El debate sobre la presencia de imputados en las listas divide al PP

Año 2011. A comienzos de abril, el Comité Electoral Nacional del Partido Popular da el visto bueno a las listas electorales que le van llegando de las diferentes comunidades autónomas. Una de ellas, la de la Comunidad Valenciana está en el foco de todas las miradas. ¿Iba a consentir Mariano Rajoy una candidatura plagada de imputados por escándalos de corrupción? La pregunta se iba respondiendo por sí sola teniendo en cuenta que el presidente del PP había dado luz verde a que el cabeza de lista, Francisco Camps, lo fuese cuando estaba ya imputado en el escándalo de los trajes, uno de los episodios del caso Gürtel. El expresident, con causas pendientes con la Justicia, no tenía autoridad moral para impedir que le acompañaran otros cargos imputados. Y así ocurrió. Contando a Camps, las listas del PP de la Comunitat Valenciana llegaron a los colegios electorales con los nombres impresos de cuatro imputados y seis implicados en diferentes escándalos de corrupción. Ganaron por mayoría absoluta. Pero el entonces presidente no pudo más con la presión de estar permanentemente en el punto de mira –había aguantado desde febrero de 2009, cuando estalló el caso Gürtel- y dos meses después de las elecciones anunció su marcha para hacer frente al juicio oral.

Desde entonces, su heredero, Alberto Fabra, ha lidiado con un Grupo Parlamentario que ha llegado a tener hasta ocho diputados imputados. Y con una oposición que no ha perdido la oportunidad de denunciar lo obsceno de este panorama. En un intento de dar la vuelta a la situación, y con unas encuestas que apuntan a la caída en picado del PP en la región, trazó la denominada “línea roja contra la corrupción” que, en su máxima expresión implica que la imputación sea incompatible con ser candidato. La prueba de fuego, pues, será en las autonómicas de mayo.

La “línea roja” de Fabra no es una cuestión inédita en el PP. Ya la trazó en 2010 José Ramón Bauzá para el PP de Baleares, al que había llegado con el compromiso y encargo de poner fin a la 'era Jaume Matas', salpicada también de numerosos escándalos de corrupción. Y ahora, un sector numeroso del PP considera que debe extenderse a todo el partido. “Con la pujanza de Podemos, el distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos y los resultados de las encuestas, nos debemos plantear que el asunto es muy serio. Quizá ha llegado el momento de que nos exijamos un poco y que adoptemos este compromiso a nivel global”, mantiene un diputado partidario de que el partido se proponga como consigna la exclusión de imputados por corrupción en las candidaturas. La última palabra, como ocurre con todo en el PP, la tiene Mariano Rajoy.

Hasta ahora, las normas internas del partido no precisan cómo debe procederse ante un militante o un cargo público imputado. Y fijan la expulsión del partido para el momento en el que la sentencia judicial es firme y condenatoria.

No obstante, los órganos disciplinarios del partido, en este caso el Comité de Derechos y Garantías, están facultados en todo momento para abrir un expediente informativo respecto a cualquier conducta de los afiliados que dañe a las siglas del partido. Es lo que ocurrió con Rodrigo Rato hace una semana a raíz de su implicación del escándalo de las tarjetas, actuación que fue cerrada en el momento en el que éste solicitó su baja temporal de la formación que preside Rajoy.

Mensaje "contundente" pero "arriesgado"

Pese a que iniciativas en este sentido lanzan un claro mensaje de compromiso contra la corrupción, son “muy delicadas” –señala una de las fuentes consultadas– por lo que implica de “dónde poner los límites”. “¿Qué hacemos? ¿Se lo aplicamos a todos los imputados? ¿También a los que lo están por cuestiones administrativas? Es muy complicado”, añade un dirigente regional con cargo público contrario a que el PP prohíba la inclusión de imputados en las listas. “He llegado a tener a un miembro de mi equipo, que fue en listas y que pretendo que siga yendo, imputado por un mero proceso administrativo”, lamenta. "Hemos conseguido convertir la palabra imputado en sinónimo de condenado. A lo mejor tenemos que cambiar la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECRIM) Ley de Enjuciamiento Criminal (LECRIM)para acotar más los términos", añade.

Con este tipo de dudas sobre la mesa, algunas de las fuentes consultadas apuntan a que el límite debería estar claro: imputados por corrupción. “No tendría que haber mayor problema. Cualquier imputado en este tipo de escándalos se aparta o no va en las listas. Y cuando todo se aclare, si no hay mayor problema o implicación, se le rehabilita”, valora una diputada. Otra cosa es que la dirección nacional del partido, que asiste a cómo desde determinadas comunidades autónomas se le presiona en este sentido, esté decidida a dar el paso.

Los problemas de la línea roja de Fabra

Como ocurre con el resto de territorios autonómicos, a día de hoy no está nada claro cuál será el candidato de los conservadores para la Comunidad Valenciana. Fabra deja claro siempre que puede que está dispuesto a ser el cabeza de lista. Pero Rajoy no da una sola pista en ninguno de los sentidos. Ni a favor, ni en contra.

En sectores del PP de esta región se ha instalado la idea de que el PP optará por otro candidato que no será él. Unos rumores que achacan a una especie de guerra interna motivada, entre otros asuntos, por su denominada línea roja que implica que ningún imputado vaya en las listas. Cuentan fuentes conocedoras de este episodio que un grupo de diputados con escaño en las Corts está plantando cara al president por esta iniciativa y que se han concentrado en torno a Isabel Bonig, coordinadora del PP valenciano y consellera de Infraestructuras. Es a ella a la que ven con posibilidades de encabezar la lista.

En este asunto el PP valenciano también está dividido. Hay quien cree que su línea roja “es muy delicada y peligrosa” y quien cree que es una mera herramienta efectista pero de poco alcance. “¿Si no ha logrado poner orden en el tiempo que lleva de presidente cómo va a hacerlo de cara a las listas electorales?”, se preguntan un representante de los críticos. Por el contrario, sus fieles aseguran que ha hecho todo lo que ha podido teniendo en cuenta las circunstancias en las que recibió el partido y el Grupo Parlamentario. “Las listas no las aprobó él. Las aprobó Camps con el visto bueno de Madrid. ¿Sólo él es responsable?”, dice una de sus fieles.

Las reglas de Aguirre

Que no todos en el PP comparten esta anunciada línea roja quedó claro este miércoles en Madrid en el discurso que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo ante la Junta Directiva Nacional de la formación regional. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que instó al PP a pedir “excusas” por los escándalos de corrupción, hizo una propuesta para las listas del PP de Madrid: todo aquel que quiera ir en ellas debe "presentar en el registro del partido una declaración detallada de sus bienes, de sus intereses, de su cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política". De la imputación como línea roja no habló, aunque no perdió la oportunidad de recordar que en esto a ella nunca le ha temblado el pulso.

Tampoco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, parece dispuesto a imponerse ninguna línea roja al respecto. Hace menos de un mes, el PP gallego presentó a sus candidatos para las comarcas de O Caballiño (Ourense) y O Barbanza (A Coruña). Entre ellos, el presidente permitió que figurasen algunos candidatos imputados en diferentes escándalos de corrupción, como el caso del cabeza de lista por Mazaricos (A Coruña), el actual alcalde José Manuel Santos, imputado en la Operación Orquesta; o el regidor de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes, imputado en la Operación Pokémon, que también repite como candidato.

Negociación en el marco del paquete de regeneración

El pasado verano, al tiempo que el PP anunciaba su intención de legislar a fin de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, los conservadores anunciaron que iban a llevar al marco de estas negociaciones con los grupos parlamentarios el debate sobre en qué momento procesal debe apartarse un político o cargo público imputado. Las negociaciones se cerrarán la próxima semana. Hasta la fecha no hay concreción sobre este punto. No obstante, estas iniciativas irían encaminadas a los cargos públicos, no para el funcionamiento interno de los partidos. Para ello están los estatutos.

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A este respecto, los estatutos del PP establecen la expulsión de un militante cuando haya sentencia firme, los del PSOE cuando se haya cometido un delito doloso y los cargos de IU deben dimitir en caso de procesamiento por corrupción.

A grandes rasgos, hay cuatro momentos diferentes en los que un político o cargo público imputado puede apartarse: en el momento de la imputación, en el momento de apertura de juicio oral, cuando se hace pública la condena o cuando se dicte sentencia firme.

En las conversaciones informales que se mantuvieron el pasado verano entre dirigentes conservadores se apostaba por dos momentos: cuando se abra juicio oral o cuando se conozcan las conclusiones del fiscal. Con el actual ritmo de la justicia esto implicaría que pasasen más de dos años con el político imputado en el cargo, con el desgaste que ello supone para el político y para la formación que representa.