El trumpismo contra el 'wokismo' liberal universitario Ruth Ferrero-Turrión

Se cumplen doce años de existencia de infoLibre y toca abordar el desnudo integral que venimos practicando desde el 7 de marzo de 2013. Por aquellas fechas eran muy pocos los que consideraban que un periódico debía hacer públicos sus datos sobre ingresos, gastos, salarios o accionariado. Siempre hemos defendido que la máxima transparencia es la forma de demostrar que es cierto el compromiso de independencia editorial del que todas las cabeceras presumen, sea cual sea su línea ideológica. Vamos al primer titular: el ejercicio de 2024 es el mejor de toda la historia de este periódico, con un resultado positivo de 155.083 euros que confirma la fortaleza de un proyecto periodístico y cívico sostenible sobre todo gracias a socias y socios, cuyo número asciende ya a 15.699, con una base de registrados que se eleva a 164.754.
Segundo titular: infoLibre puede presumir, con hechos, de un nivel de transparencia que va aún más lejos de lo que quiere establecer la legislación en marcha, que ha puesto de los nervios a empresas y periodistas que se escudan en un supuesto ataque a la libertad de prensa para resistirse a que los lectores conozcan qué intereses económicos o políticos están detrás de cada cabecera.
Ha tenido que pasar más de una década para que llegue al Congreso un anteproyecto de ley, presentado por el Gobierno de coalición progresista, que viene a aplicar en España el Reglamento de Medios (ver aquí) y la Ley de Servicios Digitales (ver aquí), normativas aprobadas por el Parlamento Europeo hace un año con el fin de exigir legalmente a los medios una mayor transparencia, especialmente respecto a sus accionistas y sus ingresos de origen institucional. Aquí lo contaremos con el máximo detalle. ¿En qué peligra nuestra libertad de expresión? Lo que está poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a una información veraz (art. 20 de la Constitución) es el auge de la desinformación y la opacidad e impunidad con las que actúan las grandes plataformas globales de contenidos digitales y unos cuantos mercenarios disfrazados de periodistas y dedicados precisamente a acosar a quienes practican honestamente el oficio.
Tercer titular: este aniversario y los mejores datos de nuestra historia coinciden con un cambio en la dirección de infoLibre. Daniel Basteiro, nombrado hace cinco años, deja el puesto para volver a ejercer el periodismo político desde la agencia internacional de noticias Bloomberg. Echa de menos lo que denomina la “alocada artesanía de la información”. También lo echaremos de menos y siempre formará parte del equipo y la familia de infoLibre. En unos días anunciaremos quién ocupará su lugar al frente de la Redacción de este periódico, pero ya podemos anticipar que es alguien con experiencia, pasión por el buen periodismo y conocimientos máximos de la compleja realidad digital.
Al lío: vamos con los datos.
Durante años, infoLibre fue uno de los pocos diarios digitales que apostaron por cerrar la mayor parte de sus contenidos para suscriptores, confiando en que la forma más clara de garantizar la independencia y el valor de un periodismo veraz era convencer a lectoras y lectores para que participaran en el sostenimiento del mismo. Hoy, prácticamente todos los periódicos, de cualquier signo ideológico, han seguido este camino. Es una buena noticia, porque la participación de la ciudadanía establece ya un criterio para distinguir lo que es un medio de información y lo que son (a miles) negocios de comunicación digital que se hacen pasar por “periodismo”.
Pese a esta evolución positiva, la competencia desatada para lograr suscriptores (entre cabeceras que hace no tanto sostenían que era “absurdo” poner “puertas al campo” en internet y que los contenidos debían ser “abiertos” y “gratuitos”) ha llevado de nuevo a poner en riesgo (a mi juicio) el valor del periodismo. Las grandes (y no tanto) cabeceras compiten en ofertas que permiten suscribirse a un periódico por un precio mensual bastante más bajo de lo que cuesta un café. Si alguien lo analizara con cierta perspectiva, esa práctica es puro dumping, porque resulta imposible sostener un diario, por modesto que sea, con esas tarifas. Decir que muchos terminarán pagando bastante más es un futurible no contrastado (que yo sepa) con auditorías fiables y transparentes.
Pero la batalla de los más grandes para comerse a los peces chicos (que de tener éxito lleva a un escenario mediático dominado por oligopolios) no se limita a tirar los precios. También intentan confundir a la hora de medir e informar sobre el número de suscriptores. No quieren distinguir lo que son socias y socios individuales, con nombres y apellidos, de las suscripciones colectivas, empresariales, gratuitas o de otros variados tipos. Lo cual incluye, obviamente, acuerdos con grandes empresas o bancos o multinacionales o grupos sanitarios o vaya usted a saber. Obviamente respetamos que esa práctica se ejerza, pero sería deseable que hubiera transparencia sobre el tipo de suscripción y la tarifa correspondiente.
En el caso de infoLibre, todas y cada una de las 15.699 suscripciones al finalizar febrero son personalizadas e individuales. Son 709 suscriptores más que en el mismo mes de 2024, lo que supone un incremento del 5%. Es la mejor cifra en un mes de febrero de toda la historia de infoLibre.
La transparencia sobre las fuentes de ingresos de un medio siempre nos ha parecido fundamental para atender el derecho de cualquier lector a saber qué grado de dependencia tiene una cabecera respecto a intereses privados o públicos. Asistimos a una novedad importante: el Gobierno presentó en septiembre el denominado Plan de Acción por la Democracia, que incluye una reforma de la Ley de Publicidad Institucional (ver aquí). ¿Por qué a algunos medios y periodistas les preocupa tanto que se introduzcan criterios de proporcionalidad y no discriminación en la inversión publicitaria de cualquier administración pública? La respuesta es sencilla: porque hay medios impresos, digitales y audiovisuales cuya dependencia de instituciones dirigidas por una opción política concreta (mayormente de derechas) es más que llamativa, y explica líneas editoriales que rozan o traspasan el carácter de propaganda (ver aquí algún dato ilustrativo).
Conviene insistir además en que la obligación de cualquier gobierno, sea central, autonómico o municipal, –y así lo establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios– es la de manejar los recursos públicos con absoluta transparencia y garantizar la pluralidad del llamado “ecosistema informativo”. Una administración, de cualquier signo político, debe utilizar criterios objetivos que superen la ‘guerra del clic’ si se quiere efectivamente cumplir el mandato constitucional de proteger el “derecho a una información veraz” y no inyectar dinero de todos para financiar órganos de pura desinformación.
Quienes más gritan contra la tramitación parlamentaria de esas reformas que avanzan en transparencia y garantías de pluralidad intentan trasladar que todos somos iguales, que si unos medios dependen de organismos dirigidos por la derecha, otros lo hacen de instituciones gobernadas por la izquierda. Con un poco de atención, es bastante sencillo comprobar cómo actúa cada cual. infoLibre no admite, desde su fundación, acuerdos comerciales opacos que comprometan la línea editorial, y facilitamos como cada año el desglose de nuestros ingresos.
Nadie obliga a un medio a detallar en qué gasta lo que ingresa, pero llevamos doce años haciendo ese ejercicio de transparencia porque consideramos que los suscriptores tienen todo el derecho a conocer qué se hace exactamente con sus aportaciones y a comprobar que la gestión de “su” cabecera es rigurosa y fiable.
Seguimos, por tanto, dedicando el grueso de nuestros recursos a la materia prima de este oficio: el trabajo de periodistas y analistas que investigan y elaboran la información y la opinión. En este último ejercicio hemos incrementado también el gasto en organización de eventos (entre ellos la primera edición de los Premios Jóvenes infoLibre y la cuarta de los Premios anuales infoLibre) cuyo retorno en términos de proyección de marca y en comunicación de los principios que compartimos con la sociedad civil consideramos clave. (ver aquí y aquí).
El resultado del ejercicio de 2024 ha sido de 155.083 euros de beneficios. Como escribíamos al principio, es el mejor dato de nuestros doce años de vida. Veníamos de un año con pérdidas (ver aquí) que nos obligaba a ser muy prudentes y austeros con el fin de garantizar la buena salud económica del proyecto. El resultado se explica por los ahorros ya citados en las diferentes partidas y por un incremento de 84.000 euros en el total de los ingresos.
Para entender la importancia de este resultado positivo, conviene recordar que infoLibre ha sumado en estos doce años una inversión total de 1.600.000 euros, sin recurrir nunca a créditos bancarios. Durante este tiempo, cabeceras que dispusieron de recursos económicos muy superiores no pudieron resistir a la eclosión de la competencia en el panorama mediático digital.
El resultado de 2024 y la confianza de una comunidad de suscriptores con una base muy sólida nos permiten asegurar la sostenibilidad del proyecto.
Entre las novedades que introduce el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno para “mejorar la gobernanza democrática”, en línea con la normativa aprobada en el Parlamento Europeo, destaca la creación de un Registro Estatal de Medios de Comunicación gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Será accesible para la ciudadanía e incluirá información sobre la propiedad de los medios y los fondos públicos que recibe.
Aún pendiente de tramitación parlamentaria, no se conoce el detalle de esa exigencia de información, pero infoLibre ha publicado siempre la composición de su accionariado y seguimos haciéndolo con un nivel de transparencia superior al que establece incluso el Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo.
Como saben nuestros suscriptores y lectores, infoLibre ha seguido el modelo empresarial de nuestro referente editorial francés, Mediapart, en el que comparten accionariado los periodistas fundadores, inversores que confían en el proyecto y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han querido ser propietarios de acciones a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre. Encabezado por personalidades de la cultura, la universidad o el periodismo, ese vehículo de participación ciudadana alcanza los 178 miembros y está presidido por Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta también de la Fundación Saramago.
En 2020 se abordó y ejecutó la última ampliación de capital en infoLibre, cubierta en su mayor parte por dos núcleos de socios inversores, uno capitaneado por el productor audiovisual y catedrático de Comunicación José Miguel Contreras (44% del capital) y otro por el editor Daniel Fernández (16%), además de nuestro aliado editorial francés Mediapart (10%). El resto del accionariado se distribuye entre el equipo fundador del periódico y la Sociedad de Amigos. Los principales accionistas, junto al equipo directivo del periódico y la presidenta de la Sociedad de Amigos, componen nuestro consejo de administración. Desde el primer día existe, y se cumple escrupulosamente, un pacto entre socios por el que todas las decisiones editoriales y periodísticas dependen de la Dirección Editorial y la de Redacción.
Cuesta (o no tanto) entender la reacción preventiva de múltiples voces de los medios que consideran la creación de ese Registro como “un ataque a la libertad de prensa”. Se nos escapa cuál es exactamente el peligro que supone ser transparentes sobre el accionariado de una empresa periodística y sobre sus ingresos públicos. De hecho, es fundamental que en esa nueva legislación en marcha se regule también el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas y de redes sociales, grandes autopistas por las que circula sin freno alguno la desinformación y los bulos que alientan la ola reaccionaria a nivel global. Los propietarios y directivos de esas tecnoempresas deben como mínimo asumir la responsabilidad sobre los contenidos que publican como lo hacemos quienes dirigimos cualquier medio de información. Es necesario acabar con la impunidad en la circulación de bulos que incluyen calumnias, difamaciones y un serial de delitos contra el honor y la intimidad.
La Unión Europea sigue avanzando hacia la regulación, y España puede y debe acompañar o incluso anticiparse en ese camino para frenar el daño democrático que ejerce ese puñado de tecnooligarcas alineados con Trump no sólo ideológicamente sino para multiplicar sus beneficios sin la menor cortapisa jurídica o administrativa. Se acompañan además de una ingeniería financiera que les permite dirigir el grueso de esos beneficios hacia paraísos fiscales.
Hay quienes escuchan “regulación” y echan mano a la pistola del catecismo liberal en defensa de “la libertad de expresión”, también cuando se avanza desde Europa en la idea de obligar a las plataformas a disponer de un registro oficial (no público, pero sí disponible) que contribuya a frenar la impunidad del anonimato en las redes. Se diría que andan más preocupados en proteger la libertad de difamar o de agujerear la democracia que en garantizar el derecho ciudadano a una información veraz.
Un medio que renuncia por principio a la guerra del clic y a los contenidos sensacionalistas incentivados por combinaciones algorítmicas compite con una mano atada en la búsqueda de audiencias. Si además pone en valor una información propia y fiable y un análisis de calidad cerrando el acceso para suscriptores, más complicada aún la difusión masiva de lo que hace.
Por eso es importante que las audiencias sean medidas con criterios comprobables y transparentes, sin el aluvión de trampas que ya conocimos en los medios impresos y que no pocos actores del negocio mediático intentan trasladar a lo digital.
Estos son nuestros datos de audiencias auditados.
Estamos acostumbrados en infoLibre a sudar cada logro, por modesto que sea, en la resistencia ante un panorama mediático dominado por el ruido y la furia. De modo que el magnífico resultado del último ejercicio nos sirve para desechar cualquier síntoma de derrotismo. Abrimos nueva etapa, con nueva dirección periodística y con el objetivo de reforzar la Redacción y también el equipo de desarrollo digital y de atención a suscriptores.
Seguiremos poniendo en valor que infoLibre es el único medio español que participa en tres de los principales consorcios internacionales de medios independientes: European Investigate Collaborations (EIC), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e Investigate Europe. Esa apuesta firme por la investigación de calidad y de interés global nos permite abordar en exclusiva para España trabajos en profundidad como el que esta misma semana venimos publicando sobre la red de ciberestafas que ha atrapado a más de 5.000 españoles (ver aquí), el macronegocio de las grandes farmacéuticas (ver aquí), la amenaza del plástico en Europa (ver aquí) o el patrimonio oculto de los oligarcas que rodean a Putin (ver aquí), entre otras investigaciones que hemos publicado en el último año.
Doce años son muchos en la vida de un proyecto digital independiente que cree en la necesidad democrática de ejercer un periodismo fiable y que comparte con la máxima transparencia aciertos y errores. Pero doce años no son nada si se pone en valor el sello de credibilidad asentado. Se trata de combatir el vértigo de la velocidad a la que vivimos e informamos con la confianza de que estos tiempos inciertos abonan precisamente la necesidad de medios honestos y comunidades activas, participativas e ilusionadas.
Este próximo martes, 11 de marzo, celebraremos un acto de aniversario en el Ateneo de Madrid al que hemos invitado a nuestras socias y socios. El aforo ya está completo para escuchar una conversación con Iñaki Gabilondo titulada Periodismo y democracia: hay futuro y otra en la que periodistas de infoLibre y de otros medios reflexionarán también sobre el reto que este oficio tiene por delante.
¡Seguimos! Y, como cada año en esta fecha, una petición: corramos la voz, porque necesitamos ser muchos y muchas más.
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