El sinhogarismo: un problema de vivienda que pervive gracias a las políticas cortoplacistas y la discriminación

“El número de personas sin hogar ha aumentado durante el periodo de crisis en todos los países de la Unión Europea, con la única excepción de Finlandia”, señala la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (2015-2020), un pacto que quedó paralizado nada más ser firmado “por falta de partida presupuestaria propia”, según retomó el actual Gobierno con motivo del Día de las Personas sin Hogar. Desde 2015, y con los datos que el INE recogió en 2012, las medidas estatales con las que se comprometió el Consejo de Ministros para paliar la situación de los sin hogar quedaron estancadas.

Mientras, las políticas en marcha se resumen en actuaciones de emergencia: no terminan con el problema, que es estructural como la precariedad y la pobreza generalizadas, y parten de la falta de acción para hacer efectivos derechos fundamentales como la vivienda digna.

“Es un problema de vivienda”, recuerdan las organizaciones que defienden los derechos de las personas sin hogar. Sostienen que la provisión de vivienda tiene que ser el punto de partida, y no final, como el que desarrollan las políticas cortoplacistas de la mayoría de países en los que se gestiona el sinhogarismo a través de un "sistema en escalera": transitorio, sujeto a unos objetivos para pasar, con suerte, de la calle al albergue, del albergue a una vivienda temporal, de ésta a una permanente. Esta lucha, que denunció el filósofo Javier de Lucas en infoLibre, es una “necesidad básica que sigue sin ser tomada en serio”. En tanto que el denominado Estado de bienestar no solvente las necesidades básicas –como es la vivienda digna “defendida” en la Constitución española de 1978– los derechos humanos seguirán siendo violados, vulnerados.

“Sentimiento de nulidad y desesperanza”

Garrik es una persona de 60 años y con formación universitaria que prefiere que no aparezca su identidad, aunque no teme hablar sobre lo que él llama sus "desventuras”. Verse de pronto en esa situación “es como una caída desde lo alto de un rascacielos; mientras caes te dices que ‘por ahora, todo va bien’”. Conoce a muchas personas que se encuentran en situación de calle porque, a raíz de verse en las mismas circunstancias, acudió al comedor social de su municipio madrileño, donde después comenzó un voluntariado. “Esa decisión me ayudó mucho a verme desde fuera con otros ojos”, porque antes solo “me sentía encasillado, sin salida”. Asegura que para tener “la energía básica hace falta más de una comida caliente al día” porque, inclusive, “produce satisfacción”. Especialmente cuando “el sentimiento de nulidad y desesperanza” que invade sistemáticamente a estas personas por no poder cumplir “con los niveles de exigencia sociocultural y personal” establecidos,  la alimentación es vital porque activa sus "capacidades para salir adelante". Su “estado psicológico de vulnerabilidad” puede llevarles, incluso, a sostener “altas probabilidades de querer morir” al no encontrar las respuestas que necesitan.

“La persona que deja de creer en sí misma y en la sociedad cree que puede ser agredida en cualquier momento, siente que tiene que defenderse aunque no sepa de qué”, matiza Garrik. Hay casos episódicos, relata, en que “las personas deciden estar fuera de la sociedad”, pero “la mayoría llegan” a este punto “por vivir una vida de continua inestabilidad”. Algunas de ellas entran en el “consumo de estupefacientes, un bucle de adicción que potencia el tiempo” y hace que pase más rápido. Observa que las personas sin hogar “son personas desclasadas” que difícilmente obtienen ayuda o pueden acceder a los servicios públicos. Cuando él se vio necesitado de ayuda, primero acudió a su familia, después a las organizaciones solidarias y, luego, a las ayudas estatales. Entonces, ironiza, “te empiezan a derivar”.

“Estar en la calle mata”

Sara es una joven de Madrid que quedó en situación de calle a los 20. Contó su historia para visibilizar la violencia por la que pasan las personas sin hogar a través de la campaña de sensibilización Quita el mute. Ella y sus dos hermanas pequeñas sufrían el maltrato de sus padres. Pasaban los años y, como ambos tenían “carrera y trabajo, los servicios sociales tardaron muchísimo en reaccionar”. Descubrieron lo que pasaba en su casa cuando Sara ya era mayor de edad y no podía acceder a un piso de acogida, tal como dispuso la Comunidad de Madrid para sus hermanas. Necesitó volver a la casa familiar, pero no aguantó más que la golpearan, por lo que se quedó en la calle: “Fue el destrozo definitivo”. Cuenta que para ella “lo peor de vivir en la calle, siendo mujer, era el peligro” de estar “24 horas expuesta a situaciones de abuso sexual”. A menudo, el acoso “viene de otras personas que están en situación de calle”, otras veces “de gente” que pasa, “y a veces viene hasta de parte de trabajadores sociales que intentan ver hasta qué punto se pueden aprovechar de la situación”.

Con 23 años, Sara admite que en ocasiones no era capaz de recordar dónde estaba, que se sentía indefensa y sin ocasión para desconectar. “En algunos casos sientes que no tienes problemas” porque “prefieres ser invisible” con tal de estar tranquila. “Cualquier pequeño buen gesto cuenta”, pero “estar tanto tiempo incomunicada” le costó la capacidad de conversar sin perder el hilo. Así, en soledad, “dejas hasta de sentir hambre”, pero luego “duele todo demasiado: la tristeza, el hambre, el sueño, el cuerpo”. Entiende que lo “insoportable” de esta situación lleve a la gente a “evadirse con otras sustancias” que les ayuden a lidiar con ello. A la hora de conseguir un trabajo o de intentar establecer relaciones con alguien, “es un problema”: “Ya te has puesto tantas corazas encima que no puedes dar pie a que pase algo bueno”. La joven piensa que la concienciación de la sociedad sobre el sinhogarismo pasa por que esta entienda que “cualquier persona se podría ver en una situación así si se dieran las circunstancias: te puedes quedar sin trabajo” así como “puedes perderlo absolutamente todo”. Asegura que nadie se lo espera, como tampoco Sara se lo esperó jamás, “y menos tan joven”. “Para que una persona esté así es porque de verdad no ha tenido ninguna opción” y “los que más lo odian” esta situación “son ellos mismos”. Literalmente, “estar en la calle mata”.

Datos en el iceberg de la pobreza

Al desinterés por erradicar la problemática del sinhogarismo desde políticas públicas se suma la falta de datos: cuál es el cómputo global de personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó por última vez una encuesta en 2012 para conocer el perfil sociodemográfico, las condiciones de vida y las dificultades de acceso al alojamiento; sin embargo, se centró en entrevistar a un reducido número: los usuarios de centros asistenciales. De esta manera, no existen datos de las personas que viven de manera estable en la calle, aunque se conoce que la discriminación y la exclusión de este sector de la población son obstáculos para su acceso a los recursos, y que provienen tanto de las políticas enfocadas a gestionar el sinhogarismo como de la sociedad.

Desde la fundación RAIS calculan que a las 23.000 personas sin hogar que acuden a los centros de asistencia (albergues, comedores, etc.) deben sumarse los 8.000 que contempla la estimación de la Estrategia Integral Nacional para las Personas Sin Hogar, de forma que el total de personas en esta situación de vulnerabilidad podría alcanzar los 31.000. Sin embargo, otras organizaciones elevan la cifra a 41.000.

Entre este vacío estadístico hay iniciativas de municipios que se encargan de sondear; así el Ayuntamiento de Madrid ha realizado a mediados de diciembre de 2018 un balance cuyos resultados se conocerán dos meses después. Mientras, el último recuento nocturno se hizo en 2016, con una participación voluntaria: 590 personas contabilizaron 524 individuos sin hogar en la capital. Estas propuestas suplen superficialmente la falta de datos actualizados, pero no existe una información estatal ni desglosada por ciudades, aspecto que denuncian las organizaciones y asociaciones en lucha contra la exclusión social.

No obstante, el sinhogarismo es solo una parte del iceberg de la pobreza. La brecha entre ricos y pobres en España es cada vez más grande, la desigualdad territorial se ha incrementado y todos los grupos sociales han perdido renta real. Son 2,3 millones de personas las que necesitan ayuda: menores, jóvenes, adultos y ancianos. Viven por debajo del umbral de la pobreza o en hogares donde hay baja o nula intensidad de empleo y sufren privación material severa. Según el último informe AROPE sobre El estado de la pobreza, de la Red Europea Antipobreza (EAPN), el 21,6% de la población española, que equivale a más de 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza.

Las dificultades a las que se enfrentan son tanto de carácter físico como mental: salud, vivienda, alimentación, desgaste psicológico. Asimismo, estas condiciones de vida afectan a la salud de los individuos, que no ven cubiertas sus necesidades. Médicos del Mundo señala que las personas sin hogar ven reducida su esperanza de vida en 20 años respecto al resto de la población, y presentan entre dos y 50 veces más problemas de salud, provocándoles nuevas enfermedades o cronificando las que ya padecían.

Aporofobia como delito de odio: de vivienda y bienestar

Vistos los últimos casos de agresiones a personas sin hogar, RAIS, otras asociaciones y socios políticos convirtieron la aporofobia –término que la filósofa Adela Cortina acuñó para dar nombre al sentimiento de animadversión hacia las personas que viven en situación socioeconómica límite– en objeto de proposición de ley para que fuese recogida en el Código Penal como un agravante en los delitos de odio. Una vez aprobada en el Senado, la Mesa del Congreso ha ampliado hasta siete veces el periodo de enmiendas.

El último informe de RAIS sobre La discriminación como barrera de acceso a los recursos pretende acercarse a la realidad omitida del sinhogarismo a través de datos con los que incidir en la política. El estudio, presentado el 19 de diciembre, fue contextualizado por Albert Sales, investigador doctorado en Criminología por la Universidad Pompeu Fabra, y especializado en políticas públicas y sociales. Es también asesor del Ayuntamiento de Barcelona sobre derechos sociales “desde que –puntualiza– el sinhogarismo se quiso introducir en la agenda política”, cuando se tuvo que cuestionar la efectividad de las políticas tradicionales.

 

Un grupo de personas sin hogar reclamaban a través de un flashmob en Cádiz capital el derecho de tener una vivienda digna. Imagen de 2014.

Precisa que la consolidación de la discriminación hacia las personas sin hogar está en los inicios del capitalismo contemporáneo europeo: personas consideradas no ciudadanas, no habitantes, por no tener techo ni domicilio. Se asumió que la pobreza extrema y el sinhogarismo respondían a que “la gente no se esforzaba lo suficiente” mientras se desarrollaban “los Estados del bienestar de la otra Europa, que ayudaban a descubrir la marginalidad”. Según la concepción de entonces, el trabajo eliminaba la posibilidad de sufrir la pobreza y la “ética del trabajo”, instalada en el imaginario colectivo, aseguraba un mejor porvenir. Desde entonces, promete Sales, “el cóctel es explosivo” hasta la actualidad.

La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA) lleva a cabo el proyecto Housing First para revertir el método tradicional: “La vivienda es el instrumento básico de reintegración”, capaz de aportar a las personas un espacio permanente para el desarrollo de su autonomía desde el principio. Este proyecto garantiza, asimismo, servicios de apoyo según las necesidades de la persona. Se trata de una metodología –más flexible y dirigida a erradicar el sinhogarismo– a la que se ha adaptado la fundación RAIS con su programa Habitat.

El mercado de la vivienda de los 2000 “es un mercado especulativo” que impide el acceso de la mayoría al hogar, insiste Sales. Sin embargo, las políticas tomaron el sinhogarismo como “un problema de espacio público”, aunque no existe conocimiento fidedigno sobre las personas que, a pesar de necesitarlo, no acuden a estos centros. Debido a esta situación, las entidades y el Gobierno discrepan sobre cuánta gente hay en la calle necesitada de atención, sus necesidades específicas o las condiciones de su discriminación.