Las nuevas guerras del agua: cómo evitar que el cambio climático seque los ríos españoles

El cambio climático ha dejado de ser una amenaza difusa, un cuento para asustar a los niños. Está teniendo repercusión en tiempo presente  y los Gobiernos ya trabajan en resistir a sus efectos en el futuro. En España, el previsible –y ya real– aumento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones afectará principalmente a los recursos hídricos. El agua no es ilimitada y el derecho a consumirla, para alimentar los sembrados y para abastecer los núcleos de población, ha sido históricamente un foco de tensión en el país. Aunque la lucha contra el calentamiento global se intensifique a partir de este momento, aunque las emisiones se reduzcan drásticamente y el compromiso de los Gobiernos sea radical en vez de transitorio, cada vez habrá menos del líquido elemento en nuestro país. Así lo aseguran todas las predicciones, hasta las más conservadoras. Las autoridades regionales y estatales ya están en la tarea de salvar ríos, lagos y embalses, fiscalizados por las asociaciones ecologistas, aunque el criterio de las instituciones ha sido puesto en duda: El Parlamento Europeo ha pedido retirar varios planes hidrológicos por su presunto desprecio al medioambiente.

El primer paso es vaticinar hasta dónde llegará el calentamiento global. Las Vías de Concentración Representativas (RCP, siglas en inglés) son trayectorias de predicción del aumento de la temperatura media del planeta a partir de cuatro escenarios de emisiones contaminantes. Las cuatro previsiones llevan el nombre del rango de grados en los que el clima podría variar, en comparación a los valores preindustriales: RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. RCP 2.6 trabaja sobre un escenario en el que el pico de emisiones se alcanza esta misma década, y luego decrece: en la predicción más catastrofista, RCP 8.5, la polución no frena hasta que termine el siglo. Estas trayectorias son usadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), organismo de referencia internacional en este ámbito, y sustituyen desde su quinto informe de 2014 a los ya antiguos escenarios A2 y B2.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) utiliza las RCP para realizar sus pronósticos sobre la incidencia del cambio climático en España, y dan miedo, una auténtica "barbaridad" en boca de fuentes del organismo. Si no hacemos nada (RCP 8.5), para finales del siglo XXI la región mediterránea experimentará incrementos medios de temperatura de 3,8º y de 6,0º en los meses invernales y estivales, respectivamente. Las precipitaciones se reducirían un 12% en invierno y un 24% en verano. Si el Acuerdo de París no se convierte en papel mojado y las emisiones echan el freno, las predicciones son más benignas. Pero del calor nadie nos libra. "La atmósfera tiene una gran inercia", explica a infoLibre el técnico de Aemet Ernesto Rodríguez. "En mayor o menor grado vamos a sufrir un aumento de temperaturas y un descenso de las precipitaciones".

Una situación que los ríos sufrirán con especial intensidad. Afectará al nivel de evapotranspiración –el agua que vuelve a la atmósfera desde el suelo, que aumentaría hasta un 21% a final de siglo en el peor escenario– de precipitaciones en las cuencas españolas –que perderán entre un 5% y un 17% en este siglo–, y, en consecuencia, de escorrentía: la cantidad de agua que circula por nuestros ríos. Las aguas subterráneas también se verán perjudicadas. En total, el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que sirve de referencia a los principales agentes, pronostica a partir de varias proyecciones que, si no echamos el freno, contaremos en España con un 28% menos de agua en 2070 (un 14% aunque el planeta deenga las emisiones). Sea cual sea el escenario final, hay mucho que gestionar.

España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas. La mayoría ya trabaja con los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), que regulan la administración del agua en estas divisiones territoriales y, entre una multitud de detalles, establecen las medidas a llevar a cabo para mitigar los efectos del cambio climático. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 trabajaba con una previsión de un 5% menos de aportaciones de cara a 2027 y propuso un programa de acciones a ejecutar por administraciones y usuarios con un coste de 4.800 millones de euros por año. En la redacción del documento se incidió en el saneamiento y la depuración de los ríos para reducir la vulnerabilidad de los sistemas ante la disminución de la aportación, la restauración ambiental de estos espacios naturales, la mejora de zonas con contaminación puntual y en la necesidad de una vuelta de tuerca a la gestión de los cultivos de regadío, ya que las plantaciones consumen la mayor parte del agua del país.

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 planteaba en este sentido la modernización de los regadíos, con intención de continuar el esfuerzo realizado para reducir la cantidad de contaminantes que retornan al medio natural y, por consiguiente, fortalecer a los ríos ante las acometidas del efecto invernadero. Ecologistas en Acción, en un informe de 2015, alerta de que la incidencia del cambio climático en las aguas españolas solo se podrá capear si no se crea ni una hectárea más de regadío en el país, aunque apoya firmemente el trabajo en la eficiencia de los cultivos. No se quedan ahí: añaden que "debería iniciarse una reducción progresiva de la superficie de regadío actual, de algo más de cuatro millones de hectáreas, hasta alcanzar un máximo para el conjunto del país de tres millones de hectáreas regadas".

No es la única crítica que la asociación ecologista vierte sobre el plan del Ebro en particular y sobre los planes hidrológicos en general. Consideran que los del segundo ciclo (2015-2021) contienen previsiones sobre los efectos del clima "deficientes", ya que el último año cuyas aportaciones hídricas consideran es 2011/2012. "En algunos planes la situación resulta especialmente penosa", denuncian, puesto que en ciertas demarcaciones el último año analizado es 2007/2008 o 2005/2006, como en el caso del Ebro.

Además, Ecologistas en Acción señala un presunto sesgo en el cálculo. Para estimar las reducciones en las aportaciones en las últimas décadas, las demarcaciones comparan series de registros. La asociación acusa a las autoridades de que en los planes que cuentan con 2012 como último año analizado se compara la serie corta (de 1980/81 a 2011/12) con la serie larga (1940/41 a 2011/2012), lo que puede desviar las conclusiones. "Las reducciones quedan parcialmente enmascaradas o al menos suavizadas, pues de hecho se comparan series que cuentan con 15 años comunes a ambas", explica el informe, que concluye el capítulo arguyendo: "Subyace la intención por parte de las administraciones hidráulicas de minimizar el dato que refleja la reducción de los recursos hídricos disponibles en los últimos años".

La Dirección General del Agua contesta a estas acusaciones en un correo electrónico remitido a infoLibre en el que sostiene que la elaboración de los datos que contienen las series de referencia es un proceso "lleno de dificultades", por las "particulares características físicas" que condicionan la escorrentía de cada cuenca y por las actividades del hombre en el territorio. Cada plan recoge, con todos los datos finalmente disponibles, "la información que los expertos de la propia cuenca han considerado más precisa", señalan.

El Parlamento Europeo pide retirar dos planes

Más allá de los debates relativos al cambio climático, los planes hidrológicos del Ebro y del Tajo saltaron a la palestra la semana pasada por la enésima reprimenda de Europa a la gestión medioambiental española. El europarlamentario Pal Csaky, del Partido Popular Europeo, visitó las cuencas del Ebro y del Tajo el pasado mes de febrero y emitió un informe muy crítico con la labor de las autoridades españolas que este miércoles fue aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Recomienda retirar los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Ebro. 

En teoría, los planes de gestión deben ser acordes con la Directiva Marco de Agua (DMA), una norma del Parlamento Europeo del año 2000 que establece que los criterios medioambientales deben pesar tanto como los económicos a la hora de regular los recursos hídricos y garantizar un uso sostenible del agua. Una de las herramientas para apuntalar la sostenibilidad es el caudal ecológico, que establece el agua necesaria para preservar el buen estado del ecosistema fluvial garantizado por su flora y fauna, su paisaje o la ausencia de contaminación.

El documento, a grandes rasgos, concluye que los segundos ciclos aprobados siguen sin cumplir la DMA y, por ello, siguen sin preservar con la suficiente intensidad el entorno natural de nuestros ríos. Señala que el caudal ecológico no solo hace referencia a la cantidad de agua, sino que ésta debe contar con una correcta composición química, y pide al Gobierno un informe independiente sobre si los caudales ecológicos establecidos en los planes son los suficientes para proteger la biodiversidad por la que vela la Red Natura 2000.

Las reacciones han sido variopintas. La Plataforma en Defensa del Ebro fue la que solicitó la intervención europea en la gestión del río. Señalaron que, aunque el informe no es vinculante, es un "punto clave" para que la queja prospere y la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción, según recoge La Vanguardia. El periódico se hizo eco también de las palabras de uno de los portavoces del colectivo de entidades, que afirmó que la petición "reconoce que la gestión del agua en España no es adecuada para un país moderno". En el otro lado del espectro de intenciones, prioridades y pretensiones se encuentra la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, cuyo presidente, Andrés del Campo, quitó legitimidad al Parlamento Europeo para analizar la gestión hídrica española y aseguró que los caudales ecológicos ya son "demasiado ambiciosos" y que los usuarios "ya han cedido mucho".

La Dirección General del Agua asegura a infoLibre que el 53% de la inversión –45.000 millones de euros– de las medidas de todos los planes de cara a 2033 es relativa a cumplir objetivos ambientales. "La planificación hidrológica española da prioridad" a estas metas ecológicas, defienden.

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El agua y sus tensiones históricas

La lucha contra el cambio climático y la preservación del medioambiente en las cuencas de España son dos nuevos frentes que se suman al histórico de los trasvases, un recurso para repartir el agua española y satisfacer las demandas de toda la población, y que son motivo periódicamente de las llamadas guerras del agua. El Gobierno autorizó el pasado 8 de julio un nuevo trasvase del río Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, que se suma a varios aprobados durante 2015 y 2016. El conflicto afecta incluso a compañeros del mismo partido, como fue el caso del que recibió luz verde en febrero de este año y que enfrentó al PSOE de Castilla-La Mancha y al de Valencia. Los primeros criticaron la medida por la mala situación de los embalses y a los primeros los diez hectómetros firmados les parecieron insuficientes.

Pero el que se lleva la palma es el gigantesco y polémico proyecto del trasvase del Ebro, que iba a repartir las aguas del río por la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. En esta última provincia fue donde Aznar puso la primera piedra en 2004 de un proyecto incluido en el Plan Hidrológico Nacional, al que Zapatero dio carpetazo para, en teoría, no volver a retomarse nunca más. Fue una de las primeras batallas de la gestión del agua en España, a la que le quedan múltiples retos que afrontar para no convertirse en un verdadero problema social.