Cultivos de electricidad y conflictos sociales

La causa ecologista se coló en la última gala de los Goya. Tanto As bestas como Alcarràs tienen algo en común: la convivencia entre la producción de energías renovables y los modos de vida tradicionales. En As bestas el desencadenante es un parque eólico, y en Alcarràs son paneles solares. El cine español, en su constante búsqueda de historias que nos conectan, sirve de termómetro social y, a menudo, los cineastas han sabido anticipar problemas potenciales que vivirá la sociedad. Uno de ellos será la lucha entre el modelo de agricultura tradicional y la producción de energía, que van a competir por los mismos espacios afectando a los modos de vida rurales.

Y es que, aunque España es uno de los países con mayor cantidad de horas de sol de Europa, no estamos aprovechando este recurso. No hay más que viajar por centro Europa para ver la cantidad de placas solares que existen en todas las casas, aunque tienen muchas menos horas de sol.  Pero ahora existe una oportunidad de convertir España en el gran productor de energía verde que pueda ser vendida al resto de Europa. Y si, por el camino, conseguimos no vaciar más la España rural, eso que habremos adelantado.

Vayamos por el principio, en este caso hablaré de la historia de las granjas solares recogida en Alcarràs, en la que se produce la sustitución de cultivos tradicionales (una plantación de melocotones) por una instalación de paneles solares, afectando además al modo de vida y a las relaciones entre los personajes. Quizá se trata de un caso extremo, porque poca gente sustituirá un cultivo de alta rentabilidad como son los frutales maduros, por paneles solares. Pero sí que se producirán situaciones en las que se sustituyan otros cultivos de producción anual por granjas solares.

Expliquemos por qué existe este problema de competencia por el espacio y por qué no se puede adoptar la solución fácil de “ponerlos en medio del monte para no quitar espacio agrícola”. Producir energía eléctrica a partir de paneles solares es relativamente sencillo. Se encuentra un terreno despejado que no tenga demasiada pendiente, preferiblemente orientación sur —por donde ilumina el sol—, se solicitan los permisos y se instalan los paneles, y está listo para producir. El problema viene en cómo llevamos esa electricidad a los consumidores.

Una hectárea de paneles solares, paradójicamente llamada granja solar, produce hasta 400 MWh de media anual o, lo que es lo mismo, significa el consumo anual de unas 200 viviendas; y esa electricidad debe ser transportada a los consumidores a través de una línea de evacuación de 220 kV, que son las torres eléctricas que solemos ver por el campo.

Si bien un parque fotovoltaico tiene un impacto relativamente pequeño, una línea de evacuación sí que produce un impacto mayor, tanto ambiental como social. Las compañías necesitan instalar torres eléctricas y sobrevolar con tendidos muchas fincas en las que no se instalarán las placas. Estas líneas de evacuación deben ser lo más cortas posibles, ya que no están diseñadas para el transporte a grandes distancias, y deben conectarse a la red de eléctrica nacional que transporta la electricidad desde las centrales eléctricas a las ciudades. Y es el trazado de estas líneas de transporte a larga distancia el causante del problema. Estos trazados aprovechan los fondos de valles fluviales para recorrer la orografía de un país montañoso como el nuestro. Es en estos fondos de valle donde se encuentran las explotaciones agrícolas de mayor productividad. Suelen ser zonas con tierras de mejor calidad: terrenos planos y con fácil acceso al agua, donde se ubican los cultivos más rentables.

Es aquí donde se producen los conflictos por el uso de la tierra. A un lado se sitúan los agricultores que explotan estas tierras. Al otro, los propietarios que las tienen arrendadas y que, en ocasiones, no viven en la zona. Los promotores fotovoltaicos ofrecen a estos propietarios la oportunidad de obtener un retorno económico de sus tierras mucho mayor, con el que los agricultores no pueden competir. Y el conflicto está servido.

No hay que olvidar que, con la demanda de electricidad disparada y los aumentos de rentabilidad de los proyectos de producción de energía, si no abordamos estos retos de una forma valiente se incrementarán los problemas de despoblación

Se han producido aproximaciones políticas de corte exclusivamente tradicional. Desde medidas como la de Castilla y León que prohíbe la instalación de huertas solares en terrenos de regadío, a la protección de zonas específicas, como la Ley de Agricultura Familiar en Castilla la Mancha. Son iniciativas voluntariosas que tratan de ponerle puertas al campo y no solucionan el problema. Con una demanda de energía disparada y unos costes de instalación relativamente bajos, las granjas solares son inversiones muy rentables. Si no se realizan en estas zonas, se realizarán en otras, desplazando la inversión a otras comunidades autónomas o países como Italia o Portugal, que también tienen planes similares de instalación de potencia solar, ahondando la brecha en esas zonas.

Pero no todo debe ser visto como un problema. Existen soluciones tecnológicas que pueden promover la convivencia entre las dos actividades, a la vez que se producen empleos de mayor calidad. Como la agrivoltaica —palabra impronunciable—, que consiste en situar los paneles solares encima de unos andamios a unos dos metros de altura, permitiendo cultivar con tractores debajo y obteniendo sombra de forma natural, que a su vez evita la pérdida de agua del suelo, reduciendo la necesidad de riego. Es necesario adaptar las prácticas agrícolas y formar a los trabajadores, pero, según múltiples estudios, este modelo aumenta la producción y se reduce el consumo de recursos.

Siguiendo con la familia de nombres raros, nos encontramos con la producción solar flotante, que consiste en situar los paneles solares flotando sobre una masa de agua, como un embalse o una balsa de riego. No utiliza espacio agrícola, está cerca de las líneas de transporte y, además, reduce la evaporación del agua, algo especialmente importante en un país con un régimen hidrológico tan marcado. Una tercera solución es la producción de hidrógeno verde, donde la producción eléctrica de la planta no se vierte a la red, sino que se conecta a un electrolizador que separa moléculas de agua para producir hidrógeno. Este hidrógeno puede ser almacenado en tanques a presión y evacuado en camiones cisterna, sin necesidad de conectar la instalación a la red.

Todas estas soluciones requieren de investigación, ajustes en la normativa y voluntad política. Pero, a su vez, crean puestos de trabajo especializados que se realizan in situ, por lo que pueden ayudar a desarrollar una transición justa, mejorando las condiciones de los trabajadores locales y ayudando a fijar población. No hay que olvidar que, con la demanda de electricidad disparada y los aumentos de rentabilidad de los proyectos de producción de energía, si no abordamos estos retos de una forma valiente se incrementarán los problemas de despoblación y falta de oportunidades de estas zonas.

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Isaac Pozo Ortego es gestor de Proyectos de la Fundación Alternativas.