constructivo" entre ambos países.