La ley rusa sobre los “agentes extranjeros” amordaza a las ONG

Cuatro años después de la adopción de la ley sobre los “agentes extranjeros”, Amnistía Internacional hace balance de una reglamentación tan grotesca como surrealista, pero muy eficaz para callar a la sociedad civil. El Ministerio ruso de Justicia ha incluido en el registro 148 ONG, lo que va en detrimento de la reputación de estas organizaciones. De ellas, 27 han echado el cierre.

Han pasado cuatro años desde la entrada en vigor, el 21 de noviembre de 2012, de la ley federal nº 121-FZ, destinada a “regular las actividades de las organizaciones no comerciales que actúan como agentes extranjeros”. Cuatro años en los que las ONG más respetadas del país se han peleado con las indescriptibles trabas administrativas. De ellas, 148 han sido incluidas forzosamente en el registro del Ministerio de Justicia de “agentes extranjeros”, 27 de las cuales se han visto obligadas a renunciar al trabajo que llevaban a cabo o suspenderlo provisionalmente.

La ley, que ve la luz en un contexto de desconfianza general hacia los “enemigos exteriores” de Rusia, prevé que cualquier “organización no comercial” que reciba, aunque sea en parte, financiación del extranjero y que ejerza una “actividad política” es susceptible de ser considerada agente extranjero. Por “actividad política” se entiende cualquier acción dirigida a “influir en las decisiones que toman los poderes públicos” y a “actuar sobre la opinión pública”. Un ámbito de aplicación que se amplió, en junio de 2016, después de que el texto fuese enmendado para incluir ahora cualquier forma de “comentario” sobre política gubernamental o acción de los poderes públicos.

Para acallar las críticas, el Kremlin dice que se ha inspirado en las legislaciones vigentes en otras partes del mundo, como la ley FARA (Foreign Agents Registration Act), adoptada en Estados Unidos en 1938 para hacer frente a la propaganda nazi, un texto que no impide a las ONG estadounidenses beneficiarse de apoyo financiero por parte de organizaciones y de países extranjeros y que no requiere que se registren.

En Rusia, la ley, aplicada hasta el absurdo, ha servido sobre todo para amordazar a la sociedad civil. En un reciente informe –Agents of the People: Four Years of Foreign Agents Law in Russia (sólo disponible en inglés)–, Amnistía Internacional repasa el caso de una decena de ONG convertidas en “agentes extranjeros” en circunstancias a veces grotescas. Organizaciones que trabajan en su mayoría con gran dedicación, en los puntos más recónditos de Rusia, en “asuntos de lo más variados, sobre todo relacionados con la discriminación, la protección de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, la preservación de la memoria histórica, la investigación universitaria, la reforma de la justicia penal y del sistema penitenciario, los derechos de los consumidores y las cuestiones vinculadas con el medio ambiente” y que tienen “en común, la voluntad por hacer que los ciudadanos evalúen de forma crítica las políticas del Gobierno”.

Ser considerado un agente extranjero tiene importantes implicaciones: “Una vez declarado agente extranjero, la ONG acaba sometida a todo tipo de controles. Cada trimestre, debe facilitar información sobre sus gastos. Dos veces al año, ha de presentar un informe detallado sobre sus actividades y sus dirigentes y someterse a una auditoría financiera anual. Además, la calificación de agente extranjero debe figurar en todas las publicaciones, en su página web y en todas las entrevistas que hace. El resultado, es que nadie quiere relacionarse con una ONG marcada de ese modo”, explica Stephania Kulaeva, responsable de ADC Memorial (una ONG de San Petersburgo que trabaja en defensa de los derechos de los romaníes y de los migrantes y una de las primeras que se vio obligada a dejar Rusia).

Inicialmente ninguna ONG aceptó inscribirse voluntariamente en un registro así. Pero las cosas se aceleraron en la primavera de 2014, cuando el Ministerio de Justicia pudo llevar a cabo registros automáticos. Mientras la Fiscalía ponían en marcha, en paralelo, muchas acciones contra los más reticentes.

Pese a que la ley recoge que las “actividades dirigidas a proteger el mundo vegetal y animal” no deben ser consideradas como “políticas”, 21 organizaciones que trabajan en defensa del medio ambiente figuran actualmente en el registro de “agentes extranjeros”.

El centro medio ambiental Dront (cuyo nombre hace referencia al dodo, ave extinguida a finales del siglo XVII), con sede en el centro de Rusia, figura en el registro desde mayo de 2015 por haberse financiado por tres vías: “por recibir 500 rublos (unos 7 euros) de la ONG Bellona-Mourmansk por una suscripción al diario de Dront, Berenginja; por recibir un préstamo de otra ONG de defensa del medio ambiente que también es considerado agente extranjero, Zelenyi Mir (Mundo verde), que Dront devolvió antes de la inspección; y, todavía más sorprendente, por una subvención de Sorabotnichestvo, fundación gestionada por la Iglesia ortodoxa rusa”, constata Amnistía Internacional.

“Se ha demostrado que [la Iglesia] recibe aportaciones de Chipre y es porque nuestro ministerio regional de Justicia –en estricta conformidad con la ley– ha contabilizado este dinero como 'extranjero'”, explica Ashkat Kaïoumov, uno de los responsables de Dront. Resultado: desde 2015, Dront está en el punto de mira y ha perdido financiación de grandes empresas rusas. Por ejemplo, el destinado a incluir en los jardines de infancia de la región de Nijni Novgorod plantas conocidas por sus propiedades antibacterianas...

Unión de Mujeres del Don

Dront, el 1 de febrero de 2016, tras perder sus recursos ante la Justicia y tras ser condenada a pagar una multa de 300.000 rublos (unos 4.300 euros), decidió suspender temporalmente sus actividades. La ONG, rebautizada como Dodo, presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre y sigue trabajando como organismo público no registrado, para lo que no precisa autorización oficial alguna.

Dront paga de este modo su vinculación con la ONG Bellona-Mourmansk, también en el punto de mira de las autoridades rusas.

La fundación Bellona, creada en 1986, una organización independiente que tiene oficinas en Bélgica, en Noruega y en Rusia, goza de gran prestigio en todo el mundo por los informes independientes y muy elaborados que realiza sobre la polución radiactiva e industrial. Ya en febrero de 1986, los servicios de inteligencia rusos acusaron a uno de sus expertos, Alexander Nikitin, de espionaje cuando hacía un reportaje para Bellona relativo a la seguridad nuclear de la flota rusa del Norte. Finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo ruso en 2000.

En 2013 y en 2014, Bellona-Mourmansk pasó por varias inspecciones que no probaron que violase la ley sobre los agentes extranjeros. Pero en 2015, un exempleado descontento solicitaba a la Fiscalía de Mourmansk que llevase a cabo una nueva investigación. Los inspectores se centraron en un informe sobre la contaminación industrial en la región costera del mar de Barents, realizado por la delegación noruega de Bellona. Consideraron que dicho trabajo pretendía crear “una opinión pública negativa relativa a la legislación medioambiental rusa”, lo que era, según ellos, una actividad política.

En octubre de 2015, tras ser calificada de agente extranjero y ser sometida al ostracismo por las autoridades locales, la ONG se vio obligada a echar el cierre. Desaparecía con ello “en Mourmansk, una voz autorizada en cuestiones medioambientales”.

Amnistía deja constancia del ensañamiento con el que las autoridades rusas atacaron a la Unión de Mujeres del Don. Fundada en 1993, esta organización regional con sede en Novotcherkassk, en la región de Rostov-sur-le-Don (sur de Rusia) defiende los derechos de mujeres y niños, apoya a las familias en dificultad y ofrece asesoría jurídica. También se ha especializado en el diálogo entre las diferentes comunidades en situaciones postguerra, como sucede con Chechenia y Georgia, y en prestar apoyo psicológico a los antiguos combatientes. La ONG también ha trabajado con las víctimas de la toma de rehenes de Beslán que, en septiembre de 2003, causó más de 300 muertos (entre ellos 186 niños), en el sur de Rusia.

Poco después de la adopción de la ley relativa a los "agentes extranjeros" llegaron los problemas. En la fachada de la ONG, en Novotcherkassk, apareció un grafiti en el que se leía: “Recepción del departamento de Estado norteamericano” y, más tarde, alguien lanzó por la ventana una piedra con la inscripción: “Hola del departamento de Estado norteamericano”.

La Unión de Mujeres del Don, que contó con el apoyo, durante mucho tiempo, de las autoridades locales, terminó por ser considerada en 2014 “agente extranjero”. Los integrantes de la asociación crearon otro colectivo: la Fundación de Mujeres del Don ¡incluida en octubre de 2015 en la lista negra del Ministerio de Justicia! Una de sus responsables, Valentina Tcherevatenko, a día de hoy tiene cuentas con la Justicia por “haberse sustraído deliberadamente a sus responsabilidades”, conforme a la ley sobre los “agentes extranjeros”. Puede ser condenada a dos años de cárcel.

Otra víctima de la ley liberticida es el centro Maximum de Mourmansk que, desde 2007, ofrecía apoyo social, psicológico y jurídico a los miembros de la comunidad LGTB. Y que declaró la quiebra en octubre de 2015, tras calificar de inaceptable el hecho de ser considerado agente extranjero.

La ONG y sus responsables ya habían estado en el punto de mira de los círculos patrióticos de extrema derecha. En enero de 2015, una inspección del Ministerio de Justicia estimó que los calendarios de bolsillo (editados por otra organización de defensa del colectivo LGTB), folletos y periódicos, que contenían recomendaciones para oponerse a la legislación que ahora reprime la comunidad LGTB, podían considerarse “actividades políticas”. Llegaron a utilizar contenidos de la cuenta privada en Vkontakte (el Facebook ruso) del director de Maximum, Sergei Alekseenko, para sostener la acusación.

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Traducción: Mariola Moreno

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