Leyes feministas, política y economía en España, 1977-2023
Presentamos la evolución del feminismo, la expresión ideológica del avance de los derechos de las mujeres, a través del camino seguido por la legislación, una específica forma de acción del estado capitalista, en relación al ciclo económico y los gobiernos nacionales en España. En otro lugar hemos desarrollado estas cuestiones.
La crisis de mediados de los setenta retraerá la demanda de fuerza de trabajo enviando al desempleo a muchas personas, sobre todo mujeres. Esto será un freno a la euforia movilizadora que vive España (obrero, estudiantil, vecinal, etc.) y donde las mujeres, en particular las obreras, continúan con sus reivindicaciones políticas, laborales e iniciarán la introducción de los aspectos femeninos en las plataformas reivindicativas así como la denuncia de las discriminaciones por razón de sexo, contribuyendo así a la movilización general que experimenta España en la transición política. El voto femenino será otro elemento, y la politización llevará a la creación del Partido Feminista de España de Lidia Falcón.
En este estado de cosas los avances femeninos serán muy ajustados. Durante los gobiernos del presidente Suárez y la UCD (1976-1982) se aprueba: la equiparación global de varones y mujeres; la paulatina desaparición de las reglamentaciones laborales franquistas sustituyéndose por los convenios colectivos; la Constitución de 1978 y el Estatuto de los Trabajadores (1980), consagran la igualdad retributiva y la prohibición de discriminación salarial por razón de sexo; despenalización de la venta y divulgación de anticonceptivos, y un hito del avance feminista la ley del divorcio (1981). A partir de 1982, tras la victoria del PSOE, con González en el gobierno (1982-1996), se crea el Instituto de la Mujer.
Desde mediados de los ochenta hasta principios de los noventa (1985-1991), la acumulación de capital mejora, la incorporación de la mujer al mercado laboral crece, pero el nivel de paro es alto. Las políticas laborales se caracterizan por la flexibilización y la temporalidad, encaminadas a bajar el salario. La predisposición gubernamental y parlamentaria del PSOE, choca con una acumulación de capital que reclama al empleo femenino pero precarizado. No obstante las directrices internacionales siguen favoreciendo el avance de derechos para las mujeres. Las reivindicaciones laborales continúan, y específicamente las de las mujeres, algunos conflictos laborales ponen sobre la mesa los asuntos femeninos (el de limpieza plantea las enfermedades y embarazos; el de atención a domicilio la conciliación de la vida familiar y laboral; el de Jaeger Ibérica la discriminación salarial). Un caso emblemático fue el de las 14 de HUNOSA que lucharon por entrar a trabajar en la mina en 1988, saliendo la sentencia del Tribunal Constitucional en 1992.
Todo ello cristalizará en algunos avances legislativos entre los que destacan: legalización limitada del aborto (1985), se regula la relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar, se deroga la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en talleres y fábricas, se amplia a 16 semanas el permiso de maternidad así como se incluyen medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo.
La crisis de 1991-1994, con fuertes subidas en la tasa de paro que hacen resentirse al movimiento obrero y al feminista, aún bajo gobierno PSOE de González, cerrará las puertas al avance legislativo de las mujeres.
El ciclo expansivo (1995-2007) presenta una fuerte demanda de fuerza de trabajo con gran protagonismo femenino, y conocerá un nuevo empuje a las leyes feministas, pero no será al principio. Los organismos internacionales siguen reclamando derechos para las mujeres (UE, ONU, OIT, OCDE, …), la nueva acumulación de capital lo exige. La V Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) será un revulsivo. El diagnóstico discriminatorio hacia la mujer se mantiene y las desigualdades, a pesar de los avances: las violencias machistas, la feminización de la pobreza, la brecha salarial y en pensiones, las desigualdades estructurales fruto de la división sexual del trabajo y su asignación de las tareas y responsabilidades de cuidado a las mujeres, la falta de reconocimiento a las aportaciones de las mujeres en historia, ciencia, cultura, arte, deporte…
Los sindicatos mayoritarios mantienen la unidad de acción. El feminismo sindical continúa su quehacer reivindicativo. A los sectores tradicionales, feminizados, se han unido nuevos segmentos especialmente precarizados y donde es frecuente la denuncia, como la ayuda a domicilio, las trabajadoras del hogar, las camareras de piso, las temporeras agrícolas, o las porteadoras.
Tanto los gobiernos de PSOE (1994-1996) como los del Partido Popular (1996-2004) estarán muy preocupados por las restricciones presupuestarias, los ajustes laborales y la entrada en la Unión Europea que imponía más sacrificios. No obstante el PP aprobará dos leyes relativas a la violencia doméstica: Ley Orgánica 11/2003, de Medidas Concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, o la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.
Pero será el nuevo gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2004-2011) quien personificará nuevos avances en la igualdad: la primera ley de la legislatura será la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 13/2005, que permite el matrimonio de personas del mismo sexo; la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), donde se recogen medidas de acción positiva para garantizar la igualdad efectiva en el acceso al empleo, formación, promoción y en general en las condiciones de trabajo. También se incluye la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, la negociación de planes de igualdad y el permiso de paternidad, entre otras. Además, en 2008 creará el primer Ministerio de Igualdad de la historia de España.
Pero, ironías del destino, el mismo Rodríguez Zapatero tendrá que eliminar este ministerio por los recortes presupuestarios que la UE impone ante la Gran Recesión (2008-2014). La caída de la ocupación y la subida del paro serán de récord histórico. Los organismos internacionales siguen promoviendo la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero hay prioridades más importantes, algunos cuestionan la viabilidad del sistema. La ONU ya no hará más conferencias mundiales de mujeres. En plena crisis los electores españoles otorgan el gobierno al PP de Rajoy (2011-2018). A la vez las plazas de las ciudades empiezan a llenarse de gentes que protestan, surge el 15M, donde el movimiento feminista también tuvo su protagonismo.
Aparecen las mareas y finalmente Podemos (2014), que situará el feminismo en un lugar destacado de sus planteamientos. En 2014, al calor de la polémica sobre la modificación de la ley del aborto del gobierno del PP, surge una iniciativa feminista (El Tren de la Libertad) que expresará el rechazo de buena parte de la sociedad. A pesar de que la contrarreforma era un compromiso electoral no salió y el ministro dimitió meses después. En ese mismo año España ratifica el Convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa contra la violencia machista. A nivel de leyes feministas significativas, este período contractivo solo conoció la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
A partir de 2015 la economía española inicia su lenta recuperación, de nuevo la incorporación femenina al mercado laboral será decisiva, pero el feminismo que viene tiene rasgos distintos al de épocas pasadas. Los organismos internacionales siguen insistiendo en la promoción de los derechos de las mujeres, de la igualdad y de combatir las brechas. Además se abre paso la preocupación por los techos de cristal y la presencia de mujeres en centros de decisión. En 2016 se formaliza la Asociación Las Kellys, que representa a las camareras de piso que trabajan para hoteles, denunciando la precariedad de sus trabajos.
Se suceden diversas campañas feministas en redes sociales: el #Yo También de 2017 que replica el Me Too americano, el #Cuéntalo de 2018 y más recientemente el #Se Acabó en 2023, que han servido para popularizar el feminismo. En 2017 se firmará el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por todos los partidos menos Podemos, que lo considera insuficiente. La primera huelga feminista, el 8 de marzo de 2018, fue un punto de inflexión en el ascenso femenino en la protesta social, con manifestaciones en más de 120 ciudades españolas. El caso de La Manada fue otro momento significativo, generando una ola de indignacion contra las sentencias. Todo esto junto con la atención mediática generará mucha concienciación. En 2018 una moción de censura dará el gobierno a Pedro Sánchez (PSOE).
Un balance de la presidencia de gobierno, de la legislatura (2019-2023) informa 500 medidas estatales con carácter feminista, el 25 por ciento del total
El movimiento obrero femenino no está quieto. El ascenso absoluto de la participación femenina en la protesta laboral es un signo de los últimos tiempos, y lo que hay detrás es el ascenso femenino al mercado laboral. Así, a pesar de no ser la mayoría de la fuerza laboral, las mujeres se han movilizado bajo la forma de huelga en mayor medida que los hombres: el 58% en 2023, el 51% en 2022, el 53% en 2021, el 50% en 2020, y el 65% en 2019, según datos del Ministerio de Trabajo.
Tras varias repeticiones electorales, en 2020, la alianza de PSOE y Unidas Podemos (UP) dará el gobierno a Sánchez (2018-202?). A primeros de enero de 2020 UP entra en el gobierno en coalición con el PSOE, haciéndose con la cartera de Igualdad Irene Montero. En marzo, inmediatamente después de la manifestación del 8M, se declara la pandemia de la covid. Hasta mediados de 2023 una convivencia difícil que se pondrá de manifiesto en la aprobación de diversas medidas legislativas feministas, y en el que los medios de comunicación, el poder judicial, y otros (corona, militares, policiales, empresariales, …) jugarán un papel fundamental en la oposición al Gobierno. En 2021 la ley trans sale del Consejo de Ministros, recrudeciéndose el debate dentro del feminismo y del gobierno en torno a ella.
En 2022 se celebra el primer 8 de marzo con división de manifestaciones, materializando la fractura del movimiento feminista, que irá acentuándose (la ley del solo sí es sí, piden la dimisión de la ministra, la libre autodeterminación de género y las demandas de las identidades sexuales minoritarias). En 2023, a meses de las elecciones, el PSOE junto al PP promueven la reforma de la Ley del solo sí es sí cerrándose la polémica mediática en torno a ella. Elecciones en julio que permiten al PSOE, a pesar de sacar menos diputados que el PP, formar gobierno en virtud de la aritmética parlamentaria.
Todo lo anterior, que es una expresión de la lucha de clases, cristalizará en un movimiento legislativo feminista muy potente: en 2015 entra en vigor la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que avala a los menores como víctimas de la violencia machista; un impulso de la LOIEMH con el Real Decreto-ley 6/2019 (más planes de igualdad, registro retributivo para las empresas, conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores): el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia (2021) que incluye la violencia digital; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; el Real Decreto-Ley 16/2022 de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar; la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual; la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de reforma del aborto; la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI; el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, entre otras cuestiones, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Un balance de la presidencia de gobierno, de la legislatura (2019-2023) informa 500 medidas estatales con carácter feminista, el 25 por ciento del total.
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Pedro Andrés González Ruiz es licenciado en Ciencias Económicas.
