La muerte de Blesa abre interrogantes sobre el caso de las preferentes y las pesquisas por sus vínculos con un paraíso fiscal

La súbita desaparición del banquero Miguel Blesa, muerto este miércoles de un disparo en el pecho en lo que las primeras hipótesis presentan como un suicidio o un accidente, ha abierto una panoplia de interrogantes sobre el futuro de las investigaciones penales en que se había visto involucrado.

Una vez extinguida cualquier responsabilidad penal que pesara sobre Blesa, una de las grandes incógnitas reside en si los otros investigados en las dos causas judiciales que tenía pendientes –la de las preferentes, en fase de instrucción e hibernada en la práctica, y la de los sobresueldos para directivos de Caja Madrid, donde la Fiscalía le pedía cuatro años de cárcel– intentarán modificar su estrategia tras el fallecimiento del principal investigado. Hay una segunda cuestión pendiente: la de qué sucederá con una tercera investigación que en marzo aún no había sido judicializada y que había emprendido la Fiscalía Anticorrupción tras descubrir los nexos de Blesa con una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

En febrero, Blesa ya había sido sentenciado a seis años en el caso de las tarjetas black por apropiación indebida y administración desleal. El tribunal consideró que no había motivo para privarle de su libertad en tanto el Supremo no se pronunciara sobre el recurso interpuesto por parte de los 65 condenados, entre ellos el propio Blesa y Rodrigo Rato.

Además de la condena a prisión, el tribunal le impuso como responsabilidad civil el pago de más de nueve millones de euros. ¿Se verán obligados su herederos a pagar esa cantidad si aceptan la herencia de Blesa? Los expertos consultados por este diario aseguran que sí. Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2013 establece que la muerte extingue la responsabilidad penal, pero no las obligaciones de responsabilidad civil, sea cual fuera la fuente de la que nazcan. Y el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "la acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil".

La tentación de cargar las culpas al fallecido

Este miércoles, infoLibre consultó con dos abogados de las acusaciones personadas en la causa de las preferentes, el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, que ahora representa a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y Laia Manté, de 15MpaRato. Ambos se mostraron cautos sobre el eventual giro que la sorpresiva muerte de Blesa puede imprimir al procedimiento aunque creen posible que quienes pertenecían al consejo de Caja Madrid se vean tentados de cargar todas las culpas sobre el fallecido con el argumento de que aquella era una entidad "presidencialista".

Ambos, Herzog y Manté, coinciden en que la instrucción lleva "mucho tiempo" atascada –"está como en una especie de limbo", resume el exdiputado– y temen que el juez Fernando Andreu acabe por dar carpetazo a esta pieza separada una vez concluya la instrucción sobre la pieza que ahora centra su atención, la de la salida a bolsa de Bankia. "Tengo la impresión –desliza Manté– de que el juez ya quería archivar y si el principal responsable ya no está, con más motivo".

La emisión de preferentes lanzada por Caja Madrid en 2009 –Andreu rechazó investigar la comercialización y ha limitado las investigaciones al lanzamiento del producto– hizo que más de 300.000 clientes de la entonces boyante entidad de ahorro se hicieran con títulos de esa clase por unos 3.000 millones de euros. Al comprarlos, buena parte de los clientes creyeron estar ante una especie de depósito sin riesgos. Y que podrían recuperar su dinero cuando quisieran. No fue así. 

Los sobresueldos de los directivos

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Siendo, por la envergadura de sus consecuencias, una de las piezas de mayor envergadura del llamado caso Bankia, la de las preferentes no constituía por tanto para Blesa la mayor amenaza. O, al menos, la más inminente. En cambio, la de los sobresueldos aplicados a los directivos de Caja Madrid a partir de 2008 implicaba para el banquero el riesgo de una segunda condena a cárcel. Presentado en febrero, el escrito de calificación del fiscal Conrado Sáiz sostiene que Blesa incrementó el salario de nueve directivos de Caja Madrid un 16% en 2008 de manera arbitraria, y "desobedeciendo" al consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento del 4,5%. Además de incrementar los sueldos cuatro veces más de lo que se había pactado, ni siquiera se informó a la comisión de retribuciones. 

Pero el de los sobresueldos tampoco era el último riesgo penal que le quedaba por afrontar a Blesa. Un nuevo frente se le abrió en febrero, justo tras la condena por las tarjetas black. Fue entonces cuando se supo que la Fiscalía estaba investigando sus nexos con una sociedad localizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes denominada Danforth Investments. Lo reveló el propio fiscal Alejandro Luzón, ahora jefe de Anticorrupción, cuando entregó al tribunal de las black un informe de la Policía sobre Danforth para sustentar su tesis de que el expresidente de Caja Madrid debía ingresar ya en prisión o, cuando menos, quedar sujeto a una fianza de hasta 100.000 euros. infoLibre preguntó este miércoles a los portavoces de la Fiscalía en qué punto se encuentran esas diligencias, que entonces no estaban aún judicializadas. No hubo respuesta.

Tampoco ha trascendido si esa investigación se dirigía solo contra Blesa o si por el contrario afecta o afectaba también a otras personas. La relación de Blesa con Danforth afloró en abril de 2016 tras la publicación de los papeles de Panamá. En aquella fecha El Confidencial confirmó el vínculo triangular entre Danforth, Blesa y la empresa de equipamiento bélico Einsa. En diciembre de 2013 y tomando como fuente los correos secretos de Blesa, infoLibre había desvelado que el expresidente de Caja Madrid le buscó a José María Aznar un contrato de comisionista con Einsa. Aznar, tajante, aseguró que jamás "concluyó" ningún contrato con Einsa.