Fiscales denuncian que el Gobierno permita la entrada de Torres-Dulce a un despacho de abogados particular

La asociación profesional Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado este martes la entrada en vigor la componenda impulsada por el Gobierno que permite al ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ejercer la abogacía tras dimitir en diciembre de 2014.

“Si Torres-Dulce ha dimitido porque no se dejaba manipular lo suficiente, el nuevo fiscal solo puede ser el cuervo de José Luis Moreno”

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La Unión Proguesista de Fiscales acusa al Gobierno en un comunicado de incumplir la ley de incompatibilidades, que "determina un plazo de dos años posteriores al cese para prestar servicios en entidades privadas". En esta ocasión, el despacho de abogados Garrigues, en una decisión que, según denuncia la UPF, responde exclusivamente a un "interés particular".

"Denunciamos públicamente que el ex Fiscal General del Estado sea autorizado por el Gobierno para ejercer la abogacía tras su abandono del cargo de máxima autoridad del Ministerio Público", continúa el comunicado, que además advierte de la situación de privilegio de Torres-Dulce "sobre investigaciones en curso propias o ya judicializadas".

"Consideramos profundamente censurable que el caudal de conocimientos e información que el ex Fiscal General adquirió en el ejercicio de su cargo pueda ser puesto ahora al servicio de la defensa de quienes el Ministerio Público investigue o acuse posteriormente", concluye la Unión Progresista de Fiscales, en un caso que responde a la perfección al modus operandi de las puertas giratorias que tanto daño han hecho a la política en nuestro país.