La Policía se plantea expulsar a un referente de la comunidad musulmana por terrorismo

La Dirección General de Policía ha emitido una propuesta de expulsión de diez años del vicepresidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya y referente de la comunidad musulmana en Salt (Girona), Mohamed Attaouil, por un delito de terrorismo y tras considerarle una "amenaza real", según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Attaouil es, a su vez, presidente del Centro Cultural Islámico Imam Malik, de Salt (Girona) y uno de los impulsores de la construcción de la mezquita en esta población, y el Gobierno central le acusa de terrorismo, ha informado TV3.

Según el documento, fechado a 8 de junio de este año, su expulsión se haría para evitar posibles atentados, y la propuesta policial asegura que la conducta del líder supone un "riesgo significativo y concreto para la seguridad pública".

"La naturaleza y gravedad de los hechos por los que está investigado demostrarían que existe una clara tendencia del interesado a proseguir esa conducta en el futuro, por lo que se puede afirmar sin ninguna duda que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para intereses fundamentales de la sociedad", añade.

La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, alega que Attaouil es un referente de la comunidad musulmana catalana, en la que actúa también como "líder del movimiento salafí" del territorio.

En el texto, le acusa de estar relacionado con personas detenidas en otros países, así como con miembros de la ONG Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), que considera "principal financiadora de centros islámicos desde los que se expande el salafismo por toda Europa".

"Durante los últimos años, han sido numerosas las manifestaciones públicas de Attaouil que muestran su elevado nivel de radicalidad", dice el documento, que le vincula con unidades de policía religiosa islámica en Salt, que no se han materializado.

Su abogado critica la Ley de Extranjería

El profesor Iván Jiménez, abogado del referente de la comunidad musulmana en Catalunya Mohamed Attaouil, sobre el que la Dirección General de Policía ha pedido una expulsión, ha lamentado este domingo que la Ley de Extranjería permite "expulsiones a la carta" y por la puerta de atrás.

En declaraciones a Europa Press, el abogado y profesor de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha observado: "Como dice la Dirección General de la Policía, la Ley de Extranjería permite las expulsiones administrativas. Esto es cierto. La clave del asunto es que, haciendo un abuso de ella, se pueden producir 'expulsiones a la carta".

"Decides a qué persona quieres expulsar, y formulas una denuncia con una serie de aseveraciones sin prueba alguna, y en cuanto el acuerdo de expulsión se convierte en resolución administrativa firme, se puede expulsar inmediatamente al extranjero", añade.

Y prosigue lamentando que para cuando intervienen los juzgados de lo contencioso-administrativo y la administración tiene que presentar las pruebas oportunas, el interesado está en su país hace ya mucho tiempo.

Según el abogado, la novedad es que, además de las "típicas alegaciones sobre la peligrosidad y radicalidad del sujeto", se afirma de él, que ha cometido un delito de terrorismo, concretamente de 'provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo', incitando a la comisión de este tipo de delitos haciendo apología de los mismos, lo que conllevaría tres años de prisión.

Las cifras del terrorismo yihadista en España: 105 presos preventivos y 27 condenados en 2017

Ver más

A juicio de Jiménez, "firmar esto supone reconocer, por la propia Comisaría General de Información, que no han cumplido con su deber legal de poner a disposición judicial a un sujeto del que afirmas que ha cometido un delito de terrorismo".

Por ello, llevaron el asunto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por escrito y en persona, el pasado 12 de julio: "No podemos entender por qué no se le ha citado para declarar. Esto es inaudito".

Ante esta situación, el abogado ha reclamado suspender el procedimiento hasta que se diluciden las responsabilidades penales en cuestión.