El fraude de la taquilla y la imagen del cine español

Que ciertos productores de cine español compraban decenas o cientos de entradas para alcanzar la cifra de recaudación necesaria para así poder acceder a las llamadas ayudas a la amortización es, desde hace mucho tiempo, un secreto a voces. Como lo es, también, que algunos exhibidores se prestaban a maquillar las cifras de recaudación de sus cines para que el fraude fuera todavía más refinado, es decir, más lucrativo. Aunque el ICAA y Hacienda han tardado mucho (demasiado) en reaccionar, nos alegramos de que al fin se hayan puesto en marcha las acciones necesarias para combatir este supuesto uso (uno más) fraudulento de las ayudas públicas.

De todas formas no deja de llamarnos la atención que la investigación haya saltado a las portadas de los periódicos justo la misma semana en la que se ha cerrado el período de alegaciones a una polémica Orden Ministerial que modifica el sistema de ayudas al cine español. Un nuevo sistema cuya novedad más significativa (lo han adivinado) es la desaparición de esas ayudas que están en el origen del fraude. Si bien la desaparición de las ayudas a posteriori nos parece una buena noticia (fundamentalmente, porque ligaba la ayuda al, ahora sabemos que “relativo”, éxito comercial de la película, sin tener en cuenta, por ejemplo, si dicha producción fortalecía o no la diversidad cultural de nuestro cine), no podemos dejar de advertir que este nuevo sistema está diseñado para consolidar la posición de dominio que las productoras de las televisiones ejercen sobre el cine español.

Que el propósito oculto (aunque no demasiado) de esta modificación de la Ley del Cine es el que acabamos de exponer, es algo que ha sido confirmado por otro Real Decreto (aprobado, como el anterior, con nocturnidad y alevosía: es decir, a pocas semanas de las elecciones) que regula el mecanismo a través del cual las televisiones destinan obligatoriamente un 5% de sus ingresos (6% las cadenas públicas) a la financiación del cine. A partir de ahora, y atendiendo a una de las reclamaciones históricas de las televisiones, gracias a este Real Decreto la producción propia de las cadenas podrá ser computada dentro de ese 5% de inversión obligatoria.

Es decir, en apenas un mes, dos modificaciones legislativas inspiradas por un mismo propósito: apoyar con dinero público a quien menos lo necesita. Dos reformas legislativas que atentan contra el principio que inspira tanto la Ley del Cine como la Ley General del Audiovisual: la protección y promoción de la diversidad cultural.

Como cabía esperar, no han tardado en aparecer las primeras voces que entienden esta operación como un episodio más dentro de esa campaña de desprestigio contra el cine español que, según parece, empezó a orquestaste como respuesta a las movilizaciones de los “artistas de la ceja”. El problema de este tipo de argumentos (que lo fían a todo a las conspiraciones) es que desvían el foco y nos impiden concentrarnos en las cuestiones de fondo.

Por un lado, en esa alarmante pérdida de diversidad que acabamos de denunciar. Y, por otro, en la imperiosa necesidad de empezar a pensar las políticas públicas desde otro lugar, desde otra perspectiva… Porque tal vez ya va siendo hora de reconocer que llevamos demasiados años dándole vueltas a un modelo (si es que se le puede llamar así) que ha fracasado estrepitosamente; llevamos demasiados años concentrando todas nuestras energías en el problema de las subvenciones (y el fraude de la taquilla y la reforma del sistema de ayudas han vuelto dirigir el foco de atención precisamente ahí) y hemos olvidado que los problemas de fondo del cine español van mucho más allá de los desajustes en el reparto de las subvenciones a la producción.

A las políticas públicas del cine y del audiovisual les hace falta un cambio de paradigma. En primer lugar, debemos empezar a pensar en el ciclo completo del producto audiovisual (creación, producción, distribución, exhibición, preservación del patrimonio, formación de públicos, acceso…). Es decir, debemos asumir, de una vez por todas, que por muchos esfuerzos que hagamos para fortalecer el tejido industrial (esfuerzos que no han dado, ni de lejos, los resultados esperados) si esas medidas no vienen acompañadas por otras que pongan el énfasis en la formación y en la consolidación de públicos y en el fortalecimiento de la distribución (tanto física como on-line) y de la exhibición (especialmente de aquellas iniciativas que apuestan por la diversidad) nos quedaremos siempre a medias. Porque de poco sirve producir 200 películas al año si después un porcentaje muy elevado de las mismas (que suele rondar el 25%) no llegan ni siquiera a estrenarse. Para apuntalar este cambio de paradigma, hace falta redefinir el estatuto y las funciones del ICAA para que dicho organismo deje de funcionar como un mero administrador de subvenciones y se convierta en un organismo capaz de diseñar un modelo integral para el audiovisual que atienda a todos los subsectores (cine, videojuegos, animación, producciones para televisión, webseries…).

Hace falta también desarrollar un nuevo sistema de ayudas que desvincule la financiación del cine de los Presupuestos Generales del Estado y la vincule (como sucede, por ejemplo, con el relativamente exitoso modelo colombiano) a los ingresos generados por la actividad del propio sector. Con estas y otras medidas se podrán empezar a mitigar los efectos altamente nocivos de esa imagen negativa del cine español que parece haberse instalado en el imaginario colectivo. Imagen negativa que a juzgar por las noticias de esta semana echa raíces en algo más que en esa campaña de desprestigio que para algunos es la coartada definitiva que explica todos los males del cine español.

Asier Aranzubia es profesor de la Universidad Carlos III, historiador del cine español y responsable del programa de Audiovisual de Podemos