Anticorrupción presenta una denuncia para que se investigue un “posible fraude de subvenciones” en Extremadura

La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude de subvenciones" en Extremadura.

Las entidades beneficiarias objeto de investigación han sido la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y sus asociados Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz, Federación Empresarial Cacereña y Federación Empresarial Placentina, además de los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura, así como fundaciones y entidades vinculadas a estas últimas (IFES Extremadura y FOREM Extremadura).

Los hechos, "dada su naturaleza y cuantía", pudieran ser "constitutivos de delitos de fraude subvenciones", artículos 308 y 310 bis CP., y "falsedad documental continuada" de los artículos 392, 390 y 74 CP, según informó la Fiscalía Anticorrupción en nota de prensa.

Como destacó en la nota, esta Fiscalía inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia del director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexcpe) del Gobierno de Extremadura, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia, "apoyada en un informe meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva", de "posibles irregularidades" detectadas en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011 , de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura.

Esta convocatoria estaba destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.

Asumidas las Diligencias de Investigación por la Fiscalía, con número 14/2015, se practicaron diversas actuaciones con el fin de contrastar los hechos, recabando "múltiples soportes documentales referidos", en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes, según informa Europa Press.

"Una vez recibida la prueba documental, y siempre bajo la coordinación de la Fiscalía, se organizó un proceso de investigación en el que participaron la Intervención General de la Junta de Extremadura, en funciones de auditoría, la AEAT, suministrando los datos de contraste fiscal y tributario, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la vertiente policial", añadió la Fiscalía Anticorrupción.

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De lo actuado hasta este momento, y "sin que ello prejuzgue ulteriores posiciones procesales", surgen "indicios relevantes" que "evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización de estas informativas para maximizar las garantías de los investigados, completar la búsqueda de la verdad material y dar cumplimiento al artículo 5 del EOMF conforme al cual  "...transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiere evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización...".

En términos generales "se han detectado irregularidades diversas" al existir "discrepancias y distorsiones" entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las subvenciones, y la "realidad del importe realmente pagado como costes de actividad siendo los primeros muy superiores a estos últimos".

El importe de las subvenciones cuestionadas sería de 1.707.106,93 euros en el caso de Creex, 400.133,27 euros en el supuesto de UGT Extremadura y 311.897,55 euros respecto a CCOO Extremadura.