El Gobierno vuelca en Defensa, infraestructuras y la Agenda Digital el alza de las inversiones, pero sigue reduciendo el gasto público

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presume de haber diseñado “los Presupuestos más sociales de la historia”, unas cuentas públicas “sin recortes”, pese a que al tiempo reconoce que “crecen menos que la economía”. En efecto, el Gobierno ha revisado al alza –cuatro décimas– hasta el 2,7%, la mejora del PIB para este año. Pero el gasto público sólo aumentará un 1,8%, casi un punto menos.

La partida de gastos se elevará este ejercicio hasta los 451.121 millones de euros, lo que equivale a un 37,75% del PIB. En 2017 el gasto público alcanzaba el 38%. En 2016 llegó al 39%.

Los ministerios que más aumentan sus presupuestos son Energía, Turismo y Agenda Digital –19,49%– y Fomento –15,94%–, seguidos de Empleo –12%– y Defensa –10,65%–. Pero, si se atiende a las inversiones reales, es Presidencia el departamento que dispara la partida, con un aumento del 35,83%. Defensa las eleva un 31,51% y Energía, un 23,81%. De este modo, el ministerio de María Dolores de Cospedal invertirá en 2018 un total de 3.017 millones de euros, como parte de un presupuesto de 9.542 millones. Fomento, el ministerio inversor por excelencia, destinará a ese capítulo 1.934 millones, de un total de 6.426 millones de euros.

  DEFENSA

La inversión militar incluye los 2.164,48 millones de euros de los programas especiales de modernización de los ejércitos, así como 580,69 millones en “inversiones asociadas al funcionamiento de lo servicios”, una partida que más que duplica la consignada el año anterior. En comparación, la inversión civil en nuevas carreteras será mucho menor: 791 millones de euros. Para su conservación y mantenimiento se destinarán 885,52 millones. En consecuencia, la parte del león de las inversiones reales se la lleva Defensa, con casi el 40%, mientras que Fomento se queda con el 25,3%. Economía, Industria y Competitividad, sólo el 3,6%. El reparto ha cambiado considerablemente desde antes de la crisis hasta ahora. En 2009, las inversiones en Defensa no llegaban al 15% mientras que las de Fomento constituían la principal porción de la tarta, con el 42%.

  PRESIDENCIA

El Ministerio de Presidencia ha aumentado su presupuesto de inversiones de 16,2 a 21,1 millones en un año. El mayor crecimiento se lo lleva la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, 3,4 millones de euros respecto a 2017, y la Presidencia del Gobierno, con otros 1,4 millones más de presupuesto. Al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se destinan 240,21 millones de euros, un 4,8% más que en 2017, y al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 6,93 millones, lo que supone un aumento del 32,8%.

  ENERGÍA Y AGENDA DIGITAL

En el Ministerio de Energía, 150 millones de euros son para “compensar costes adicionales a las eléctricas”, un capítulo que crece este año un 14,6%. La mayor parte de las inversiones reales del departamento, apenas 50,26 millones de euros, se las llevará la Agenda Digital, las actuaciones para desarrollar las tecnologías de la información y la administración electrónica, con 17 millones. Las transferencias que recibirán estas iniciativas se disparan un 79%, aunque su cuantía total no supera los 1,7 millones de euros. Pero de la cifra total de transferencias la mayor parte están destinadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –3.750 millones– para financiar los costes del sector eléctrico.

  FOMENTO Y EL PAÍS VASCO

El Ministerio de Fomento aumentará este ejercicio las inversiones en ferrocarril un 25,6%, hasta los 4.300 millones de euros, y un 12,2% las de carreteras, hasta los 2.436 millones. Para compensar a las concesionarias Autopistas del Atlántico, Madrid-Toledo, Astur-Leonesa, Concesionaria Española y Vasco Aragonesa, se destinarán 28,79 millones y otros 16 millones servirán para compensar las pérdidas de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje, 10,75 millones más que el año anterior.

 

Inversiones reales por secciones 2018

Una parte importante del dinero tendrá como destino el País Vasco. Una partida de 161 millones irá a parar a la llamada Y vasca, la conexión por ferrocarril con San Sebastián, Vitoria y Bilbao. También se dedicará a mejorar la infraestructura de Cercanías en el País Vasco un parte de los 576 millones que Fomento dedicará a este tipo de servicio en toda España. Otros 49,3 millones costarán las obras programadas en el puerto de Bilbao y 15,6 millones las del puerto de Pasaia (Guipúzcoa).

 

Inversiones reales por secciones 2009

En total, las inversiones del Estado en el País Vasco aumentarán hasta los 509,05 millones de euros, un 32% respecto a 2017. Dentro de las transferencias corrientes, los Presupuestos también han disparado las compensaciones que pagará el Estado al País Vasco, un capítulo que se ha más que duplicado, pasando de 149 millones en 2017 a 337 millones en el ejercicio en curso. Como es sabido, la aprobación de las cuentas públicas depende de que el Gobierno consiga los apoyos del PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, UPN y Ciudadanos. Y el PNV ya ha anunciado que no se sentará a negociar mientras siga aplicándose el artículo 155 en Cataluña, que ha dejado en suspenso su autonomía. Las inversiones en Canarias crecen un 4,1%. Las que recibirá Cataluña se elevan un 17,3%, la mitad que las destinadas a Castilla-La Mancha –37,5%– y Cantabria –36%–.

  POLÍTICAS DE EMPLEO

Las cantidades que los Presupuestos consignan este año a sanidad y educación suben un 3,9% y un 3%, respecto a 2017, 4.252 millones de euros y 2.600 millones, respectivamente. Unas cifras que quedan lejos de los aumentos firmados para infraestructuras, por ejemplo. Aun así, siguen a distancia de las cifras precrisis. Otro tanto ocurre con la tercera partida destacada del gasto social, las políticas de empleo. Aunque crece un 3,9% respecto al año pasado y alcanza los 5.716 millones de euros, el recorte sufrido durante la crisis continúa siendo profundo: en 2009 las políticas de empleo ascendían a 7.584 millones de euros. Es decir, se mantienen un 24,6% por debajo.

De esa cantidad, para formar a parados se destinarán 792 millones, cuando en 2009 la cifra llegaba hasta 1.017 millones. Para formar a ocupados se dedicarán este año 1.096 millones, 300 millones menos que antes de la crisis. La que sí aumenta es la partida de bonificaciones a los contratos, los descuentos en las cuotas de los que se benefician las empresas si contratan a trabajadores indefinidos. Pese a las dudas sobre su eficacia, los Presupuestos les reservan 1.936 millones, 110 millones más que en 2017. El Ministerio de Empleo justifica el aumento en el hecho de que buena parte de estas bonificaciones son antiguas reducciones de cuotas, es decir, cotizaciones que la Seguridad Social dejaba de ingresar. Las bonificaciones, en cambio, son compensadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

También se reduce, casi a la mitad, la cifra reservada al Plan Prepara, las ayudas de 426 euros para los parados de larga duración que hayan agotado el resto de los subsidios. Este ejercicio son sólo 75 millones de euros.

Por el contrario, las cuentas públicas han incorporado una nueva partida de 500 millones de euros para sufragar las ayudas a los jóvenes que firmen contratos de formación, de 430 euros mensuales. Las empresas que los empleen después con un contrato indefinido se beneficiarán de una bonificación de cuotas a la Seguridad Social de 250 euros al mes durante tres años.

Un año más seguirá recortándose la cantidad que el Estado destina a las prestaciones de desempleo, un 3,4%. Este ejercicio se quedarán en 17.702 millones de euros, con la tasa de paro aún en el 16,4%. El Gobierno prevé que al término de 2018 baje hasta el 15%. En 2009, con un paro del 17,24%, el gasto en prestaciones por desempleo era superior, 19.615 millones de euros. En la actualidad, el 42% de los parados no cobran ninguna prestación pública.

  SUBEN LAS PENSIONES, IPREM CONGELADO

También se incrementarán este año las pensiones mínimas y no contributivas un 3%, tal y como anunció el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, así como un 2% las pensiones de viudedad de quienes no cobren al tiempo otra prestación. Además, subirán un 1,5% las pensiones contributivas inferiores a 9.800 euros anuales, y un 1% las que no superen los 12.040 euros. En total, estas subidas supondrán un alza de gasto de 1.097 millones de euros.

Lo que no aumentará en 2018 será el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que sirve para calcular la cuantía de subsidios, ayudas y becas. En 2017 el Gobierno lo subió un 1%, pero este año ha decidido congelarlo en 537,84 euros al mes.

En cambio, Empleo sí ha aumentado la base máxima de cotización, un 1,4%, por lo que ésta alcanza los 3.803,7 euros mensuales. El año pasado lo había aumentado el doble, un 3%. La base mínima de cotización también crece, un 4%, impulsada por el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), al que está vinculada. La elevación de ambas bases viene forzada por la necesidad de ingresos de la Seguridad Social, que sufre el mayor déficit de su historia, 18.000 millones de euros. De esta manera, y ayudado por las previsiones de crecimiento económico, del empleo y de los salarios, el Gobierno confía en aumentar la recaudación de cotizaciones sociales un 3,9% este año.

  EXENCIONES FISCALES

Como una manera indirecta de subir las pensiones, el Estado ha incluido en los Presupuestos dos medidas fiscales pensadas para todos los contribuyentes. La primera, elevar el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros anuales. La segunda, aumentar la reducción por rendimientos del trabajo en ese mismo impuesto para quienes cobren hasta 18.000 euros al año. La primera iniciativa supondrá para las arcas públicas que dejarán de recaudar unos 700 millones de euros.

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La segunda consiste en que la reducción por rendimientos del trabajo pasa de un máximo de 3.700 euros anuales a 5.565 euros. Según los cálculos del Gobierno, para 3,5 millones de contribuyentes se traducirá en un ahorro medio de 440 euros al año. De ellos, un millón serán pensionistas.

También se aplicarán deducciones fiscales para familias numerosas, guarderías y cuidado de cónyuges con discapacidad. Así, los llamados “beneficios fiscales” –exenciones y deducciones de impuestos– aumentan su volumen este año un 9,3% respecto a 2017. En total, suman 34.825 millones de euros que no ingresará Hacienda. De ellos, corresponden a la reducción por rendimientos del trabajo 731,16 millones de euros, por lo que aumentarán un 24,8% en comparación con los aplicados el ejercicio pasado.

Pese al aumento de las exenciones fiscales, los Presupuestos prevén una recaudación récord, de 210.015 millones de euros. De ellos, 82.056 millones procederán del IRPF, y sólo 24.399 millones del Impuesto de Sociedades. De hecho, el Gobierno cree que crecerá más la recaudación del Impuesto sobre la Renta, un 6,5%, que el impuesto que grava los beneficios empresariales, un 4,8%. El IVA también quedará por debajo, 71.575 millones, tras mejorar un 5,6%. Es decir, el peso de la recaudación sigue recayendo sobre el trabajo, y en una mayor proporción que antes de la crisis.