Las posiciones irreconciliables de los programas del PSC y Cs dificultan un pacto de investidura después del 21D

Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, presiona al PSC un día sí y otro también para que se comprometa a apoyar su investidura si el partido naranja es el más votado dentro del bloque unionista en las elecciones del 21 de diciembre. Miquel Iceta, el aspirante del PSC al mismo puesto, sortea la presión que en el mismo sentido le trasladan todos los días los periodistas moviéndose entre la negativa tajante (“No haremos un presidente independentista ni ningún presidente de derechas”, ha llegado a decir) y la ambigüedad (este lunes dejó una puerta abierta al afirmar que no forzará la situación si implica repetir las elecciones). Todo ello, claro, siempre y cuando los partidos independentistas no obtengan mayoría absoluta en el nuevo Parlament.

Lo cierto es que, más allá de la voluntad de Ciudadanos de garantizar un bloque unionista después de las elecciones, los programas electorales de Arrimadas e Iceta incluyen capítulos absolutamente incompatibles entre sí. Apoyarse mutuamente, en el caso de que cualquiera de los dos esté en situación de acceder a la Presidencia de la Generalitat con ayuda de los votos del otro, implicaría renunciar a aspectos fundamentales de sus propuestas.

Lo que sigue es una relación de sus principales discrepancias en materia de financiación autonómica, hacienda, reforma constitucional, lengua, educación y cultura.

  Financiación autonómica

En este capítulo Ciudadanos se compromete a defender “un nuevo modelo más justo que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las comunidades autónomas en función de sus necesidades reales, más transparente, más justo y que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones”.

La propuesta del PSC, mucho más detallada, propone en cambio un “pacto fiscal federal”. El nuevo modelo, explica el programa socialista, “debe garantizar en primer lugar el criterio de ordinalidad” para corregir el de solidaridad y que, al final del proceso, no salgan perjudicadas las comunidades más ricas. La idea es la siguiente: el reparto debe reducir la distancia que existe entre autonomías en indicadores tales como la renta per cápita, pero no hasta el punto de modificar “el orden” de los territorios en ese ámbito.

Los socialistas también quieren una “equiparación de resultados independientemente del modelo de financiación que se aplique. Sea régimen común o régimen foral, [las del cupo] los recursos finales deben ir convergiendo”. Y “fomentar la corresponsabilidad fiscal en el sentido de mejorar la capacidad normativa de los impuestos cedidos y compartidos, especialmente el IRPF”.

  Hacienda

Aquí el interés del partido de Inés Arrimadas se centra en garantizar que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) “esté al servicio de todos los ciudadanos y no sólo de la causa independentista”. Los independentistas, señala Ciudadanos, han querido convertirla en una “Hacienda propia” y en el futuro debe ejercer “sus competencias sin ninguna duda sobre su legalidad para devolver la seguridad jurídica a todos los ciudadanos y empresas de Cataluña”. Al mismo tiempo, añaden, debe aumentar la coordinación con la Agencia Tributaria del Estado “con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal para que ningún defraudador quede impune”.

Los socialistas, en cambio, van mucho más allá. Apuestan no por una mera coordinación sino por integrar la Agencia Tributaria del Gobierno central y la de la Generalitat de Cataluña en un Consorcio Tributario de Cataluña para compartir “la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos”. Una “manifestación clara del autogobierno y corresponsabilidad fiscal”, razonan, que debe permitir mejoras de gestión y de inspección tributaria, así como “unos mecanismos de liquidación de ingresos mucho más transparentes”.

De hecho, y con la vista puesta en avanzar en “la construcción de un Estado federal”, proponen “una Hacienda Federal para España” que comparta “de forma justa y equitativa los ingresos tributarios que se generan en el conjunto” del Estado, “manteniendo un elevado nivel de autonomía y responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno ante la ciudadanía en el ejercicio de sus respectivas competencias”.

La idea es “que cada nivel de administración pueda gestionar los impuestos de manera que recaude para poder financiar los servicios que presta”. El pacto fiscal federal pasa, en opinión del PSC, por contar con “más recursos para afrontar las competencias” catalanas. Para ello proponen “aumentar la participación actual de las comunidades autónomas en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales de manera que con los tres impuestos se cubran las necesidades de los servicios del Estado del Bienestar competencia autonómica”.

  Reforma de la Constitución

En esta materia Ciudadanos afirma querer “actualizar su contenido y promover un cambio a mejor para todos los españoles”, pero no dice cómo piensa conseguirlo. Se limita a afirmar que “la mejor manera de defender” el legado de la Constitución de 1978 “es impulsar reformas para corregir las carencias del actual modelo y mejorar la vida de todos los españoles”.

Los socialistas, en cambio, reclaman “una Cataluña con el máximo nivel de autogobierno en el seno de una España Federal” y el “reconocimiento” de sus “aspiraciones nacionales” con una reforma constitucional federal.

El programa del PSC recoge la Declaración de Barcelona, que incluye las reformas legales necesarias para recuperar los artículos del Estatuto anulados por el Tribunal Consitucional,los artículos del Estatuto anulados la reivindicación de las demandas que Carles Puigdemont trasladó a Mariano Rajoy en abril de 2016 (con la única excepción del referéndum de secesión) o la revisión de la inversión estatal en infraestructuras estratégicas.

Los socialistas quieren una Constitución que reconozca la singularidad de Cataluña como nación y el carácter plurinacional de España, así como la creación de un Senado federal.

  Educación y cultura

En materia educativa Ciudadanos arranca su programa denunciando que la escuela pública catalana politiza a los menores y “enseña a pensar y no qué pensar”. No detallan cómo pretenden hacerlo, pero se comprometen a impulsar “una escuela en libertad y sin ideologías” y defienden “un modelo de escuela trilingüe en la que el español y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de condiciones”.

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En la misma línea, el partido de Arrimadas defiende que las instituciones públicas catalanas reconozcan “las manifestaciones culturales que se realicen en todas las lenguas oficiales”.

Los socialistas no comparten esta visión crítica de la educación pública catalana en términos de adoctrinamiento. De hecho, proponen blindar las competencias en materia lingüística, educativa y cultural en todas las comunidades con lengua propia.

“La lengua —y la política lingüística que le da cobertura— es identidad y patrimonio cultural, pero sobre todo cohesión social, integración e igualdad de oportunidades”, sostiene el programa del PSC. “La extensión social plena de la lengua catalana es todavía un objetivo a alcanzar, porque no ha alcanzado su normalización en todos los sectores económicos y sociales”. De hecho, se compromete a seguir trabajando para que el catalán se pueda usar en todas las instituciones del Estado, así como en la Unión Europea.