Las expertas reclaman medidas "urgentes" para combatir los crímenes machistas

897 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación, según los datos que sistematiza desde ese año el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sólo desde el pasado enero la cifra de asesinatos asciende a 27, ocho más que en el mismo periodo de 2016. Las cifras oficiales de víctimas son el principal exponente de un problema "insoportable" del que sigue siendo muy difícil dar todas las respuestas. 

Ante esta situación, más allá de las indispensables medidas a largo plazo –entre ellas, la educación y la formación en igualdad– las expertas reclaman medidas "urgentes" a poner en marcha a medio y corto con el objetivo de atajar esta triste sangría de crímenes machistas. La piedra angular de estas reclamaciones es la demanda de una mayor dotación de recursos económicos, lo que choca con la renuncia del Gobierno a recuperar la inversión precrisis en la prevención integral de las agresiones machistas, pues los Presupuestos para 2017 prevén una inversión de 27,7 millones de euros que sigue estando lejos del pico de financiación de 2010, cuando se destinaron 31,1 millones.

Los datos oficiales muestran que alrededor del 20% de las víctimas de crímenes machistas habían denunciado al hombre que finalmente acabó asesinándola. La jurista Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, considera que estas cifras revelan que existen carencias en la protección de las mujeres que habían pedido ayuda. "Eso apunta a la necesidad de revisar los protocolos de valoración del riesgo y de apostar por una mayor dotación de recursos para garantizar esa protección", subraya. Actualmente, en España, 24.697 mujeres viven bajo control policial por riesgo de agresión, de ellas 201 están en riesgo "alto" o "extremo" de ataque, según datos del Ministerio del Interior. 

En relación a las denuncias, Soleto defiende que es urgente potenciar los servicios especializados de acompañamiento una vez que las víctimas han señalado a su agresor. En este sentido, la abogada Violeta Assiego, especializada en violencia de género, cree que es relevante dar estabilidad a los proyectos que se realizan a en los puntos de encuentro e información y a los profesionales que los ejecutan, pues su labor es clave en la atención a las víctimas.

En este sentido, ambas insisten en la importancia de reforzar el papel que realizan los servicios sociales municipales y los centros de la mujer, que también han sufrido las políticas de austeridad. Así, reclaman que las mujeres que están sufriendo violencia machista tengan a su disposición una alternativa habitacional inmediata previa valoración de los servicios sociales especializados. 

Beneficios sociales 

Por otro lado, Soleto también llama la atención sobre la necesidad de actuar con las mujeres que no han dado el paso de denunciar a sus agresores. En este caso, poniendo en marcha campañas de sensibilización para que sepan identificar la situación de violencia en la que viven y, al mismo tiempo, reforzando los citados servicios de acompañamiento para intentar apuntalar su confianza en las instituciones. "Conocemos muchos casos en los que las víctimas señalan que tienen miedo a no ser creídas", lamenta Soleto. 

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La situación de dependencia económica y el aislamiento social hace a las víctimas más indefensas ante episodios de violencia psicológica, física o sexual. De ahí que las expertas también insistan en la necesidad de potenciar los planes de empleo para las mujeres víctima de violencia machista. Los datos reflejan que las medidas puestas en marcha en este ámbito hasta el momento no han tenido demasiado recorrido. De hecho, apenas se han registrado 6.845 contratos bonificados a víctimas de violencia de género desde 2003, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

En este punto, Soleto defiende la necesidad de reforzar el sistema de "reparación del daño" a las víctimas. "Las ayudas económicas a disposición de las víctimas para poner fin a su situación antes de sufrir episodios más graves de violencia son muy escasas y son de difícil ejecución", denuncia. De hecho, actualmente sólo hay 38 mujeres beneficiarias de la ayuda social equivalente a seis meses de subsidio por desempleo que establece la ley integral contra la violencia de género para las víctimas que están en situación de vulnerabilidad. Otras 22.746 están cobrando la renta activa de inserción, que asciende a 425 euros al mes. 

Otro de los flecos pendientes en la lucha contra la violencia machista es si es posible la rehabilitación de los maltratadores y, por tanto, si hay una vía abierta para una reinserción que garantice que los comportamientos agresivos no se repetirán en futuras relaciones. En este punto, Assiego defiende que la puesta en marcha de un enfoque de "justicia restaurativa" hacia los agresores para abordar su seguimiento y tratando que esas conductas reviertan.