Los militantes de PSOE y Podemos tendrán la última palabra sobre cualquier acuerdo de gobierno o de coalición

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias volverán a sentarse a la misma mesa en la tarde del martes en La Moncloa (17:00 horas). Será la primera vez —por lo menos oficialmente— que se reúnen desde las elecciones del 28 de abril, en las que el PSOE transformó sus 84 diputados de 2016 en un grupo parlamentario de 123 diputados mientras que Unidas Podemos pasó de 71 asientos en el Congreso a sólo 42.

El presidente del Gobierno concibe la cita como una primera toma de contacto, pero el líder de Unidas Podemos no dejará pasar la oportunidad de poner encima de la mesa la cuestión que lleva planteando desde la campaña electoral: la negociación de un acuerdo político entre su formación y el PSOE que incluya la entrada de representantes de la formación morada en un Gobierno de coalición presidido por Sánchez.

El líder del PSOE no es partidario de esa fórmula y así lo han señalado tanto él como personas de su entorno, entre ellas la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, o el número tres de la dirección socialista, Jose Luis Ábalos. Los socialistas prefieren un gobierno monocolor, como el que formaron tras la moción de censura. Así que Sánchez e Iglesias tienen ante si la tarea de llegar a un acuerdo que no bloquee la formación de una mayoría estable de izquierdas en el Congreso.

Con todo, la proximidad de la nueva campaña electoral —el viernes comienza el período oficial, que desembocará en el superdomingo del 26M— demorará el inicio de las negociaciones hasta después de las municipales, autonómicas y europeas. Para entonces, ambas partes sabrán ya si se necesitan mutuamente en ayuntamientos y comunidades, lo que añadirá nuevos ingredientes al guiso de los pactos.

Elijan lo que elijan, un Gobierno de coalición, un pacto de legislatura o un acuerdo de investidura ambas partes están obligadas a someterse a la opinión de sus respectivos militantes.

Los estatutos de Podemos exigen este trámite desde la fundación de la organización liderada por Iglesias. Su articulo 14 establece que es competencia de los afiliados “aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas, así como definir los criterios marco que afectarán a dichos pactos en niveles territoriales inferiores al estatal”.

En el caso del PSOE, la obligatoriedad de consultar a las bases es mucho más reciente. Nació del Congreso de 2017 en el que Sánchez volvió a la Secretaría General después de ganar las primarias a Susana Díaz. En aquella asamblea, los socialistas aprobaron la obligatoriedad de “convocar las consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de especial transcendencia que se determinen reglamentariamente”. El artículo 36 de los Estatutos del PSOE añade, a renglón seguido: “En todo caso, será obligatoria la consulta a la militancia sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político”.

Democracia interna

Esta medida acabó por tomar forma en el documento aprobado por el Comité Federal hace poco más de un año que consagró el modelo socialista de elecciones primarias. El Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales rige desde entonces cómo funciona la democracia interna en el PSOE. Y en su artículo 479 pone letra pequeña a las consultas “de especial transcendencia, obligatorias y potestativas”.

Entre ellas destacan las que deberán convocarse para dar voz a los militantes en caso de tener que firmar un pacto de Gobierno: “En todo caso, se considera de especial transcendencia y será obligatoria y vinculante la consulta a la militancia y a la afiliación directa, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político y para decidir, en su caso, la revocación de los/as Secretarios/as Generales”.

Al igual que sucede en Podemos, la consulta será vinculante. Sobre ello insiste el artículo 485 del mismo Reglamento: “El resultado de las consultas vinculantes será de obligado cumplimiento para la Comisión Ejecutiva del ámbito territorial que corresponda. El resultado se proclamará provisionalmente por la Comisión Ejecutiva que ha instado la consulta”.

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No será, en todo caso, la primera vez que Podemos y el PSOE convocan a sus bases para que se pronuncien sobre pactos de Gobierno. El 27 de febrero de 2016, el 79% de los militantes del PSOE que participaron en la consulta convocada por el partido dijeron sí al acuerdo de investiduraacuerdo que unos días antes había cerrado su secretario general, Pedro Sánchez, con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. La participación se situó en aquella ocasión en el 51%.

A falta de una normativa concreta —en aquella ocasión no estaban previstas las consultas internas—, la decisión de preguntar a los afiliados la tomó el Comité Federal y cuando lo hizo aún estaba encima de la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos. De aquí que la pregunta a la que tuvieron que responde los militantes fuese ambigua: “El PSOE ha alcanzado y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista?”.

Apenas un mes después, el 18 de abril, fue Pablo Iglesias el que convocó a sus afiliados para que se pronunciasen acerca del acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos y atar de ese modo la decisión del partido a la voluntad de sus bases. El resultado fue un rechazo rotundo al acuerdo Sánchez-Rivera: un 88,23% de los casi 150.000 inscritos del partido morado votaron ‘no’ a un Gobierno basado en el pacto PSOE-Ciudadanos y dieron al mismo tiemo un respaldo casi sin fisuras (91,79%) a la posible formación de un Gobierno de izquierdas con el PSOE, IU-UP y Compromís.