Almunia, avergonzado por cómo “se ha jugado con el miedo” de los trabajadores de los astilleros

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha afirmado este jueves que siente "vergüenza" y "dolor" por cómo "se ha jugado con el miedo" de los trabajadores de los astilleros a consecuencia de su decisión sobre el 'tax lease'. No obstante, Almunia ha matizado que no se refiere al Gobierno español, sino a la "campaña" que ha habido alrededor de este tema.

Almunia ha insistido en que las subvenciones deberán devolverlas “quienes se beneficiaron indebidamente de las desgravaciones fiscales", esto es, los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros, por lo que su decisión "no va contra el naval”.

El comisario ha subrayado que "se han exagerado hasta límites inimaginables" las consecuencias de su decisión de pedir a España que recupere las ayudas públicas ilegales concedidas a los astilleros entre 2007 y 2011, según declaraciones realizadas a la cadena Ser y recogidas por Europa Press. 

Bruselas pide a España que devuelva las ayudas concedidas a los astilleros entre 2007 y 2011

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Almunia espera que ahora que la decisión está tomada, "todo el mundo se ponga a trabajar", y ha insistido en que es al Gobierno español, a través de Hacienda, a quien le corresponde recuperar unas desgravaciones "que son de todos los contribuyentes".

El responsable de competencia se ha defendido de las críticas recibidas desde España diciendo que quienes arremeten contra él "ignoran totalmente" el papel de la Comisión Europea. Almunia ha explicado que "la ley europea es tan ley como la ley de un estado miembro. La legislación europea prevalece además sobre la de los Estados miembros y, por tanto, hay que cumplir la ley”. No se trata de “un trato” ni de “una negociación política”, ha sentenciado.

Ante el posible recurso que podría presentar el Gobierno español contra la devolución de las ayudas, el vicepresidente de la Comisión ha señalado que "está en su derecho de hacerlo” a pesar de que la decisión de Bruselas está basada en criterios jurídicos "firmemente asentados" en el Tratado y en la jurisprudencia.