España es el tercer país más opaco de la UE sobre la propiedad de los medios después de Chipre y Hungría
El Media Pluralism Monitor Report (MPM) de 2023 deja en mal lugar la transparencia de la propiedad de los medios en España en comparación con otros países del continente. El informe, financiado por la Unión Europea y obra del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada con el objetivo de identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros y en países candidatos a ingresar en la Unión Europea.
En el apartado sobre transparencia en la propiedad de los medios, si 0 expresa la situación ideal, la transparencia total, y 100 la opacidad máxima, el MPM sitúa España en un 79, sólo por debajo de Chipre (81) y Hungría (83), dos de los países de la UE donde más difícil es ejercer el periodismo en estos momentos.
España se queda muy lejos de los países mejor situados en este indicador, sobre el que la Unión Europa acaba de legislar. Los mejores son Eslovaquia (8), Portugal (19), Alemania y Lituania (25), Letonia y Bulgaria (29).
En el área de Protección Fundamental, una de las que componen el informe, España obtuvo una puntuación total del 42%, considerado Riesgo Medio, pero ligeramente superior a la última edición del MPM (40%). Pero también es, comparativamente, una cifra elevada, en comparación con otros países: dentro de la UE sólo nos superan Eslovenia (44), Bulgaria (46), Polonia (50), Grecia (52) y Hungría (54).
Las deficiencias no se corrigen
Esto se debe a que la mayoría de las principales deficiencias detectadas en años anteriores continúan existiendo, sin signos claros o intención de mejora por parte de las autoridades públicas. Las restricciones al derecho a la información y a la libertad de expresión persisten a pesar de los llamamientos nacionales e internacionales para modificar el Código Penal y la Ley Mordaza.
Aunque el gobierno actual prometió actuar en este asunto, la legislación cuestionada permaneció inalterada en las fechas en las que se redactó el informe y continúa en vigor en estos momentos. De manera similar, otros problemas relevantes, como las malas condiciones económicas en general de la profesión periodística y la falta de protección frente a presiones políticas, persisten, según el MPM.
Los indicadores del área de Protección Fundamental representan la columna vertebral regulatoria del sector de los medios en cualquier democracia contemporánea. Miden varias áreas potenciales de riesgo, incluida la existencia y efectividad de la implementación de salvaguardas regulatorias para la libertad de expresión y el derecho a la información; la situación de los periodistas en cada país, incluida su protección y su capacidad para trabajar; la independencia y la eficacia de los organismos reguladores nacionales que tienen competencia para regular el sector de los medios; y el alcance de los medios tradicionales y el acceso a Internet.
De acuerdo con los resultados obtenidos el año pasado, entre las diferentes categorías, el derecho a la información sigue siendo el que enfrenta los mayores riesgos en España (71%). La profesión periodística, sus estándares y protección (48%) y la libertad de expresión (42%) enfrentan riesgos medios, mientras que la independencia y eficacia de la autoridad de los medios (28%) y el alcance universal de los medios tradicionales y el acceso a Internet (21%) enfrentan riesgos bajos.
Mejora la protección de la libertad de expresión
En cambio, la protección de la libertad de expresión ha mejorado ligeramente (riesgo medio: 46% a 42%) en 2022 como consecuencia de la decisión 1.231/2022 del Tribunal Supremo de octubre de 2022, que impide que la administración pública cierre o bloquee sitios web en línea antes de una decisión judicial.
La decisión dejó claro que la administración solo puede ordenar el cierre de secciones de los sitios web que compartan contenidos y/o que ofrezcan productos y servicios considerados ilegales según la ley española, pero no el cierre del sitio web completo. “Este es un paso muy importante para evitar que la administración pública cierre arbitrariamente y niegue el acceso al contenido en línea”, sostiene el informe.
Entre las principales amenazas a la libertad de expresión, el MPM menciona que sigan en vigor los artículos del Código Penal en materia de difamación, así como los que criminalizan las calumnias e insultos al monarca o a miembros de la familia real, a pesar de que en 2021 la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mitjatovic, envió una carta al entonces ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, expresando su preocupación por su pervivencia.
En el capítulo sobre Pluralidad del Mercado, España obtiene un riesgo del 69%, Riesgo Alto, ligeramente superior al del año pasado (67%). La culpa la tiene la ya citada “situación difícil en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y la transparencia financiera, así como en la concentración de los medios de comunicación”. La evolución reciente del marco regulatorio aún no resuelve la opacidad y falta de datos confiables sobre la concentración empresarial en los mercados digitales.
En cuanto a la viabilidad de los medios, señala el informe, a pesar de algunos indicios de un aumento de las suscripciones, los medios siguen luchando entre modelos de negocio en colapso y la falta de claridad sobre cómo garantizar ingresos provenientes de modelos digitales.
En cuanto al área de Independencia Política, España obtiene un riesgo del 50%, Riesgo Medio, la misma categoría que en la implementación anterior del MPM. La falta de autonomía editorial y salvaguardias para la independencia política de los medios, tanto públicos como privados, continúa poniendo en peligro el pluralismo de los medios en España, según el documento. “Vale la pena mencionar aquí la situación de los radiodifusores de servicio público, que todavía son impotentes para detener la interferencia partidista en su cobertura y el nombramiento de cargos directivos y editoriales”.
En el área de Inclusión Social, otro de los aspectos en los que se fija el Media Pluralism Monitor, nuestro país obtiene un riesgo del 54%, menor que en ediciones anteriores, pero principalmente debido a cambios metodológicos. La peor situación en este indicador se refiere a la igualdad de género en los medios, con un menor número de mujeres en puestos de alto nivel, así como una brecha salarial relevante entre mujeres y hombres. Al igual que en años anteriores, la representación de las minorías en los medios y la falta de regulación y ayuda estatal para los comunitarios siguen siendo deficiencias relevantes en esta área.
Los resultados para el entorno digital son similares a los de otras dimensiones del análisis. Existe una situación de riesgo medio en todas las áreas, excepto en Pluralidad del Mercado, que obtiene un riesgo alto.
Sin datos fiables del mundo digital
En este ámbito, la principal preocupación es la falta de datos confiables en todo lo relacionado con los medios digitales. Por ejemplo, “no hay datos disponibles sobre el grado de concentración empresarial en los medios digitales. La medición de audiencia también está atravesando un período de transición hacia métricas confiables y aceptadas por toda la industria”.
En relación con la Independencia Política (que obtiene un 60% en el entorno digital), el MPM destaca que la legislación actual “no establece límites a la publicidad política en línea ni obliga a los partidos políticos a revelar los gastos publicitarios”. Además, no limita la recopilación de datos personales por parte de los partidos políticos, lo que permite prácticas como el microtargeting, que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) quiere prohibir.
El informe reconoce que en España existen muchas iniciativas nacionales diferentes para combatir la desinformación y el discurso de odio en línea, tanto en el ámbito gubernamental como en el de la sociedad civil o académico. Sin embargo, señala, todo el mundo admite “que estas amenazas son relevantes y persistentes, a pesar de la falta de acuerdo sobre su verdadera difusión e impacto”.
El MPM pone así el foco sobre uno de los asuntos que ha impulsado la aprobación en Europa de la European Media Fredom Act. Una ley que, como señala Elena Herrero-Braumont, abogada y periodista especializada en ética y buen gobierno, “busca proteger la libertad de información a través de la implementación obligatoria por parte de las compañías de medios de ciertos estándares” entre los que está la transparencia en la propiedad.
España, en riesgo
A partir del MPM y de otros siete indicadores comunes a otras tantas iniciativas de autorregulación privadas, las más relevantes en el sector de los medios, Herrero-Beaumont analizó y comparó el “riesgo agregado a la libertad de prensa” en seis grandes países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Italia y España. Sus conclusiones son también esclarecedoras: el país con el riesgo agregado más bajo es Alemania y el país con el riesgo agregado más alto es España.
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“Los principales medios de comunicación carecen de un grado de transparencia óptimo”, subraya esta investigadora. “La transparencia existente se limita casi exclusivamente a la que, por motivos legales, se ven obligados los grupos cotizados y el sector audiovisual. Los medios escritos, tanto la prensa papel como online, registran un alto grado de opacidad, siendo prácticamente inexistente la disponibilidad de información sobre sus estructuras de propiedad”.
Esta falta de transparencia, añade Herrero-Braumont, “contribuye al descrédito que atraviesa la profesión y el sector en España”. “Existen claras presiones sobre la independencia editorial provenientes del entorno político, pero sobre todo económico y financiero”, lo que señala la necesidad, apunta, de “crear mecanismos efectivos para garantizar la independencia editorial, sobre todo en lo relativo al proceso de nombramiento de los directores de las principales redacciones del país”.
No son los únicos problemas que detecta en el caso español. Destaca también, entre otras cosas, que “los códigos deontológicos suelen carecer de órganos o mecanismos que supervisan su cumplimiento efectivo” y que “no existen políticas claras y transparentes con respecto a los contenidos patrocinados”, también conocidos como branded content.
