4.500 parados trabajan en España con el modelo de colaboración social que promueve Madrid

Un total de 4.538 desempleados cumplen tareas en beneficio de la comunidad en España. Son los destinatarios de las denominadas “adscripciones en colaboración social” que es como figuran en las estadísticas del Ministerio de Empleo los parados que la Comunidad de Madrid quiere integrar en su Programa de Recualificación Profesional.

Esta figura fue una de las medidas anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012. Sin embargo, la iniciativa ni siquiera figuraba en la letra del decreto ley. El Gobierno se limitó a rescatar en una disposición final el “carácter estatal” de tres órdenes ministeriales, de 1997, 1998 y 2004, que conceden subvenciones para que las administraciones “contraten desempleados en obras y servicios de interés general y social”.

Porque las “adscripciones en colaboración social” existen desde 1982, pero han sido muy poco utilizadas. El año que más se firmaron, 2008, alcanzaron las 5.185, según el Ministerio de Empleo. Pese al anuncio en aquella rueda de prensa en La Moncloa, el Gobierno no ha vuelto a mencionar este tipo de figura laboral hasta que CCOO denunció el martes su reaparición en la Comunidad de Madrid.

No son contratos laborales

Reciben el nombre de “adscripciones” porque no son contratos. La Ley General de Seguridad Social explica que no hay “relación laboral” alguna entre el desempleado y la administración que utilice sus servicios: ayuntamientos, comunidades autónomas, fundaciones u otras instituciones públicas. Mayoritariamente son los municipios los que recurren a las adscripciones para proveerse de ordenanzas, auxiliares administrativos y de biblioteca o personal para cuidar parques y jardines.

En teoría, deben ser trabajos de “utilidad social” y que “redunden en beneficio de la comunidad”. También deben tener carácter temporal, con una duración máxima equivalente a “la que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio”. A cambio, el desempleado cobra una u otro y el ayuntamiento, por ejemplo, le completa el sueldo hasta alcanzar la base reguladora por la que cotizaba antes de quedarse en el paro. Pero sólo paga por él a la Seguridad Social las cuotas en concepto de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. No cotiza para la jubilación ni para cubrir las incapacidades temporales. Y no puede rechazar el puesto porque perdería la prestación durante seis meses.

Ni temporales ni de baja cualificación

Hasta aquí la teoría. En la práctica, ni los puestos son temporales ni, en muchos casos, se limitan a cubrir puestos de utilidad social o de escasa cualificación. En 2012 había en el Ayuntamiento de Oviedo, que cuenta con una plantilla de 700 empleados, 202 de estos trabajadores. El 80% de ellos supera los 52 años. Y las adscripciones son de todo menos temporales: algunos llevaban trabajando allí desde 1999, 2000, 2001, 2002 o 2003, como reconoce la propia corporación.

Según CCOO, muchos superan los 10 años de antigüedad: se quedan hasta que alcanzan la edad de jubilación. El sindicato calcula que, mientras un operario municipal, la categoría con menor sueldo, cobra 1.650 euros brutos al mes, uno de estos desempleados en colaboración social no pasa de los 870. En cotizaciones a la Seguridad Social, el Ayuntamiento paga 8.000 euros al año; sólo entre 148 y 450 euros por un parado en adscripción.

Además, en Oviedo llegaron a emplear a un licenciado en Derecho para el Consejo Económico-Administrativo, cuando estos puestos están destinados a parados de larga duración, con baja cualificación o con problemas de empleabilidad.

Sobre todo en Murcia

6.202.700 parados

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Casi la mitad de los parados acogidos a esta fórmula –2.030– están en la Región de Murcia. El Ayuntamiento de la capital regional es uno de sus principales usuarios: en 2012, 500 de sus 2.300 empleados trabajaban en régimen de colaboración social. Pese a que el gobierno municipal se comprometió en su día a reducir el número de estos puestos, explica a infoLibre la concejal de IU Esther Herguedas.

En toda la Comunidad de Madrid sólo 42 desempleados estaban adscritos a puestos de colaboración social el año pasado, según la estadística del Ministerio de Empleo. El programa recién publicado por el Gobierno de Ignacio González prevé que cada ayuntamiento solicite al Servicio Público de Empleo un centenar de ellos.

A juicio de CCOO, la Comunidad de Madrid pretende así “compensar a los ayuntamientos las obras y servicios” que éstos han dejado de prestar por culpa de los recortes presupuestarios. El sindicato también teme que estos desempleados cubran “puestos estructurales” de los ayuntamientos. Por lo que ha advertido de que mirará “con lupa” la legalidad de la medida.