Un abogado demanda a los ocho pueblos que se niegan a cambiar sus nombres franquistas

El abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz ha demandado a ocho municipios por no cambiar sus nombres con referencias a apellidos franquistas, tal y como establece la Ley de Memoria Histórica. Los pueblos demandados ante los juzgados de contencioso-administrativo de sus capitales de provincia son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Las demandas han sido aceptadas a trámite salvo las referentes a Llanos del Caudillo y Alcocero de Mola, que aún están pendientes de admisión.

Ranz presentó derechos de petición en febrero solicitando la redefinición de 11 pueblos, de los cuales Águeda del Caudillo (Salamanca) Queipo de Llano (Sevilla) y Bembézar del Caudillo (Córdoba) aceptaron cambiar su nombre: ahora se llaman Águeda, Cinco de la Riuela y Bembézar, respectivamente. El derecho de petición es el paso previo a que, transcurridos 45 días hábiles sin respuesta, se interponga la demanda, el paso dado por el letrado.

El abogado también presentó petición ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en febrero. El órgano, presidido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no admitió la solicitud por entender que no está en su mano actuar contra los pueblos. “Serán los jueces, y no los políticos, los que decidan sobre la Ley de Memoria Histórica”, afirma Ranz en un comunicado.

Los pueblos tienen 20 días para aportar el expediente administrativo y, posteriormente, se celebrarán los juicios. Ranz es más que optimista. “Hay una ley que se está incumpliendo”, afirma, en referencia a la Ley de Memoria Histórica, “y las leyes dicen lo que dicen”. La norma, aprobada en 2007, establece la retirada de “menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

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Un incansable luchador por la memoria histórica

Eduardo Ranz es un nombre ya conocido por todos los agentes implicados en la memoria histórica. El abogado ha denunciado en reiteradas ocasiones a varios alcaldes por no retirar la simbología franquista en sus municipios e incumplir la ley. También ha denunciado a 15 obispados y arzobispados por mantener los vestigios franquistas en sus propiedades.

“Me parece impresentable que un Gobierno, tras cuarenta años de democracia, no resuelva este problema. Por desgracia, las víctimas del franquismo sienten que si fueran otra clase de víctimas, la respuesta por parte del Estado habría sido radicalmente opuesta”, afirmó el pasado año en una entrevista concedida a infoLibre.