La 'mano dura' de Soria con Volkswagen: en vez de pedirle que devuelva ayudas, le ofrece 200 millones

Volkswagen va a llamar a revisión a 8,5 millones de coches en toda Europa. Lo ha anunciado la marca alemana apenas unas horas después de que las autoridades de Berlín la obligaran a revisar 2,4 millones de vehículos, todos los afectados por el fraude de los motores diésel. A la Oficina Federal de Vehículos de Motor (KBA) le pareció insuficiente el plan ofrecido por Volkswagen para examinar sólo los automóviles de los clientes que así lo solicitaran. Además, esas pruebas comenzarán en enero de 2016, y no en septiembre de ese año como había previsto inicialmente la empresa de Wolfsburgo.

Mientras, en España, el Ministerio de Industria, sólo se plantea “estudiar posibles responsabilidades” de Volkswagen “más adelante”, “si las hubiese”. Aunque sí se ha apresurado a ofrecer al fabricante alemán ayudas, en forma de préstamos blandos  –a bajo interés–, para que no suprima sus inversiones en las dos plantas que tiene en España: la de Volkswagen en Landaben (Navarra) y la de Seat en Martorell (Barcelona). Industria rehúsa facilitar cifras concretas. “Dependerán del plan de inversiones y de sus características”, apunta. Según el diario Abc, ascenderán a 200 millones de euros, entre la aportación de Industria y las que comprometan las comunidades autónomas de Navarra y Cataluña.

En principio, el grupo de Wolfsburgo tenía previstas inversiones por importe de 4.200 millones de euros en ambas factorías, pero su presidente, Matthias Müller, ha anunciado un recorte de 1.000 millones anuales en todo el mundo como consecuencia del escándalo de los diésel trucados.

Tampoco tiene previsto Industria reclamar a Volkswagen la devolución de las cuantiosas subvenciones que ha recibido Seat en los últimos años, buena parte de ellas para sus inversiones en I+D+i. Su centro técnico, creado en 1975 e integrado por un millar de trabajadores, le ha permitido acceder a millonarias deducciones en el impuesto de sociedades y a otras ayudas.

Otro tanto puede decirse de las subvenciones del Plan PIVE. Industria insiste aún en que sigue “a la espera de un informe de Volkswagen” sobre las emisiones. Aunque está claro que las ayudas se conceden en función de las emisiones de CO2 de los coches, y Volkswagen falseó las de óxido de nitrógeno y partículas, las que expulsan los motores diésel. Por el contrario, sus emisiones de CO son siempre inferiores a las de los motores de gasolina.

España hará lo mismo que Alemania

Sobre la revisión obligatoria instada por el Gobierno de Berlín, Industria dice que la Oficina Federal de Vehículos de Motor ha actuado “en delegación del resto de los Estados” europeos, así que España “tomará las mismas acciones que Alemania sobre las llamadas a revisión de los vehículos”.

Según explica la marca alemana, las “soluciones técnicas” que se incorporarán a los vehículos trucados afectarán tanto al software – programas informáticos– como al hardware –dispositivos físicos–. Esas soluciones aún las está “desarrollando” Volkswagen, que las presentará a las autoridades antes de aplicarlas. Lo que el fabricante no desvela es si esos arreglos recortarán la potencia de los automóviles o aumentarán el consumo de combustible, como parece previsible. Tales perjuicios pueden convertirse en los argumentos, además de los medioambientales, que esgriman los compradores de los vehículos para demandar a continuación a la firma automovilística.

Denuncias de los consumidores

Al igual que en el resto de los países afectados por el fraude, en España Facua y otras organizaciones de consumidores están organizando plataformas de afectados para reclamar derechos y posibles indemnizaciones a Volkswagen. Además, Facua ha denunciado a las filiales españolas del fabricante alemán ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que abra una investigación e incluso expedientes sancionadores contra lo que consideran un “atentado contra el medio ambiente, la salud, la competencia y los intereses económicos de los consumidores”. Igualmente ha presentado denuncias ante las autoridades de consumo de las 17 autonomías, para que reclamen información a Volkswagen y también le abran expedientes.

Además, un conjunto de 16 organizaciones, desde Greenpeace y SEO/Birdlife o WWF España, hasta la Fundación Renovables, el sindicato CGT y la Sociedad Española de Salud Pública, entre otras, han lanzado una campaña para exigir que se investigue a otros fabricantes y se depuren responsabilidades en el escándalo Volkswagen. También estudian presentar una querella ante la Fiscalía.

Sus colegas italianos han sido más rápidos. Una denuncia de Codacons, la coordinadora de asociaciones de defensa del medio ambiente, respaldada por 12.000 conductores, ha movido a la Fiscalía de Verona a ordenar el registro de la sede de Volkswagen en esa ciudad italiana. El ministerio público investiga al fabricante alemán por fraude comercial y estafa. La policía también registró este jueves las oficinas de Lamborghini, otra de las enseñas de Volkswagen, en Bolonia.

También por publicidad engañosa

En la intención del Gobierno español no está seguir el ejemplo de los Ejecutivos francés e italiano, que van a hacer controles aleatorios de vehículos diésel, de todas las marcas. Corea del Sur convocó inmediatamente a la cúpula de la marca en ese país para pedirle explicaciones e incluso ordenó nuevas pruebas a vehículos que ya habían pasado con éxito los exámenes antes.

En Estados Unidos es donde el Gobierno está siendo más expeditivo contra la empresa alemana, sobre la que pende la amenaza de una multa de 16.000 millones de euros. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra la automovilística. Su presidente declaró la semana pasada ante el Comité de Energía del Congreso. La Agencia de Protección Medioambiental (EPA), que destapó el fraude, endurecerá el control de emisiones para la industria del automóvil. También está revisando vehículos diésel de todas las marcas para comprobar si utilizan un software tramposo como Volkswagen. Y este mismo jueves se supo que la Comisión Federal de Comercio (FTC) actuará contra Volkswagen por publicidad engañosa. Durante años, la marca alemana publicitaba sus coches en EEUU, donde el gasóleo es más caro que la gasolina, como “diésel limpios”.

La mano dura contra el grupo de Wolfsburgo es general. Suiza ha suspendido la homologación de los coches del fabricante alemán. Bélgica los ha retirado de la venta. Las fiscalías de Francia, Alemania y Noruega han abierto investigaciones por fraude. Reino Unido repetirá las pruebas de emisiones en laboratorio practicadas a coches de todos los fabricantes y comparará sus resultados con los gases de escape en carretera. Este jueves, los directivos de la marca en las islas británicas han comparecido en el Parlamento y comprometido una solución a la crisis. El Gobierno de Australia también investiga a Volkswagen y Audi tras llamar a capítulo a sus directivos en el país.

Creando comisiones

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Mientras, el Ministerio de Industria español se ha limitado a crear dos comisiones. Una presidida por la secretaria general, Begoña Cristeto, y otra con el Ministerio de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO, para vigilar que Volkswagen mantenga sus inversiones en España. En esta última también participarán, además de las comunidades de Navarra y Cataluña, la propia empresa.

De momento, sólo se sabe que la comisión de Cristeto ha pedido información al grupo de Wolfsburgo sobre el número de coches afectados en España por el trucaje de los motores. Exactamente 683.626, desveló el fabricante alemán el pasado 30 de septiembre. Preguntado por la actividad de esta comisión desde que se constituyó, el ministerio sólo responde que “participa activamente en reuniones con los demás Estados y con la Comisión Europea”.

La comisión de seguimiento con los sindicatos, finalmente, no tiene siquiera un calendario de reuniones y éstas, en cualquier caso, no serán siempre “presenciales”.