La 'policía política' de Rajoy espió a 55 diputados de Podemos: Pablo Iglesias fue rastreado más de cien veces

Agentes de la Policía Nacional espiaron durante meses a decenas de diputados de Podemos durante la última etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Eso es lo que se desprende de la documentación, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso infoLibre, sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 que la Unidad de Asuntos Internos ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el pasado mes de febrero admitió una querella de la formación morada contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino por las supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que formaban parte de Podemos.

El interés de aquel Ministerio del Interior, que entonces liderada Jorge Fernández Díaz, por desacreditar ese espacio político, que irrumpió en 2015 en el Congreso de los Diputados con 69 escaños, fue algo que pusieron de manifiesto los WhatsApp de Martínez que fueron aportados en su día a la investigación del caso Kitchen. "¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?", preguntaba en enero de 2016 el ex secretario de Estado de Interior a Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. "Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar", respondía el policía en una conversación en la que deslizaba que, más allá de un nombre, creía que no hay nada más sobre el resto. "Cagüenlaputa. Alguno tiene que ser chungo", replicaba entonces Martínez.

Ocho años después de aquel intercambio de mensajes, la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el supuesto espionaje político a Podemos revela cientos de consultas en bases de datos policiales sobre al menos 55 diputados entre 2015 y 2016. Eso es lo que se desprende, al menos, de la documentación que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido al Juzgado Central de Instrucción nº5 tras una auditoría hecha por la Unidad de Informática y Comunicaciones sobre las solicitudes de acceso de funcionarios policiales a datos de parlamentarios en cualquiera de los ficheros informatizados de los que dispone el Cuerpo Nacional de Policía. Herramientas que permiten, entre otras cosas, conocer desde antecedentes a diligencias policiales.

Las plantillas remitidas evidencian, en algunos casos, búsquedas exhaustivas con nombre y apellidos de algunos parlamentarios desde decenas de unidades policiales y comisarías. En otros, sin embargo, los ficheros incluyen también consultas de personas con nombres similares a los de algunos diputados pero con fechas de nacimiento diferentes. Ahora, toda esa información en bruto deberá ser cribada a fin de aclarar qué búsquedas en las bases de datos policiales estaban justificadas y cuáles no, así como la posible vinculación de estas últimas con la guerra sucia contra Podemos. Hay que recordar, en este sentido, que este tipo de consultas están prohibidas cuando las mismas se hacen al margen de la legalidad.

Entre los afectados se encuentra, por ejemplo, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. En el fichero sobre él remitido a Pedraz, constan más de un centenar de búsquedas sobre él en esos dos años en las bases "Personas", "Objetos", "Sidenpol" o "Argos". La primera, el 7 de enero de 2015. La última, el 29 de diciembre de 2016. Entre las palabras clave utilizadas, figuran expresiones como "joyas", "hospederías" o relativas a viajes de avión o barco, así como sobre identificaciones que se le hubiesen podido hacer en la calle. Una parte importante de las consultas se hicieron desde la Brigada de Información, pero también desde la Comisaría General de Policía Judicial o diferentes comisarías locales.

Numerosas son también las búsquedas que se hicieron sobre otro cofundador de Podemos, el hoy portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. En el fichero enviado a la Audiencia Nacional que lleva su nombre, constan más de una treintena de consultas en bases de datos policiales. "Detalle hospedería", se resalta en alguna de esas operaciones realizadas. La Unidad de Asuntos Internos también remite al instructor un archivo relativo a Carolina Bescansa, otra de las personas que estuvo en el origen de Podemos. En su caso, figuran once búsquedas entre enero de 2015 y septiembre de 2016.

Durante aquellos dos años, en los que se disparó de forma indiscriminada con informes policiales fabricados sobre una falsa financiación irregular de Podemos que abrió periódicos e informativos –el famoso informe Pisa–, también se hicieron búsquedas en relación a la exministra de Igualdad y recién elegida eurodiputada, Irene Montero: más de una veintena en las aplicaciones "Objetos", "Personas" o "Sidenpol". O sobre la actual líder de Podemos, Ione Belarra. Consultas que también se extendieron a varios ministros actuales de Sumar que por aquel entonces se encontraban integrados en la formación morada. Es el caso de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. O del responsable de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy.

Entre los ficheros enviados por Asuntos Internos a la Audiencia Nacional, en los que se hace constar desde la fecha y hora de la búsqueda hasta la IP desde la que se realizó o el usuario que la hizo, también aparecen otros relativos a la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell, al que fuera candidato de Compromís a la Generalitat Valenciana Joan Baldoví o al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

"Deberían ir a prisión"

"Esta es la guerra sucia política y judicial que el PSOE acaba de legitimar pactando con el PP el Consejo General del Poder Judicial", ha señalado Belarra en un mensaje en la red social X. "Esto no era contra Podemos, era contra la democracia y el avance social que representaba nuestro espacio", ha completado en un segundo mensaje. En la misma línea, se ha pronunciado el exlíder de la formación morada. "Los mandos policiales y sus jefes políticos responsables de esto deberían ir a prisión. Pero, después de que el PSOE haya legitimado a la derecha judicial repartiéndose el CGPJ con el PP, ¿alguien cree que no habrá impunidad? Espero equivocarme", ha escrito Iglesias en la antigua Twitter.

"Todo el aparato del Estado puesto al servicio de un partido corrupto y mafioso intentando parar la soberanía popular. No lo consiguieron ni lo conseguirán. Que los responsables lo paguen", han señalado, por su parte, desde Sumar. Baldoví, por su parte, ya ha dejado clara su intención de acudir a la justicia tras conocer que es uno de los afectados por el supuesto espionaje masivo. "Hoy más que nunca creo en la política, en la buena política, en la que tiene que mantener al PP lejos del Gobierno estatal. La que tiene que acabar con el Gobierno de la vergüenza del PP aquí (en alusión a la Comunidad Valenciana). Y a los que me espiaron un mensaje: nos vemos en los tribunales", ha señalado el actual portavoz de Compromís en las Corts Valencianes.