Sanidad 'privatiza' 2.800 trabajadores sin garantizar sus condiciones laborales

La entrada de capital privado en la gestión de los seis hospitales públicos que la Comunidad de Madrid acaba de privatizar, tendrá consecuencias negativas para el empleo. Es lo que se deduce de los pliegos de condiciones de la privatización de la gestión de estos seis centros y de las bases del proceso de movilización abierto este martes por la Consejería. Y el personal interino y eventual –que supone el 54% del total de trabajadores empleados hasta la fecha en estos seis hospitales– será sin duda el peor parado. 

Las empresas que se han hecho con la gestión de estos centros –Sanitas, HIMA San Pablo y la UTE integrada por Ribera Salud, OHL y El Corte Inglés– tienen la obligación de contratar a los trabajadores que no tienen plaza fija, esto es, interinos y eventuales, si éstos manifiestan hasta el 19 de septiembre su intención de incorporarse a las concesionarias. Sin embargo, tal y como denuncian las organizaciones sindicales y se recoge en los pliegos del concurso, no existe la obligación de hacerlo en las mismas condiciones. No resulta por tanto descabellado imaginar que vayan producirse cambios en las jornadas o las retribuciones de 2.800 de los 5.200 médicos, enfermeros o auxiliares de estos centros que tienen contratos temporales y que tendrán que aceptar las modificaciones si no quieren perder sus puestos. Es lo que temen organizaciones sindicales y plataformas de defensa de la sanidad pública. "Estos profesionales tienen un mes para decidir si quieren o no quedarse, pero tienen que hacerlo a ciegas porque no saben cómo serán sus nuevos contratos", se queja Nacho Hernández, portavoz de Sanidad de UGT Madrid.

Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid, censura la "precarización" que van a sufrir estos trabajadores en sus condiciones de trabajo y apunta las consecuencias negativas que puede acarrear que en un mismo centro haya personal que ocupe el mismo puesto pero tenga retribuciones diferentes. Desde el sindicato médico AMYTS su secretario general, Julián Ezquerra, señala que los profesionales temporales sufren en este proceso un tratamiento "injusto y discriminatorio" porque van a padecer una "mutilación" de sus plazas. Según Ezquerra, esta organización ya está preparando un recurso de alzada contra las condiciones de este proceso de movilidad. 

En una convocatoria a la que infoLibre no fue invitado –según fuentes de la consejería porque sólo estaban convocadas agencias de prensa y medios generalistas con versión impresa– la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, afirmó que a las empresas concesionarias "lo que les interesa" es la "fidelización" del paciente, dado que en la Comunidad existe la libre elección, y por tanto cree que las concesionarias ofrecerán "condiciones atractivas" a médicos, enfermeras y auxiliares para que comuniquen su deseo de continuar trabajando en las instalaciones, informa Europa Press. 

Cada profesional temporal tendrá que "negociar"

En la Consejería de Sanidad madrileña argumentan que las condiciones de trabajo es algo que cada profesional eventual o interino tendrá que "negociar" con las empresas gestoras "entendiendo que habrá continuidad en cuanto a las condiciones". Sin embargo, Hernández recuerda que las condiciones laborales de los sanitarios sin plaza fija que trabajan en otros hospitales de gestión privada que funcionan en la región –Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles– son peores que las de los contratados en los públicos. "Las jornadas son de 40 horas semanales en lugar de 37,5 y los salarios son entre un 15 y un 20% más bajos", señala. De hecho, según explican los miembros de la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública, una enfermero sin responsabilidad de supervisión ni antigüedad gana en estos hospitales unos 1.200 euros netos, mientras que otra de su misma categoría percibe en el sistema público unos 1.800 euros. La desigualdad aumenta en el caso de los titulados superiores. Y también las pagas por festivos, guardias o nocturnidad son inferiores en los centros privatizados.

Sin embargo, este proceso privatizador también tendrá consecuencias para los profesionales sanitarios que no tienen plaza fija aunque trabajen en hospitales no privatizados. Esto ocurrirá porque el personal con plaza fija de los centros en los que entrará el capital privado podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital a cuenta del Servicio Madrileño de Salud –el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria–, pedir una excedencia, integrarse en la plantilla de la adjudicataria pasando a depender de la empresa privada o solicitar un traslado a otro hospital 100% público de la Comunidad. 

Traslados "forzosos" y "a ciegas" para los fijos 

El acceso de nuevos trabajadores a los hospitales tradicionales hará que los que no tienen plaza fija en estos corran el peligro bien de ser trasladados a otros –ya sean de gestión pública o privada–, bien de ser destituidos y perder sus empleos porque una vez que salen del sistema público las adjudicatarias no tienen la obligación de contratarlos en los centros privatizados. Los sindicatos aventuran por tanto que se producirá destrucción de empleo en el sector, aunque no se aventuran a dar una cifra porque eso dependerá de los que pidan ser trasladados a hospitales 100% públicos.

Este traslado –"voluntario" según la consejería y "forzoso" desde el punto de vista de los trabajadores– es otro de los asuntos que inquieta a los profesionales porque las plazas que se ofertan en toda la red no se harán públicas hasta que se publique la lista definitiva de los profesionales por orden de puntuación y concluya el plazo de alegaciones. Es lo que las organizaciones sindicales definen como traslados "a ciegas" porque los realizarán sin saber, por ejemplo, a qué servicio o en qué turno serán reubicado. 

Las adjudicatarias cierran las oficinas que habían abierto en los hospitales privatizados en Madrid

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Un "destrozo" en las plantillas 

Los destinos en otros hospitales se adjudicarán por antigüedad mediante un sistema de autobaremación en el que el solicitante documentará los servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud, aportando la documentación acreditativa de los méritos que declaren en la autobaremación. Por su parte, el personal laboral de las empresas públicas, se integrará en la concesionaria, manteniendo las condiciones retributivas y laborales actuales. 

Además, sindicatos y trabajadores denuncian que el movimiento de personal que va a generar este proceso privatizador supondrá un "destrozo absoluto" de plantillas y grupos de trabajo que, en la mayoría de los casos, llevaban trabajando juntos desde que se pusieron en marcha estos hospitales de nueva creación durante las etapas de Gobierno de la exvicepresidenta Aguirre.