Pacto educativo: los partidos retoman la negociación con la financiación como principal escollo

Los grupos parlamentarios reanudan este martes en el Congreso de los Diputados las reuniones a puerta cerrada con las que pretenden alcanzar un gran acuerdo que ponga los cimientos de una nueva ley educativa que permita desterrar la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013. Los partidos se reunieron hace una semana para empezar a negociar sobre la base del guion de 15 puntos que condensa las aportaciones de los más de ochenta comparecientes que pasaron por la subcomisión (organizaciones educativas, sindicatos, académicos, expertos y ONG), entre febrero y octubre de 2017. 

Sin embargo, la negociación encalló en una cuestión procedimental, aunque no por ello irrelevante: el sistema de votación que determinará qué propuestas forman parte del dictamen que la subcomisión llevará al pleno de la Cámara. El PP y Ciudadanos plantearon un acuerdo mínimo de dos tercios, que supondría que cualquier medida tendría que contar con el voto favorable de 233 de los 350 diputados de la Cámara y, por tanto, con la aprobación, al menos, de los conservadores.

Unidos Podemos abogó por bajar el listón hasta la mayoría absoluta (al menos 176 parlamentarios) con el objetivo de dar más margen a la oposición, que con este sistema podría sacar adelante acuerdos sin contar con los conservadores. Para superar este obstáculo el PSOE ha propuesto la fórmula de los tres quintos (al menos 210 de los 350 parlamentarios) que no permite el veto de ningún partido y que parece la opción intermedia entre ambas.

Unidos Podemos admite que la de los socialistas no es su propuesta y que no la apoyará pero respetará lo que salga de la votación de este martes. Su portavoz en la comisión, Javier Sánchez, dice que su grupo no está dispuesto a perder "ni un minuto más" y que no quiere que esta cuestión sea una causa de "bloqueo". Ciudadanos, por su parte, mantendrá su respaldo a la fórmula de los tercios que ya se utilizó en la elaboración del guion de propuestas sobre el que trabajarán los diputados y dice que "no es serio" cambiar las reglas a mitad de la partida. El PP no ha adelantado su posición. 

Financiación 

Más allá de la anécdota, la dificultad de los grupos para acordar un sistema de votación es un buen termómetro de lo complicado que se antoja fraguar un gran acuerdo que dé estabilidad al sistema educativo. Los portavoces consultados coinciden en que una cuestión clave será la financiación, que ha caído un 7,41% desde 2009, hasta los 46.681,68 millones de euros en 2017 (3.957 millones de euros menos).

El objetivo es fijar un suelo de financiación inamovible, algo que será complicado teniendo en cuenta que en el plan presupuestario remitido a Bruselas [consultar, aquí] el Gobierno pone negro su blanco su intención de mantener los recortes reduciendo dos décimas el porcentaje del PIB dedicado a educación: del 4% de 2017 al 3,8% para este 2018. El PSOE todavía no ha desgranado su propuesta, aunque baraja el 5,2%, y Unidos Podemos entiende que, como mínimo, tiene que superar el 5% de la riqueza nacional.

"La intención es mejorar la calidad del sistema y para eso es imprescindible que haya un compromiso del Gobierno de incrementar la financiación. Luego habrá que ver también cómo se priorizan esos recursos, pero es incuestionable que Méndez de Vigo [ministro de Educación] y Montoro [ministro de Hacienda] tienen mucho que decir al respecto", señala Luz Martínez Seijo, secretaria de Educación del PSOE y portavoz socialista de estas áreas en el Congreso. A su juicio, no será posible abordar cuestiones como la mejora de la formación del profesorado, el avance hacia la escuela inclusiva, la mejora de la competencia en lenguas extranjeras o el establecimiento de un currículo comprensivo y más adaptado a las necesidades del alumnado si no hay una mejora en la financiación.

Coincide en esta cuestión el diputado de Unidos Podemos Javier Sánchez, que considera que si el Gobierno no adquiere un compromiso presupuestario no será posible alcanzar ni siquiera acuerdos puntuales. De hecho, el parlamentario morado lamenta que, especialmente los grupos progresistas, hayan alimentado unas "expectativas" que se pueden ir al traste ante el "inmovilismo" del Gobierno. 

Ciudadanos, por su parte, defiende la existencia de un mínimo inamovible, aunque no está de acuerdo con la metodología del PIB porque podría suponer una bajada de la inversión en caso de nueva recesión económica. "Sería más útil un acuerdo en torno a la financiación por alumno que podría ajustarse con las subidas de precios", señala su portavoz de educación, Marta Martín. 

Otras propuestas

Otra cuestión clave será la vertebración del sistema educativo en el Estado de las autonomías y la política lingüística. Las versiones son contrapuestas en este punto. Mientras el PP entiende que los currículos (el contenido de lo que se estudia en las aulas) tienen que ser parecidos en todas las comunidades, los partidos nacionalistas defienden que las comunidades tienen que tener más margen para completar el tiempo escolar. Precisamente la Lomce elevó el porcentaje que decide el Gobierno central sobre lo que se enseña en las aulas.

Además, tanto los conservadores como Ciudadanos consideran que se tiene que garantizar la enseñanza en castellano en todo el país, lo que colisiona con el modelo de inmersión lingüística en catalán. Por el momento, ningún partido se ha descolgado de las reuniones del pacto, aunque ERC sólo está acudiendo como "observador crítico" y no se plantea suscribir ningún acuerdo en la coyuntura actual. Por su parte, el PNV exige "respeto competencial" y poder seguir utilizando sus competencias "con eficacia y eficiencia" si el resto de grupos quieren contar con su firma en el acuerdo final, sostiene un portavoz. 

Otras cuestiones que, tradicionalmente, han generado conflicto y en las que las posibilidades de acuerdo son pequeñas son el papel de la religión en las aulas o el régimen de financiación de la escuela concertada. Respecto a la materia confesional, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos comparten la idea de sacarla del currículum y del horario escolar y que sea sustituida por otra de carácter histórico, algo con lo que no coincide el PP.

"Si el Gobierno no hace una propuesta seria de financiación el pacto educativo no tiene credibilidad ni sentido"

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Respecto a la concertada, los partidos de izquierda sí defienden que, como mínimo, debe garantizarse el cumplimiento de lo que la ley establece respecto a la eliminación de las cuotas y de otros criterios discrecionales que permitan segregar al alumnado, con el objetivo de que no sea la escuela de la clase media-alta, sino una opción más dentro del sistema. Además, tanto el PSOE como Unidos Podemos apuestan por consolidar la red pública como preeminente. 

Al intenso debate que, seguro, se vivirá en el Congreso de los Diputados no acompañarán los plazos, que son muy ajustados. El objetivo acordado en la subcomisión es que su dictamen de recomendaciones esté listo para ir al Pleno de la Cámara el próximo mayo. Pero este no será ni mucho menos el fin del camino en la intención de la oposición de derogar la Lomce de 2013.

Las fuentes consultadas creen que el Gobierno no empezará a trabajar en un borrador hasta otoño de 2018. Esta propuesta tendrá que ser después enmendada por los grupos y seguir todo el trámite parlamentario habitual. Todo ello, además, con unas municipales y autonómicas de por medio, a mediados de 2019. La sensación generalizada, por tanto, es que, de haber pacto, no se traducirá en ley en esta legislatura. Y de que queda Lomce para rato.