Trabajadores inmigrantes y trabajadores autóctonos

Cuando Ayuso respondió a Vox diciendo eso de que hacen falta inmigrantes porque “alguien tendrá que limpiar en sus casas”, se generó una gran polémica, ya que se trataba a los inmigrantes como si fueran objetos funcionales a las necesidades de los autóctonos; instrumentos animados, en la definición que hacía Aristóteles de los esclavos. Pero en su frase hay algo de verdad y también algo rechazable. La verdad es que, de facto, la mayoría de los inmigrantes realizan los trabajos más duros y peor pagados. Pero es rechazable dar a entender que los trabajadores inmigrantes estén destinados, por su propia naturaleza, a tener que vivir en malas condiciones.

La situación tiene dos explicaciones: una culpa a los propios trabajadores y busca enfrentarlos con otros trabajadores; la otra explicación pone el foco en el modelo productivo, en los derechos y en la condición de ciudadanía. La derecha ha encontrado en los trabajadores inmigrantes su chivo expiatorio para explicar problemas sociales y evitar así señalar al bloque de poder económico. ¿Los altos precios de la vivienda? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los salarios y las condiciones de trabajo? La culpa es de los inmigrantes. ¿Los problemas de la sanidad? La culpa es de los inmigrantes.

Se pone a competir a trabajadores autóctonos contra trabajadores inmigrantes en torno al trabajo, los servicios públicos y la vivienda. Así pues, las mismas oligarquías e intereses que rechazan lo público y buscan acabar con cualquier sistema de bienestar proponen un juego de suma cero entre inmigrantes y servicios públicos, enfrentando a trabajadores pobres con otros aún más pobres, y afirmando que los inmigrantes hacen peligrar el bienestar de los autóctonos. Pero lo que pone en peligro los servicios públicos, lo que explica la falta de acceso a la vivienda o los bajos salarios, es un proyecto de clase que busca generar la discordia e inocular el resentimiento entre trabajadores para así blindar sus objetivos. El medio que utilizan para conseguirlo es la extrema derecha: su infantería política.

La respuesta a esa agenda del odio entre trabajadores también tiene que ser de clase: la culpa de que no se invierta en vivienda y de que la vivienda sea un activo especulativo no es del currela inmigrante que trabaja en la obra. La culpa de que no haya pediatras asignados, que se saturen las urgencias o que no te pueda ver el especialista a tiempo no es de la currela inmigrante que trabaja limpiando las habitaciones de los hospitales. La culpa de que haya empresarios que no paguen las horas extras no es del currela inmigrante que cobra menos que nadie. La culpa es los explotadores, los especuladores, los usurpadores y sus representantes políticos que trabajan para disciplinar a la fuerza de trabajo. 

La extrema derecha se lleva las manos a la cabeza porque la inmigración se ubica, mayoritariamente, en los barrios con menos renta, como si esto fuera algo nuevo, como si no fuese una constante histórica que ha vivido la clase trabajadora. Los trabajadores inmigrantes acaban en el mismo sitio donde han acabado siempre todos los trabajadores que emigran a la ciudad: en los barrios más pobres. “Los proletarios acampan en los márgenes de la sociedad sin ubicarse en ella”, afirmaba Auguste Comte en el siglo XIX. El mismo sitio donde se ubicaban las miles de personas que vivían en poblados chabolistas en el tardofranquismo. Por no decir que toda la VPO construida en el franquismo tenía como finalidad convertirse en vivienda de mercado: intervenir desde el Estado para financiar activos privados. Un inmenso proceso de privatización de lo que hoy podría ser un parque de vivienda protegida. De aquellos barros, estos lodos.

La crisis de acceso a la vivienda es una crisis global que también se da en los modelos en los que se mira la extrema derecha, como los Estados Unidos, Polonia o Hungría. Hungría es el país de la UE donde más ha crecido el precio de la vivienda desde 2015, aunque haya perdido población. En Polonia el precio de la vivienda sube más que en España, aunque su población haya disminuido. ¿Por qué ocurre esto? Por la misma razón por la que en España sube el precio de la vivienda en municipios que pierden población: porque la vivienda es un activo financiero y existe una demanda especulativa que compra con una finalidad que no es para vivir. La extrema derecha, por su propia definición, es el espejo deformado de la hipótesis comunista: señala los mismos problemas, pero con el objetivo contrario; es decir, articula el mismo malestar, pero no para atender a las causas que lo producen, sino para desplazarlo hacia un lugar que proteja los intereses, en este caso, de la especulación inmobiliaria. Eso no significa que el incremento de la población no impacte en los precios; quiere decir que esa no es la causa que explica el problema de acceso a la vivienda y que señalar a los trabajadores es propio de una posición servil con los intereses de los especuladores.

La extrema derecha es el espejo deformado de la hipótesis comunista: articula el mismo malestar, pero no para atender a sus causas, sino para desplazarlo hacia un lugar que proteja los intereses de la especulación inmobiliaria

Con el trabajo ocurre algo similar. El razonamiento es el mismo que aplican cuando hablan de los servicios públicos: culpar a los últimos de lo que sufren los penúltimos para beneficio de los primeros. Quienes denigran e infrafinancian la sanidad pública son los mismos que acusan a los trabajadores inmigrantes de saturarla para luego obtener rédito electoral. Quienes apoyan los bajos salarios y mantener a sectores de bajo valor añadido son los mismos que culpan a los trabajadores inmigrantes de la precariedad de los autóctonos, algo que es falso: los trabajadores inmigrantes se ubican en los rangos más bajos de renta y sufren las peores condiciones laborales, lo cual no supone que tiren a la baja los salarios de los autóctonos, y así lo constatan todos los estudios.

Los inmigrantes vienen a trabajar porque se les llama, y quien les llama son las necesidades del modelo productivo, que exige una fuerza de trabajo que acepte bajos salarios. Y aceptan bajos salarios por necesidad y por falta de garantías. ¿Por qué nunca se pone el foco en el modelo productivo, en las condiciones que se ofrecen y en la ausencia de condición de ciudadanía? ¿Por qué no se pone el foco en la situación que viven esos trabajadores y se reivindican derechos para que nadie tenga que aceptar determinadas condiciones miserables? No quieren aumentar los derechos laborales porque eso les permitiría exigir más por lo que ahora hacen, y eso supone tener que pagar más, lo cual —dicen— se traduce en que se verían obligados a subir los precios. Defienden lo que defendía Bernard Mandeville cuando escribía eso de que “la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos”.

Prefieren tener a gente en condiciones de semiesclavitud y culparles por ello. Porque quien culpa a los trabajadores de su pobreza lo hace porque se opone a que los trabajadores conquisten derechos y ciudadanía. Sin embargo, es mejor contar con un modelo productivo centrado en sectores que generen más riqueza, que paguen mejores salarios y que ofrezcan mejores condiciones de vida y de trabajo, aunque el precio suba. Lo que es propio de un cipayo es devaluar a tu país para competir a la baja porque prefieres centrarte en ofrecer servicios baratos para el bolsillo de extranjeros con dinero. Lo mejor que podría pasarles a los trabajadores autóctonos pasa por elevar las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes, porque eso induce la inversión en tecnología, acelera la obsolescencia de negocios improductivos sostenidos con la precariedad laboral y ayuda a impulsar la necesaria reconversión empresarial y productiva que necesita este país. Ambos pueden coincidir en exigir políticas sociales y económicas que inviertan en garantizar su bienestar y condiciones de vida. Los problemas de los trabajadores autóctonos no son los trabajadores inmigrantes; las soluciones sí van de la mano de ambos. 

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.