El Gobierno confía en que el desacuerdo de la oposición dilate la derogación de las leyes estrella de Rajoy

"Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar". Así se manifestaba el pasado noviembre Mariano Rajoy en el pleno de control del Congreso de los Diputados a una pregunta del líder de Podemos. Pablo Iglesias quería saber cómo pensaba el Gobierno "aplicar las decisiones del Legislativo", del Parlamento. Y el jefe del Ejecutivo dejó claro que sólo se siente obligado por las proposiciones de ley, no por las proposiciones no ley, que no tienen carácter vinculante. La Cámara baja ha dado ya luz verde a proposiciones de ley de la oposición que pretenden revertir iniciativas de la X Legislatura, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta. Es el caso, por ejemplo de la polémica ley mordaza. 

¿A partir de cuándo prevén los conservadores que sean efectivas las derogaciones o reformas de algunas de sus leyes estrella? Las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que la ley de seguridad ciudadana no tendrá recambio antes de seis meses. "Es muy difícil calcular con exactitud. Pero teniendo en cuenta las prórrogas en los plazos de enmiendas, esto no ocurrirá antes de seis o nueve meses", señalan. 

Hay otro factor que los conservadores meten en la coctelera a la hora de calcular los plazos. Señalan que no fue difícil que el Parlamento se pusiese de acuerdo a la hora de derogar la ley mordaza o de abrir la revisión de la Justicia Universal. Pero están convencidos de que no va a ser fácil que ahora la oposición se ponga de acuerdo en cómo deben quedar los textos definitivos. 

Así, el Gobierno y el PP confían en que el desacuerdo de los partidos dilate la derogación de aquellas leyes que consideran son la columna vertebral de la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy (2011-2015).

A día de hoy, el registro del Congreso da cuenta de más de 70 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. El grueso de ellas está pendiente de pasar por el Pleno para su toma en consideración. 

Las enmiendas y el veto en el Senado

Una vez que la institución da entrada a las iniciativas, tras calificarlas, la Mesa del Congreso ordena su publicación y remisión al Gobierno para que manifieste su conformidad en función de si considera que supone aumento o disminución de créditos presupuestarios. Si en 30 días el Ejecutivo no se ha pronunciado, el texto ya puede ser incluido en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. En el momento en el que recibe la luz verde en el Pleno, el órgano de Gobierno de la Cámara acordará su envío a la comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas. Una vez concluido el plazo de enmiendas, la ponencia redacta un informe que posteriormente es debatido en comisión. De este debate resulta un dictamen, que pasa a Pleno y de ahí al Senado, Cámara de la que debe volver al Congreso para la aprobación definitiva.

La Cámara alta, donde el PP sí tiene mayoría absoluta, dispone de dos meses para pronunciarse. 

El reglamento del Congreso fija el plazo de dos meses para el trabajo de las Comisiones, pero la Mesa está facultada para fijar prórrogas en los plazos. Es lo que suele ocurrir en el de presentación de enmiendas. Esta es otra de las armas a las que pueden recurrir los grupos políticos como estrategia a la hora de dilatar el trabajo legislativo. En esta legislatura, los conservadores disponen de otro arma para ralentizar el proceso de aprobación de las leyes que les sean más incómodas: el veto en el Senado. 

El veto en la Cámara alta es, no obstante, un asunto transitorio en esta XII Legislatura. El Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o por mayoría simple transcurridos dos meses. Con UPN y Foro Asturias, el PP suma 137 escaños de los 350 del Congreso, por lo que el resto del arco parlamentario puede conformar una mayoría absoluta (situada en 176 diputados).

A día de hoy hay cuatro proposiciones de ley ya en proceso que suponen un cuestionamiento del legado legislativo de Rajoy. Se trata, además de la citada ley mordaza, de la ley de mejora de la Justicia Universal, de la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional y de la que aboga por mayor pluralismo en RTVERTVE.

La toma en consideración de la proposición de ley sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos fue aprobada en el pleno por amplia mayoría. Los conservadores se sumaron para evitar la imagen de derrota, pero no pasa inadvertido que la iniciativa, del Partido Socialista, pretende la vuelta al modelo de elección instaurada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

La proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal, presentada por ERC, ya va por la cuarta prórroga del plazo de presentación de enmiendas en la Comisión de Justicia, así que la reforma no verá la luz en un plazo breve.

Ocho veces se ha prorrogado ya el plazo para la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, presentada por el PNV. 

Entre otros asuntos, la iniciativa, aprobada en solitaria por el PP en el último tramo de la X Legislatura, dotó al TC de nuevos medios para conseguir que sus resoluciones se cumplan. Entre las facultades que se le otorgan está la de la suspensión cautelar de los cargos que desobedezcan sentencias. La iniciativa vio la luz en un momento clave de la escalada soberanista y todas las actuaciones del Gobierno para frenar a la Generalitat ya están bajo el paraguas de esta ley.

Por su parte, hay dos iniciativas ya en trámite relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana: una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, del PNV, y otra proposición sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la del PP, presentada por el PSOE. Ambas están en la Comisión de Interior en fase de enmiendas.

El Gobierno asume que la oposición usará la corrupción para "erosionar" a Rajoy en el debate de Presupuestos

Ver más

El recurso ante el TC: el 'plan B'

Pero hay otras iniciativas que el Gobierno ha vetado. En lo que va de Legislatura, el Ejecutivo ha echado atrás una veintena de proposiciones de ley de los grupos de la oposición apelando a la facultad que le otorga la Constitución de vetar aquellas iniciativas que impliquen un compromiso presupuestario.

El choque a costa de los vetos no es solo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios autores de las iniciativas en cuestión. También es a nivel institucional. El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa dos acuerdos del Consejo de Ministros en los que se queja de que la Cámara haya levantado los vetos previos del Gobierno. El primero tiene que ver con una iniciativa del PSOE  de reforma del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. El segundo, que también parte de una iniciativa del PSOE, tiene que ver con la suspensión del calendario de implantación de la Lomce.