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El futuro del PSOE

Diez medidas que el PSOE proponía en 1977 y que hoy ha renunciado a defender

Asistentes a la conferencia política que el PSOE celebró el noviembre de 2013.

“Muchos partidos políticos ofrecen programas de reformas económicas y sociales. Pero lo decisivo es saber quiénes van a ser consecuentes con esas promesas, quiénes van a cumplir sus programas”.

No es una cita extraída de la campaña electoral de las europeas. Es un fragmento del programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones constituyentes de 1977. Las que dieron lugar al Congreso de los Diputados que debatió y aprobó la Constitución de 1978.

Visto en perspectiva, ese documento tiene hoy una enorme vigencia. Podría incluso ser defendido sin cambiar apenas nada. De hecho, muchas de sus ideas forman parte del eje central del discurso de Podemos, la formación que mejor ha sabido transformar en votos el descontento de los ciudadanos con la deriva política y económica que ha sufrido España desde que estalló la crisis. Y podrían incorporarse tal cual a las propuestas de regeneración del socialismo español que empiezan a ser debatidas tras el hundimiento electoral de las elecciones europeas.

El PSOE de la transición tenía clara la necesidad de hacer “desaparecer todos los residuos oligárquicos del régimen anterior”. Defendía “la unidad del Estado español” y, aunque no reconocía el derecho a la autodeterminación, sí precisaba que esa “unidad no puede basarse en la fuerza”. ¿La solución? Una “Constitución abierta”, capaz de “adaptarse a las necesidades que exijan las circunstancias concretas”.

El discurso del socialismo español de aquellos años tenía muy claro cuáles eran los mimbres del cambio: “Para cambiar la vida de los ciudadanos, para mejorar la situación actual, es necesario elegir hombres nuevos”. Y definía claramente los errores a corregir en el sistema político: “La actividad política tiene que ser un servicio al pueblo. Salimos de una etapa en la que la actuación en cargos públicos ha significado todo lo contrario. Por ello es necesario sanear la vida política española, terminando con la corrupción (…). El PSOE”, proclamaba el programa de 1977, “se propone restablecer la honestidad en el desempeño de los cargos públicos”.

Tan actual como este compromiso con la honestidad y contra la corrupción es el diagnóstico en materia económica, igualmente parecido al que defiende la izquierda en el debate político actual.

“La crisis económica que actualmente padece el país (…) depende fundamentalmente de la estructuración de nuestra economía”, diagnosticaba el PSOE de los setenta. “Durante muchos años la sociedad española, el pueblo español, ha soportado un capitalismo de rapiñacapitalismo de rapiña, preocupado únicamente de obtener grandes beneficios a corto plazo y sin esfuerzo mediante la especualación en todos los órdenes de la actividad económica”.

Una práctica que, para los socialistas de los setenta, tenía cómplices muy concretos: “La clase política del régimen anterior ha servido a este capitalismo de rapiña sin tener en cuenta el interés general de la población. Ellos nos han conducido a la situación actual”.

¿Cömo solucionarlo? “El abismo económico puede y debe ser superado”, proponían los socialistas en 1977, “con medidas concretas de Gobierno que repartan con justicia el coste social que exige la salida de la crisis económica. Los que más tienen deben pagar en mayor medida, invirtiendo de esta manera las fórmulas vigentes hasta el momento”.

Más allá de esta exposición de principios, que en la actualidad podría ser defendida por cualquiera de los que aspiran a hacerse con el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de finales de julio, durante los últimos 37 años el Partido Socialista ha ido renunciado poco a poco a muchas de sus propuestas, sobre todo en materia económica y social. El programa de 1977 no contiene muchos detalles, pero sí fija algunas prioridades. Estas son las 10 medidas más llamativas de aquella época que el PSOE ha renunciado defender:

1. Financiación de la Seguridad Social con cargo a los presupuestos generales del Estado con el objeto de impedir que el pago de la Seguridad Social sirva de excusas a las empresas para no ampliar los puestos de trabajo.

2. Reducción de la edad de jubilación a los sesenta años.

3. Encarecimiento de las horas extraordinarias hasta conseguir su eliminación.

4. Todos los ciudadanos tendrán derecho a percibir unos ingresos mínimos cuando no puedan trabajar por razón de edad, salud o falta de trabajo.

5. Las pensiones, los seguros de paro y las ayudas familiares asegurarán un ingreso mínimo no inferior al salario mínimo.

6. Revisión del stock de viviendas para evitar la existencia de un número injustificado de viviendas desocupadas.

7. La pensión mínima para la tercera edad nunca será inferior al salario mínimo obligatorio revisable según el incremento de la vida. 

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8. La tercera edad podrá utilizar de forma gratuita el transporte público, tendrá acceso libre a los centros culturales y estará exenta del pago de impuestos.

9. Defensa de la enseñanza gratuita, tanto en lo referente a las matrículas como al materia didáctico, trasportes, etc.

10. La enseñanza debe ser laica.

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