Los controles que impiden un pucherazo electoral como el que se denuncia en las redes sociales

Como consecuencia de la discrepancia entre los resultados del pasado 26J y lo que pronosticaban las encuestas, las redes sociales se han llenado en los últimos días de mensajes que alertan sobre la posibilidad de que se hubiera producido un fraude electoral. Aunque ningún partido ha dado pábulo a estas teorías, lo cierto es que, desde el pasado lunes, no dejan de circular mensajes de este tipo. Lo último ha sido una portada falsa de The New York Times con un artículo en el que se alertaría de este fraude. 

La realidad es que el sistema tiene controles técnicos y humanos que impiden que haya un pucherazo, es decir, una alteración masiva del resultado. No es imposible que se puedan producir errores involuntarios, pequeñas alteraciones en el cómputo o situaciones como el acarreo de votos denunciado en este reportaje. Pero, a la luz de los controles, sí parece altamente improbable que haya un vuelco de gran calado. Mucho menos, la desaparición de más de un millón de votos que perdió Unidos Podemos este 26J, como insinúan algunos usuarios de redes sociales sin que ningún responsable de la coalición haya refrendado estas insinuaciones. 

Hay que tener en cuenta que los interventores y apoderados de las formaciones políticas están presentes durante toda la jornada electoral y que también asisten al recuento. Por otro lado, la supuesta manipulación por parte de Indra, la empresa que se ocupa de la gestión informática del proceso, tampoco tiene sentido porque los resultados que esta empresa traslada a la red son provisionales y luego se tienen que ver refrendados por los analizados en las juntas electorales, que son los oficiales. 

infoLibre explica a continuación cómo funciona el sistema y de qué controles está dotado: 

  01. El escrutinio y la noche electoral

A las 20 horas cierran los colegios y llega el momento del escrutinio. El recuento es público y, por tanto, puede acceder cualquier ciudadano, aunque sin el derecho a formular reclamación o protesta alguna. Una vez abierta la urna el presidente de la mesa extrae, uno a uno, los sobres, los abre, lee cada papeleta en voz alta y la muestra a los dos vocales que hay en cada mesa, a los interventores y a los apoderados. Si estos últimos tienen dudas pueden pedirla para examinarla. 

El manual para los miembros de las mesas electorales que publica el Ministerio del Interior determina que pueden actuar ante la mesa un máximo de dos interventores por cada candidatura. La única condición es que presenten antes de las 8.30 horas de la mañana las credenciales correspondientes. Estas personas están autorizadas a comprobar la identidad de cada elector, así como si están inscritos en el censo y asistir al recuento. 

Una vez realizado el conteo, el presidente anuncia el resultado en voz alta y traslada los datos a las actas de escrutinio. Este documento es firmado por el presidente, los dos vocales y los interventores de las candidaturas. Cada uno de ellos se queda con una copia, se coloca otra en la entrada del local electoral y se le proporciona otra el representante de la Administración. También pueden tener una copia los apoderados o candidatos con la limitación de que sólo puede entregarse una copia del acta por candidatura. 

En estas actas se incluyen los siguientes datos: número de electores censados, número de votantes, número de votos nulos, número de votos en blanco, número de votos obtenidos por cada candidatura, en el caso de elecciones al Congreso de los Diputados, o por cada candidato o candidata, en el caso de elecciones al Senado.

Destrucción de papeletas 

Uno de los motivos alegados en una de las cartas que se han hecho virales estos días dando alas a la teoría de un supuesto pucherazo electoral [consulta, aquí] señalaba que las papeletas se destruyen una vez trasladado el resultado a las actas. El manual de Interior establece que las papeletas se conservan hasta que se comprueba que su número coincide con el de electores anotados en la lista numerada de votantes, es decir, la lista en la que los miembros de la mesa van apuntado a todas las personas que votan.

Sólo después se destruyen todas las papeletas salvo las nulas y las que han sido objeto de alguna reclamación. Los miembros de la mesa firman sobre cada una de ellas y el presidente de mesa –puede ser acompañado de un vocal, los interventores que lo deseen y un agente de la policía– las traslada junto al resto de documentación al Juzgado de Primera Instancia o de Paz correspondiente. 

Otra de las cuestiones subrayadas en la citada carta era que, una vez realizado el recuento, "faltaban un par de votos que no aparecían". Es decir, que el número de sobres no coincidía con el de electores anotados durante toda la jornada en la correspondiente columna de la lista numerada de votantes que realizan los miembros de la mesa bajo la supervisión de los interventores de los partidos. 

Cuando se producen este tipo de errores –señala un portavoz de la Junta Electoral Central consultado por infoLibre– se puede repetir el recuento tantas veces como sea necesario y siempre bajo la supervisión de los representantes de los partidos. Si sigue sin haber coincidencia es el presidente, considerado máxima autoridad en el local electoral, el que puede decidir qué hacer. 

Este mismo portavoz explica que si los interventores no están de acuerdo pueden dejarlo por escrito en el acta de escrutinio. Y ahí será la junta electoral correspondiente la que decida qué hacer. En el caso de que el resultado de esa mesa pudiera ser determinante para el resultado electoral –por ejemplo, haciendo bailar un escaño– podría llegar incluso a repetirse la elección y que los electores asignados a esa mesa electoral fueran llamados a votar de nuevo. 

  02. La participación de Indra en el proceso 

Algunos ciudadanos también están cargando las tintas contra Indra, compañía que tiene un papel determinante en el proceso electoral, aunque no en el recuento ni en los resultados definitivos. Tal y como explica un portavoz de la Junta Electoral Central (JEC), el Estado contrata a la empresa tecnológica para que procese los datos provisionales y se puedan ir haciendo públicos en la misma noche de las elecciones, lo que requiere de una infraestructura considerable, pero no para que cuente las papeletas. Hay que tener en cuenta que la publicación oficial de los resultados electorales, que se realiza en el Boletín Oficial del Estado, se puede producir hasta cuarenta días después de las elecciones.

De hecho, una vez que cada mesa electoral ha realizado el recuento siguiendo el procedimiento citado anteriormente, es el representante de la Administración –un funcionario o un empleado público– el que introduce los datos en un dispositivo electrónico (tableta, ordenador...) facilitado por Indra. Esa información se procesa en el Centro de Difusión de Datos ubicado en la Feria de Madrid (Ifema) y se va volcando en la página web creada para cada elección, en la que se recoge de forma explícita que se trata de resultados provisionales.

Un portavoz de Indra asegura que la empresa distribuye hasta 22.000 dispositivos electrónicos entre representantes de la Administración y que la mayoría de los resultados se transmiten a través de estos aparatos. De hecho, sólo en lugares en los que hay problemas de cobertura –en los que residen alrededor de 750.000 de las 34,6 millones de personas censadas en España– la transferencia de datos se sigue haciendo por vía telefónica. 

No obstante, la participación de Indra en estas elecciones llegó a ponerse en entredicho antes incluso del 26J después de que la tecnológica recuperara sin concurso público la tarea de "obtener y difundir" el escrutinio provisional de los resultados. Tras haberse encargado de esta tarea de forma ininterrumpida desde las elecciones de 1976, Indra perdió este contrato para las elecciones del 20D a favor de la catalana Scytl. 

La cuestión es que Indra recuperó el contrato para este 26J con una rebaja económica clave. Ofreció hacer el trabajo que le pedía el Ministerio del Interior por 3,9 millones de euros, cuando Scytl lo había hecho el 20D por 11,8 millones de euros. Un portavoz de Indra explica a infoLibre que esta rebaja se basa en varios factores, entre ellos, que el contrato incluía menos exigencias técnicas.

En esta ocasión se eliminaron, por ejemplo, las mesas administradas electrónicamente, lo que abarata el coste total en un tercio. El mismo portavoz –que insiste que la empresa no trabaja "a pérdida"– alude a otras cuestiones como el tiempo de ejecución del contrato, que se ha reducido de 30 a 90 días; o el ajuste en los precios de los proveedores, que han hecho propuestas más competitivas. 

Manipulación del censo

Otra de las teorías del supuesto pucherazo que han recorrido estos días las redes sociales aludía a una supuesta manipulación del censo que podría haber hecho desaparecer votos. ¿El argumento? Que el porcentaje de participación que aparecía en la página oficial de resultados del Ministerio del Interior para este 26J (69,67%) era prácticamente igual que el registrado el 20D (69,67%), cuando entonces votaron 25.438.532 personas y ahora 24.161.083.

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Lo que ocurre es que, aunque pudiera parecerlo, no se estaban comparando datos homologables. Los datos que se incluyen en la web habilitada para seguir los resultados desde la misma noche electoral son provisionales y no incluyen a los 1.920.256 españoles residente en extranjero, que están registrados en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). Mientras que los del 20D sí incluyen a este colectivo, en el que se dan tasas de abstención muy altas.

En cualquier caso, los únicos datos realmente oficiales –y que aparecerán publicados en el Boletín Oficial del Estado– son los que sistematiza la Junta Electoral Central (JEC) a través de las actas entregadas en los juzgados por los presidentes de mesa en la noche de las elecciones y que está firmadas por ellos y por los vocales y los interventores de las candidaturas. Estos datos oficiales son los únicos que ya incluyen la información completa, es decir, con el escrutinio de las urnas colocadas en colegios electorales españoles y en los consulados donde votan los expatriados. 

Este recuento oficial –en el caso de estas elecciones se realiza entre el 29 de junio y el 2 de julio–se lleva a cabo en las Juntas Electorales Provinciales, que están compuestas por tres vocales magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados mediante concurso por el Consejo General del Poder Judicial; y dos vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre catedráticos y profesores titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia.