Esquerra abre la puerta a que Puigdemont y otros tres diputados de JxCat ignoren su suspensión por el Supremo

¿Delegarán este martes sus votos en el Parlament el expresident Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y los otros tres diputados de Junts per Catalunya encarcelados y suspendidos por el Tribunal Supremo? La Mesa de la Cámara aceptó este lunes esa posibilidad pese a la advertencia de los letrados de que la delegación no es compatible con el auto de procesamiento por rebelión que pesa sobre los cuatro parlamentarios.

La decisión, no obstante, puede todavía ser revocada si los representantes de Esquerra en la Mesa, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent, cambian de opinión y deciden seguir el criterio del informe no vinculante encargado a los letrados de la Cámara para resolver la cuestión y que en la noche de este lunes ratificó que Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez no pueden delegar su voto.

Según los letrados, los cuatro parlamentarios afectados se limitaron “a poner en conocimiento de la Mesa que el portavoz del grupo parlamentario de JxCat continuará votando en representación de los referidos diputados” y “en ningún caso” se han acogido “a la facultad prevista de “designar a otro miembro del grupo para que ejerza sus derechos”. Sus votos, señala el dictamen, “son susceptibles de ser invalidados” y no pueden “computarse válidamente”. “Todo esto, al margen de las eventuales responsabilidades que pudiera apreciar la Sala Penal del Tribunal Supremo, por estimar, en su caso, que se ha incumplido” la suspensión dictada por el Supremo.

Si la Mesa de la Cámara atiende a los letrados y cambia el criterio que aprobó el lunes (está previsto aue vuelva a reunirse este martes a mediodía), a los afectados sólo les quedarán dos opciones: o se quedan sin votar, lo que dejaría al independentismo en minoría en la Cámara, o se acogen a la fórmula que ya han utilizado los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han pedido su sustitución provisional como diputados.

La diferencia entre una y otra fórmula puede parecer sutil a los ojos de un profano pero es decisiva para Puigdemont y los suyos, que se resisten a aceptar que han sido suspendidos por el Supremo. En esta situación, nadie descarta que el Pleno del Parlament previsto para este martes —y que debe debatir y votar las propuestas de resolución del debate de política general que quedaron pendientes de la semana pasada— vuelva a ser suspendido, porque el independentismo no quiere correr el riesgo de perder el control de las votaciones.

La decisión de la Mesa de este lunes es la primera que adopta el Parlament que supone, a juicio de la oposición, de los letrados y del Gobierno de Pedro Sánchez un desafío a la legalidad, en concreto a las decisiones judiciales. Y es particularmente relevante en el caso de Esquerra, porque los republicanos llevan toda la legislatura defendiendo que los acuerdos deben “ser efectivos”, lo que en la jerga de la política catalana significa que no pueden ser impugnados por incumplir el ordenamiento jurídico y constitucional.

Es verdad que Torrent y ERC tienen una última oportunidad de rectificar, pero la decisión de la Mesa de este lunes ya contraviene el auto del Supremo, al menos a los ojos del PSC, que ya confirmó que la impugnará ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas catalanes quieren que el intérprete constitucional adopte medidas cautelares y anule no sólo la decisión de la Mesa sino cualquier voto por delegación de Puigdemont y sus tres compañeros de JuntsxCat. Si eso ocurre, la práctica habitual es que el TC traslade además su decisión a la Fiscalía, por si considera que debe actuar contra la Mesa, que se arriesga en este caso a cometer un delito de desobediencia penado con multa e inhabilitación. También Ciudadanos ha anunciado la presentación de una querella, en su caso ante los tribunales ordinarios, por este mismo motivo.

Todo apunta a que JxCat mantendrá hasta el final su desafío, con la intención de evidenciar lo que consideran una injerencia del Supremo en el Parlamento. Pero su portavoz, Eduard Pujol, no fue capaz el lunes de anticipar qué haría su partido si, como se confirmó poco después, los letrados no avalaban la delegación de voto y, sobre todo, si Esquerra cambia de opinión.

“A esta hora [las 19:00]”, explicó Pujol en rueda de prensa, “el acuerdo [de la Mesa] continúa vigente y nada hace pensar que va a ser modificado. Cuando tengamos el informe de los letrados, lo tendremos en consideración y lo valoraremos”, añadió sin anticipar nada.

“Ni suspendidos ni sustituidos”

Puigdemont, Rull, Turull y Sànchez no están “ni suspendidos ni sustituidos y podrán votar”, subrayó.

La situación del expresident es doblemente comprometida porque en realidad no podría delegar su voto aunque no estuviera suspendido por el Supremo. Fue en enero cuando el magistrado Pablo Llarena permitió a los diputados en prisión preventiva delegar su voto en el Parlament, pero lo hizo con expresa exclusión de los huidos al extranjero. Esta situación sólo se modificó, en el caso de Puigdemont, cuando permaneció en Alemania detenido y a disposición de la justicia, una situación que en aquel momento fue considerada como asimilable a la de los procesados en prisión preventiva. No obstante, una vez liberado por las autoridades alemanas, su situación ha vuelto a ser la misma que en enero, por lo que se mantiene vigente la prohibición de delegar su voto.

Lo ocurrido en Alemania —que la justicia de aquel país denegase la entrega a España del expresidente por no hallar en su comportamiento la violencia indispensable para ser acusado de rebelión— es precisamente el principal argumento que cita JxCat para negar validez al procesamiento por ese delito y desafiar la suspensión.

Esquerra, por su parte, evitó dar explicaciones después de la decisión de la Mesa. Su vicesecretaria general, Marta Vilalta, sí dijo por la mañana que lo que el independentismo necesita es “menos testosterona” y menos “competencia para ver quién es más valiente. Menos luchas fratricidas y más hablar para consensuar una estrategia conjunta que nos haga más fuertes”. Hace falta, subrayó, “poder avanzar sin reproches” y evitar las “imágenes de desbarajuste” de la semana pasada.

La tensión entre JxCat y Esquerra por este asunto —los primeros se muestran dispuestos a traspasar la línea de la legalidad por primera vez en lo que va de legislatura y los segundos supuestamente no— tiene como telón de fondo la creciente presión de los grupos independentistas que exigen pasar de las palabras a los hechos, dejar de hablar de “hacer república” y ponerla efectivamente en marcha de manera unilateral. Ahí está la CUP y, sobre todo, la Assemblea Nacional Catalana, cuyo criterio pesa mucho en la estrategia del president Quim Torra y del grupo parlamentario de Puigdemont.

Precisamente este fin de semana la ANC exigió al Govern que “fije antes del 21 de diciembre una única y nítida estrategia” para la implantación de la república catalana y que lo comparta y coordine con los actores políticos y entidades comprometidos con la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Y lanzó una advertencia: quien no se vea capaz de seguir con un proceso que lleve a la proclamación efectiva de la república debe dar “un paso al lado” y dejar su lugar a personas más comprometidas con esta estrategia.

Y no sólo eso: si continúa la “disparidad de criterios estratégicos”, la ANC se propone incluso organizar movilizaciones contra el Govern.

Riesgo de empate

El Pleno del Parlament convocado para la tarde de este martes será el primero desde julio en el que se sometan a votación resoluciones, muchas de las cuales dependen de que los independentistas conserven o no la mayoría. O de que haya un insólito empate, porque sin los cuatro parlamentarios de JxCat, los grupos independentistas en el Parlamento sólo suman 65 votos (30 de Junts per Catalunya, 31 por Esquerra —Toni Comin, huido a Bélgica, no había tramitado la semana pasada su sustitución y, por tanto, no podría votar— y cuatro por la CUP), los mismos que la suma de Cs (36), PSC (17), Catalunya en Comú (8) y PP (4).

Si hay empate, el Reglamento de la Cámara prevé que el texto sometido a votación sea rechazado. Así lo dice el artículo 102 de las normas que rigen el funcionamiento del Parlament: ”Si en una votación existe empate, debe efectuarse otra, y, si el empate persiste, la votación debe permanecer suspendida por el tiempo que determine la Mesa. Transcurrido este tiempo, y habiendo permitido la entrada y la salida de diputados del Salón de Sesiones, debe repetirse, y, si se repite el empate, se considera que se rechaza el dictamen, el artículo, la enmienda, el voto particular o la proposición de que se trata”.

Del juego de mayorías depende la aprobación de decenas de resoluciones presentadas por los grupos; entre ellas, una de JxCat que pide que la Cámara repruebe al rey —por su discurso del 3 de octubre de 2017— y abogue por la abolir la monarquía, informa Europa Press.

Otras resoluciones destacadas las impulsan JxCat y ERC: quieren que la Cámara reclame un referéndum pactado al Gobierno central, aunque no incluyen el ultimátum de un mes que el presidente Quim Torra lanzó al presidente Pedro Sánchez la semana pasada.

La Cámara también votará propuestas de la CUP y Cs que piden reprobar o cesar al conseller de Interior, Miquel Buch, por los dispositivos policiales recientes como el de los incidentes que se generaron en la puertas del Parlament el pasado 1 de octubre.

La quiebra en el seno del independentismo, que se esfuerza desde hace días por subrayar su unidad en los temas de fondo (la defensa de un referéndum de autodeterminación y la exigencia de que los presos del procés salgan en libertad) pero discrepa en los ritmos y, sobre todo, en la disposición a desafiar las leyes del Estado, coincide en el tiempo con un nuevo episodio del procedimiento legal que pesa sobre el expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Uso de fondos públicos

El Tribunal de Cuentas los ha citado a declarar este miércoles en el marco del procedimiento que abrió contra ellos por la supuesta utilización de fondos públicos en aquella consulta. Ese día serán interrogados a petición de Societat Civil Catalana (SCC), Abogados Catalanes por la Constitución y de la Abogacía del Estado.

La declaración tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas les impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados. La fianza es solidaria entre nueve investigados: Mas, Rigau, Ortega, Homs y cinco funcionarios del Govern catalán.

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Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Debido a que a mediados de diciembre del año pasado, los 5,25 millones no fueron ingresados en su totalidad, el Tribunal de Cuentas procedió al embargo preventivo de inmuebles del expresident y sus exconsellers.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 6 de noviembre una vista pública para revisar la condena de dos años de inhabilitación dictada contra Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional, informa Europa Press. Y estudiará los recursos de Joana Ortega e Irene Rigau, que fueron condenadas a un año y nueve de meses de inhabilitación y a un año y seis meses, respectivamente, como colaboradoras necesarias. En el caso de Francesc Homs, el Tribunal Supremo ya le condenó un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.