Víctimas y ONG denuncian que el Gobierno “protege” a los acusados en la querella argentina al evitar su arresto

"Los argumentos que está dando España para no investigar los crímenes del franquismo van contra el derecho internacional. Así de claro". Quién se muestra tan tajante es Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain (RIS), a tenor de la negativa de la sección española de Interpol de ejecutar la orden de detención tramitada por Interpol Argentina tras la imputación de 19 ex altos cargos franquistas –entre ellos cinco ministros de Franco– por supuestos delitos cometidos durante la dictadura.

El pasado 4 de noviembre, la sección de Interpol radicada en Argentina cursó una comunicación "muy urgente" a la oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de 19 personas –entre las cuáles se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez Ventura y Alfonso Osorio García–  tras su imputación por parte de la juez María Servini, encargada en Argentina de la investigación que se está llevando a cabo sobre los crímenes del franquismo.

Según informa Europa Press, Servini acusa a Utrera Molina, De la Fuente y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. A Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco personas y más de cien resultaron heridas, mientras que contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista. Osorio, por su parte, está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

No obstante, la sección española del ente policial, ha rechazado detener a estas personas amparándose en una resolución aprobada por Interpol en 2010, que señala que, en casos de supuesto genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, un Estado puede negarse al arresto de uno de sus nacionales que haya solicitado otro país miembro si protesta contra la resolución en un plazo de 30 días.

"No es una decisión policial, sino política"

"El Gobierno protege a estas personas no sólo en España sino también en el exterior", denuncia Carlos Slepoy, abogado de la querella presentada por las víctimas ante la Justicia argentina, que señala que la decisión de Interpol España "depende del Ministerio del Interior". "No es una decisión policial, sino política", abunda en este sentido Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que también afirma que "esta gente, hoy por hoy, donde están más seguros es en España, ya que la Interpol podría detenerlos si no estuvieran aquí".

Sin embargo, a pesar de que no se va a detener a los 19 imputados, el proceso contra ellos no acaba aquí, según explica Slepoy a infoLibre. Y es que, aunque los acusados no hayan sido detenidos de manera preventiva, la jueza Servini todavía puede enviar al Gobierno la petición de extradición para intentar que la Justicia española los ponga a su disposición. Una vez recibida la solicitud de Servini, el Gobierno debería decidir si tramitarla o no. Si decidiese hacerlo –como ocurrió hace unos meses, cuando Argentina pidió extraditar a Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y Jesús Muñecas Aguilar–, el asunto pasaría a manos de la Audiencia Nacional, que tendría que tomar una decisión al respecto: si se resolviera que no debe haber extradición, el asunto quedaría zanjado; por el contrario, si la Audiencia se muestra favorable a la entrega, el Ejecutivo debería decidir si la confirma o no.

No obstante, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha señalado que, a su juicio, los delitos de los que se acusa a los 19 ex altos cargos franquistas estarían prescritos o, en todo caso, amnistiados. "Hay que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", respondió el responsable de Justicia antes de que se conociera la negativa de Interpol España a arrestar a los imputados.

Víctimas y ONG recuerdan los informes de la ONU

Sin embargo, las víctimas rechazan estos argumentos ya que, a juicio de Slepoy, el ministro "está partiendo de una base absolutamente falsa", que es que los crímenes de los que se acusa a estas 19 personas son comunes y no crímenes contra la humanidad, como ellos estiman. "Está muy claro en el derecho internacional que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que ninguna ley de impunidad puede cambiar eso", remacha el abogado. Sus argumentos los comparte Lydia Vicente, que asegura que "la interpretación de la Ley de Amnistía que realiza el Gobierno es contraria al derecho internacional".

A este respecto, Vicente afirma que "España está impidiendo a través de obstáculos internos cualquier investigación", y recuerda que "ya hay tres mecanismos de la ONU que le han dicho al Ejecutivo que tiene que hacer todo lo posible para juzgar a los responsables" de los crímenes del franquismo. La responsable de RIS se refiere a los informes que han hecho públicos desde el año pasado tanto el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos de la organización y su Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.

Entre los juristas, no obstante, hay división de opiniones sobre el tema. Y es que, mientras Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, explica que habría que analizar "caso por caso" las acusaciones contra cada uno de los 19 imputados para ver si están prescritas o no, Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, hace hincapié en que España "aprobó en una ley adoptada por unas Cámaras democráticas una amnistía de los delitos" cometidos durante la dictadura.