El 'Parapipi' ya no es para Correa

El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha embargado el barco Parapipia Pablo Crespo, considerado como el número dos de la red corrupta. El capitán marítimo de Alicante, Juan Alcázar Díaz, ha enviado un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que confirma el embargo de la embarcación de recreo que estaba a nombre de Cresva S.L., una de las sociedades de la red encabezada por Francisco Correa. Con esta decisión, Ruz trata de garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias de los implicados, que en el caso de Correa y Crespo se han cifrado en 85 millones de euros. 

La embarcación Parapipi, atracada en el Club Náutico de Altea (Alicante) desde que fue matriculada en 2008, se dio a conocer cuando la Policía descubrió en su interior numerosos documentos para el caso Gürtel. La red de Correa, y concretamente Pablo Crespo, lo había adquirido a un ciudadano portugués. El precio de compra del barco, que iniciamente se llamaba Manatí, fue de 95.000 euros. Y fue el propio Crespo quien contactó con una empresa para que le trasladara el barco desde el puerto portugués de Crestuma a Altea. El importe que abonó Crespo por este servicio fue de 4.408 euros, según un informe de la Policía Judicial, que especifica que el abanderamiento y el cambio de nombre le costó otros 17.500 euros. El seguro supusieron otros 1.860 euros y los equipos 3.048 euros. Los gastos totales del Parapipi superaron los 120.000 euros.

Precisamente, la cuenta con la que se abonó todo este dinero recibió dos pagos por parte de la empresa constructora Teconsa, a quien la investigación también implica en el caso. En total ingresó 487.200 euros por la obra del Carrefour de Vallecas (Madrid) y por la obra de un colector en Laredo (Cantabria).

Ruz pide al PP toda la información sobre el 'número dos' de 'Gürtel'

Ver más

Entre los documentos encontrado en el barco destacaba uno, que según un informe de la Policía Judicial detallaba los gastos ocasionados a la organización de Correa por la compra de prendas de vestir "para distintas personas que por los nombres que aparecen se corresponden con individuos pertenecientes al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia".

De hecho, este documento fue uno de los que usó la acusación popular de Valencia, que consiguió la condena del exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo valenciano Rafael Betoret y del exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, tras reconocer su culpa. Fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros por un delito continuado de cohecho pasivo impropio al haber aceptado prendas de vestir de supuesta red de corrupción. Por su parte, el expresidente Francisco Camps fue absuelto por un jurado popular, confirmando la sentencia absolutoria el Tribunal Supremo.

En el barco, además de la documentación de los trajes, también se encontraron fotos y documentos de Correa en los que aparecen otros de los presuntos miembros de la trama, como por ejemplo Ramón Blanco Balín y el ciudadano suizo Arturo G. Fasana.