Franquismo
Los Franco se amparan en la Constitución para pedir ante el Tribunal Supremo la paralización de la exhumación del dictador
Los nietos de Francisco Franco pedirán al Tribunal Supremo que presente una cuestión de inconstitucionalidad contra el real decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y convalidado por el Congreso de los Diputados que da marco legal a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Así lo anuncia su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, en el escrito que acompaña el recurso interpuesto el viernes pasado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que ordena ejecutar la exhumación.
"Desde ahora, esta parte anuncia que, en el momento procesal oportuno y al amparo de lo dispuesto en el artículo 35.Uno de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (la "LOTC"), se solicitará a la Sala el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley de Memoria Histórica", avanza el letrado en sus alegaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, adelantadas por el periódico Ok Diario.
El artículo citado permite a un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, plantear la cuestión al Tribunal Constitucional cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.
Los Franco, que se mantienen a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre la solicitud de suspensión cautelar de la orden de exhumación, ya avanzan que, en el momento en que lo consideren oportuno, pedirán a la Sala del Alto Tribunal que está viendo su caso que presente esta cuestión de inconstitucionalidad.
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La Sala Tercera del Supremo admitió a trámite el viernes pasado el recurso presentado por la familia Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la ejecución de la exhumación, que consideran "nulo de pleno derecho".
Abrió además pieza separada de medidas cautelares, ya que los Franco pidieron que el acuerdo del Gobierno quede en suspenso mientras el tribunal resuelve sobre el fondo. Antes de decidir sobre esta suspensión, el tribunal dio traslado a la Abogacía del Estado para que en el plazo de diez días presente alegaciones.
La diligencia de la Sala requirió también al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que, "en el improrrogable plazo de veinte días", remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución del Consejo de Ministros impugnada.
