Unas declaraciones rectificadas de Espinosa de los Monteros reabren el debate sobre la utilidad de Marca España

Habrá cambios en el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, el organismo público-privado que puso en marcha Mariano Rajoy en el verano de 2012 con el objetivo de que asumiera "la planificación, el impulso y la gestión coordinada" de las actuaciones de entidades públicas y privadas en el exterior. Así lo confirman a infoLibre fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, si bien concretan que estos cambios se harán "sin prisa". El proyecto depende funcionalmente del jefe del Ejecutivo, a través del Consejo de Política Exterior, y orgánicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

El debate sobre el sentido de un proyecto como el de Marca España se ha reabierto esta semana tras unas polémicas declaraciones después rectificadas de la persona a quien Rajoy encargó ser su cara visible: el expresidente del Círculo de Empresarios Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós. La revista Actualidad Económica, suplemento del grupo Unidad Editorial, le atribuye en su portada de este lunes el siguiente titular: "Hemos vuelto a ser un país inestable y jurídicamente inseguro". 

La supuesta declaración fue recibida con extrañeza en el Ministerio de Exteriores, si bien un portavoz oficial declina hacer cualquier comentario dado que el propio Espinosa de los Monteros envió este martes una carta a su titular, Josep Borrell, en la que le pide disculpas por si la "manipulación" de sus declaraciones le hubiera podido ocasionar "molestias". En la misiva, el empresario dice haber remitido otra comunicación al director de la revista en la que solicita una rectificación en el próximo número y asegura que en ninguna de las respuestas al cuestionario que le remitió la publicación dice "nada de lo que se recogió en el titular". 

Eso sí, en el cuerpo de la entrevista dice estar preocupado por la "inestabilidad política y una legislación cambiante y fragmentada en 17 autonomías" y asegura que "no cree que existan los consensos necesarios para cambiar la Constitución". También señala que el "único encaje posible" para Cataluña y el País Vasco es el que "contempla" actualmente la Carta Magna y añade que "transferir más competencias a las mal llamadas comunidades históricas no sería asumible por el resto de los españoles". Los socialistas, sin embargo, sí defienden una reforma constitucional. De hecho, consideran que es "urgente, viable y deseable" explorar un modelo federal que permita combinar más autogobierno y un mejor reconocimiento de la realidad plurinacional con el respeto a la unidad de España y a la igualdad de derechos de toda la ciudadanía.

289.428 euros de coste

Según recoge el real decreto que lo regula [consultar, aquí], la creación del Alto Comisionado, de su oficina y del director de esta –puesto que desde 2017 ocupa el diplomático Francisco Rábena– "no supone incremento del gasto público" y "los gastos derivados de su funcionamiento se imputan al presupuesto de gasto del Ministerio de Asuntos Exteriores". A sueldo de este departamento también están los tres diplomáticos, cuatro administrativos y el vocal asesor que forman parte de la oficina. Este órgano no tiene presupuesto exclusivo ni una relación de puestos de trabajo propia y trabaja, fundamentalmente, a través de convenios de colaboración con empresas.

El cargo de Alto Comisionado que ostenta Espinosa de los Monteros tiene rango de secretario de Estado y es nombrado y cesado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. No es un puesto retribuido, aunque sí tiene derecho a "indemnización por los gastos de viaje, estancias y traslados que le origine el desempeño de sus funciones". El volumen de las dietas cobradas por Espinosa de los Monteros sólo se hizo público el pasado mayo, cuando el Tribunal de Cuentas arrojó luz por primera sobre de qué forma se está gastando el dinero público empleado en, supuestamente, mejorar la imagen del país en el exterior.

El organismo fiscalizador del Estado reveló que el proyecto Marca España, entre 2012 y 2016, había tenido un gasto para el Ministerio de Exteriores de 289.428 euros, la mayor parte de los cuáles (118.340 euros) se habían destinado a "vehículos y conductores". Es decir, el 40% del total. Los viajes de Espinosa de los Monteros tuvieron un coste de 71.297 euros y los de su equipo, algo más de 27.500 euros. En contraposición, en esos cinco ejercicios, el presupuesto para desarrollar "actividades" para promover la marca España únicamente ascendió a 72.269 euros.

El Tribunal de Cuentas también informó sobre los convenios suscritos con empresas privadas, entre ellas Inditex, de la que Espinosa de los Monteros es consejero con una retribución anual de 250.000 euros. En este sentido, alerta de que no existen "criterios establecidos para relacionarse con las empresas colaboradoras". Y eso ha permitido que la Oficina "pudiera disponer de fondos aportados por empresas privadas para gastos ordinarios de funcionamiento de la oficina y para el pago de servicios prestados por terceros para el proyecto" usando métodos que no se ajustan "a la normativa que regula los flujos de ingresos a la Administración".

Buena muestra de este mal funcionamiento es precisamente el convenio suscrito con Inditex. El acuerdo, explica el informe, "contempla una aportación" por parte de la multinacional textil de hasta 100.000 euros para el "mantenimiento, desarrollo y mejora de la web" de la Oficina de la Marca España. Pero ni Espinosa de los Monteros "ha informado de la cantidad que fue finalmente aportada" ni ha aportado documentación para "comprobar la forma de ejecución y el cumplimiento de las disposiciones que el convenio establecía". Y es más: el "sistema de abono de facturas" utilizado –por el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores expedía las facturas de los trabajos encargados por la Oficina para que fueran abonados por Inditex–"no se adecúa a la normativa presupuestaria".

Pero esta no es la única denuncia que hace en su informe el Tribunal de Cuentas, que subraya que el organismo ni ha desarrollado su regulación, ni tiene unos objetivos claros y mensurables, ni cuenta con financiación ni, por supuesto, ejerce la transparencia. Además, subraya que la entidad trabaja con objetivos tan genéricos que es "prácticamente imposible" saber si se cumplen, pues no se establecen indicadores que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España, contrariamente a lo que sucede en iniciativas de marca país desarrolladas en otros países de nuestro entorno", señala el Tribunal.

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Mariano Rajoy no llevó a cabo ningún cambio de calado en Marca España tras la publicación de ese informe del Tribunal de Cuentas, que salió a la luz el pasado 9 de mayo, si bien es cierto que apenas estuvo tres semanas más en el Gobierno. La pelota está, por tanto, en el tejado de Pedro Sánchez, que hará cambios pero "sin prisa". En Unidos Podemos piden directamente la "supresión" del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, pues consideran que "ha implicado una focalización excesiva en las cuestiones empresariales y la consecuente mercantilización de aspectos como la cultura o la lengua española", relegando otros valores como la cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la paz o la sostenibilidad del planeta.

En la formación morada creen necesario crear otro mecanismo más efectivo y transparente, que no se centre únicamente en promocionar a las empresas españolas en el exterior. En todo caso, sí instan al Gobierno a realizar una evaluación de las actividades realizadas y los acuerdos económicos suscritos por el Alto Comisionado, incluyendo una investigación de las posibles irregularidades administrativas que cada uno de estos acuerdos pueda haber implicado de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Cuentas. También reclaman una investigación del acuerdo con Inditex, con el objetivo de "analizar las posibles irregularidades e incompatibilidades en que pueda haber incurrido el Alto Comisionado, incluyendo el análisis de posibles consecuencias penales". 

En Ciudadanos, por su parte, mantienen que el organismo debe afrontar, antes o después, un "proceso de institucionalización" y dotarse de "un paraguas legal apropiado a su misión", según afirma un portavoz. En la formación naranja también sostienen que debería "abandonar el carácter personalista que ha tenido durante el Gobierno de Rajoy" y que, en el marco de esas modificaciones, se deberían incorporar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. infoLibre también preguntó a responsables del PP y del PSOE sobre su visión sobre qué debería hacer el Ejecutivo con Marca España, si bien, al cierre de esta edición, no había recibido respuesta.