El cargo de Adif responsable de la seguridad de Angrois dice que desconocía que se había cambiado el proyecto original

El exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, que está siendo investigado, aseguró este jueves ante el juez que desconocía el cambio de proyecto en la línea Ourense-Santiago, que supuso eliminar el sistema de control continuo de la velocidad (ERTMS) de los últimos kilómetros del trayecto, incluida la curva en la que se produjo el siniestro.

Así, según fuentes consultadas por Europa Press, Cortabitarte trató de desviar responsabilidades señalando a Renfe —en concreto al responsable de seguridad de la operadora ferroviaria— y a Ineco —la empresa de consultoría de la que Renfe y Adif se reparten más de la mitad del accionariado—.

Además, este jueves el ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas, único perito nombrado por sorteo en la causa que trata de determinar las responsabilidades penales por el accidente del Alvia, ratificó este jueves que la evaluación integral del riesgo en la línea era "normativamente necesaria".

Así lo afirmó ante el juez que instruye el caso, Andrés Lago, y después de que el perito Juan Carlos Carballeira modificase parcialmente sus conclusiones, ya que, tras afirmar que el análisis integral "no era obligatorio", este jueves opinó que esta evaluación "completa" sí era preceptiva pero también "se había hecho" en la línea Ourense-Santiago.

La plataforma de víctimas del accidente del Alvia consideró, en declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados, que lo que dijera ante el juez instructor el perito designado por la Xunta no tiene "validez", por no ser "un experto" en materia ferroviaria. También expresó que el cargo de Adif investigado en la causa, Andrés Cortabitarte, "tiene que dimitir".

Un nuevo impulso

La instrucción judicial por el accidente del tren Alvia, que ocurrió hace cuatro años en el barrio compostelano de Angrois, donde 80 personas murieron y 144 resultaron heridas, tomó este jueves un nuevo impulso, después de que declarara el cargo público investigado, Andrés Cortabitarte, quien ocupó la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif de 2006 a 2013.

Su comparecencia, la primera en la que el investigado —ahora ratificado por la Audiencia Provincial— accedió a hablar, aunque solo a las preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, supuso que otros dos nombres estén ahora señalados: los de Renfe e Ineco, empresas públicas a las que el abogado de Cortabitarte ya había apuntado en escritos entregados al juez.

Al margen de la posibilidad de que el instructor decida llamar a declarar a otros responsables técnicos —en calidad de investigados o como testigos—, como pidieron tanto la plataforma de víctimas como el letrado de alguno de los afectados, será determinante para el devenir de la investigación el informe que emita para el juzgado la Agencia Ferroviaria Europea.

Este ente de la Unión Europea ya dictaminó hace meses que el análisis de riesgo era obligatorio en la línea Ourense-Santiago y no se realizó correctamente, con lo que, de volver a pronunciarse en este sentido, dará base mayor para la atribución a Cortabitarte de 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, cargos que pesan sobre él por haber "indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgo".

La seguridad, cosa de Adif y Renfe

Sin embargo, la estrategia de este cargo público —actualmente subdirector de gestión logística de aprovisionamiento en Adif— se centra en tratar de desviar responsabilidades a otros, empezando por el maquinista —al que el juez también achaca los mismos delitos— y acabando por el propio responsable de seguridad de la operadora ferroviaria, así como la consultora de la que Renfe y Adif poseen más del 50% del accionariado (Ineco).

Precisamente una de las víctimas del siniestro, Teresa Gómez-Limón, ya solicitó el pasado mes de abril investigar al que fue director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares.

La Agencia Ferroviaria Europea, organismo que ayuda a integrar las redes ferroviarias europeas haciendo que los trenes sean más seguros, mantuvo una comunicación a finales del pasado año con la plataforma de afectados.

En su escrito, que forma parte del sumario pues fue aportado por las víctimas, el jefe de la unidad de seguridad de la Agencia, Christopher Carr, asevera que tanto Adif como Renfe estaban obligados por la directiva de seguridad ferroviaria (de 2004) a "establecer un sistema de gestión de la seguridad".

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Estos avances en la instrucción judicial se producen, precisamente, la semana en la que se conmemoró el cuarto aniversario de la tragedia.

Las víctimas y sus familiares regresaron a la capital gallega una vez más en demanda de "verdad, justicia y reparación", y con lo que interpretan como un respaldo de Europa a su "lucha" por que se depuren "todas las responsabilidades", tanto en el ámbito político (en el Congreso de los Diputados) como en el penal (en sede judicial).

Las circunstancias han motivado, a lo largo de todo este tiempo, que el caso cuente ya con dos jueces instructores y dos fiscales. El segundo, Mario Piñeiro, jefe de área de Santiago, se estrenó esta jornada con preguntas a Cortabitarte que, en opinión de varios de los asistentes en la sala, lograron poner en aprietos y hasta por momentos "sacar de quicio" al exdirector de seguridad de Adif.