Los cambios en la tarifa de la luz apuntan a subidas continuas para 16 millones de hogares

Malas noticias para los consumidores. El enésimo cambio diseñado por el Ministerio de Industria para cuadrar el círculo del sistema eléctrico tiene los pies de barro y acabará por repercutir en el bolsillo de 16 millones de usuarios acogidos a la tarifa regulada, según coinciden especialistas y organizaciones de consumidores. Hay dos razones fundamentales para la alerta: el recorte a las energías renovables dejará más hueco a las energías más caras (gas y carbón) y los incrementos en la parte fija del recibo de la luz, al margen del consumo, elevarán también los precios.

Los cambios aprobados por Industria tratan de contener la inmensa bola de deuda del sector (30.000 millones de euros acumulados), sujetar la factura que pagan los hogares, entre las más caras de Europa según Eurostat, y no coartar los beneficios de las grandes empresas cotizadas en Bolsa. Todo al mismo tiempo. Más que difícil.

Al analizar lo que sucede en el sistema eléctrico existe el riesgo de perderse entre árboles sin ver el bosque. Entender cómo se fijan los precios en el mercado mayorista diario o pool con 24 horas de antelación; cómo funciona el mercado cuando no funciona (mercado de restricciones); qué papel juegan las grandes compañías (controlan abrumadoramente los dos lados del espejo, la generación y la comercialización) y por qué se atribuyen los graves problemas del sistema a las energías renovables, es una tarea imposible para el ciudadano medio.

Por eso es importante ir a lo fundamental: y lo fundamental, como explica el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, es que se mantiene un sistema de precios basado en la subasta del mercado mayorista, "que confirma lo que hacen las compañías", donde el precio lo marcan las tecnologías más caras y donde quien más sufre es el consumidor.  El presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra, es rotundo: "La especulación se ha introducido en las transacciones del mercado eléctrico". 

García Breva justifica las críticas: el mercado mayorista, asegura, es la base del sistema de subastas que "ha encarecido la factura eléctrica en 1.200 millones desde 2010". Ahora, pregunta García Breva, "¿quién compensa a los consumidores por lo que han pagado de más?".

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha adelantado que habrá más cambios en el sistema de casación de precios, sin precisarlos. Pero ha dejado claro que, una vez anulado el sistema de subastas trimestrales, el consumidor pagará en función del precio que determine la subasta diaria. Es un enredo que amenaza con dar dolor de cabeza a algún juez. El pool establece distintos precios según las horas.

Los usuarios que tengan un contador "inteligente", capaz de discriminar consumo y precios por horas podrán saber, al menos en teoría, lo que pagan y si la cuenta es correcta. Los que no tengan contador de ese tipo pagarán la media de los precios registrados en el periodo de facturación elegido: un mes o dos.

Un dato basta para dar cuenta del problema. El informe elaborado por la antigua CNE en 2011 sobre el cambio de contadores (página 8) es desolador: 26,5 millones de contadores y 310.000 sustituidos. Quedan por sustituir millones.

Aunque se sustituyan, añade Jorge Morales de Labra (Plataforma Por un Nuevo Modelo Energético), "el nuevo contador no le sirve al consumidor para nada, salvo para que la eléctrica tenga almacenados registros detallados de la distribución de su consumo de energía". Porque la información de consumo sólo fluye en una dirección: del consumidor a la empresa.

En el caos que se anuncia, la organización de consumidores Facua ha adelantado que denunciará el nuevo sistema de fijación de precios. Para Facua, los últimos cambios confirman un sector energético "opaco, con una caótica, dispersa y confusa regulación que genera inseguridad jurídica, desequilibrio y desprotección en el consumidor doméstico".

La confusión es evidente. El Ministerio de Industria, desbordado por el mal funcionamiento del sistema en diciembre, anuló la subasta trimestral Cesur de diciembre. Esa subasta marcaba el precio del kilowatio para el trimestre siguiente, es decir la parte variable del recibo de la luz . La otra parte son los llamados peajes que fija el Gobierno. 

Anulada la subasta trimestral y a instancias de la secretaria de Estado de Energía que dirige Alberto Nadal, Industria tomó dos decisiones: intervenir los precios del primer trimestre al decidir una subida del 2,3% desde enero y cambiar el peso en el recibo de la luz entre parte fija (potencia contrada) y variable. Subió para el primer trimestre del año un 17,9% el término fijo y bajó un 6,9% el de energía (término variable). La consecuencia es que ahorrar en el consumo no garantiza ahorrar en la misma medida en el recibo final.

Elevar la parte fija del recibo que pagan 16 millones de consumidores supone garantizar más y mejor los ingresos de las grandes compañías. En julio de 2013 (informe 14/2013), la extinta Comisión Nacional de la Energía precisaba que los ingresos por peajes de acceso "pasan de cubrir el 66% al 71% de los costes previstos para el ejercicio 2013". Con las últimas medidas anunciadas, el porcentaje aumentará.

En pleno debate, estas son las cuestiones fundamentales que afectan al consumidor:

¿Quiénes son los afectados?

Son 16 millones de hogares (se descuentan los acogidos al bono social y los que contratan por su cuenta). Tienen contratada una potencia inferior a los 10kW y pagan precios que están entre los más altos de Europa. La tarifa que pagaban (Tarifa de último recurso) pasa ahora a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

¿Qué vamos a pagar a partir de abril?

La factura recogerá, como sucede ahora, una parte fija que decide el Gobierno (peajes) y una parte variable (energía). Será esta última la afectada por los cambios. Hasta diciembre, el precio se fijaba para el próximo trimestre en una subasta llamada Cesur que ha sido eliminada. A partir de abril, la factura recogerá la media de los precios registrados en el mercado mayorista diario. Es una complicación porque hay precios distintos para cada hora del día. Los precios se pueden consultar en la web del operador del mercado eléctrico Omie: www.omie.es/inicio.

¿Cómo se medirá el consumo ahora?

Con precios que varían cada hora, el aparato clave es el nuevo contador "inteligente". El problema es que hay que cambiar 27 millones y sólo se han cambiado una mínima parte. El Plan de Sustitución de Equipos de Medida establece que los cambios de contador tiene que estar finalizados en 2018. Con el contador inteligente, el consumidor interesado podrá comprobar si el precio que le cobra la compañía es el correcto. Quien no tenga el nuevo contador lo tendrá más difícil. La compañía le cobrará la media de los precios registrados en el periodo de su recibo.

¿Cuánto durará el nuevo sistema?

Los más críticos aseguran que la duración dependerá de la estabilidad de los precios. Si sucediera lo mismo que en diciembre de 2013, cuando los precios del kw se desmandaron por circunstancias que aún trata de aclarar Competencia, el sistema podría saltar por los aires una vez más.

¿Quién sale ganando con los cambios?

Públicamente nadie está satisfecho. Las empresas eléctricas se quejan de la complejidad del esquema aprobado por Industria. Pero los recortes a las energías renovables y el cambio de ponderación entre parte fija y variable en el recibo son tantos a favor de lo que venían demandando las empresas integradas en la asociación patronal Unesa.

¿Y si no puedo pagar?

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Para los colectivos más afectados por la crisis: jubilados con pensiones mínimas; familias con todos los miembros en paro; contratos mínimos (3KW) en primera vivienda, existe el bono social. A quienes se acogen al bono no les afectan las subidas. Tras una larga batalla legal, el Gobierno ha decidido que lo paguen las compañías. Son alrededor de 280 millones al año.

Tarifas como en el móvil

Para los consumidores que estén dispuestos a pagar tarifas por encima de mercado a cambio de saber cuánto pagan cada mes, sin sobresaltos, las compañías comercializadoras dispondrán de contratos para periodos largos con precios fijos. Será un sistema similar al de las tarifas de teléfono móvil, Es un viejo sueño de las empresas: asegurar ingresos al margen de variables como temperatura, precios de la materia prima o decisiones regulatorias.