Hazte Oír continúa su cruzada en las aulas y CCOO responde con una denuncia por incitación al odio

"Un pin parental contra el adoctrinamiento en ideología de género". Es el enunciado bajo el que Hazte Oír envió, con el inicio del curso escolar, miles de cartas –acompañadas por el libro Dejad a los niños en paz. Una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género– a alrededor de 23.000 colegios públicos y concertados de todo el país. La misiva se presenta como el centro de la campaña #MisHijosMiDecisión, que tiene como objetivo difundir ejemplares del denominado pin parental, una solicitud de "información previa y consentimiento expreso" para impedir que el alumnado reciba educación afectivo-sexual, equitativa y en pos de la diversidad. Este lunes, CCOO ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Cree que la acción iniciada por la organización ultracatólica podría ser constitutiva de un delito de incitación al odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

"Súmate a esta campaña en favor de la implantación obligatoria del pin parental, para que sin el consentimiento de los padres no se pueda adoctrinar a los niños en ideología de género en las aulas. Dile a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal que lo implanten en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan", insta Hazte Oír en su petición. PP y Ciudadanos no parecen sentirse especialmente incómodos. Al menos no lo han expresado públicamente.

Y la extrema derecha de Santiago Abascal se ha alineado con la organización y ha hecho suyas las peticiones. "En la escuela pública, privada o concertada, se enseña y se forma a los niños y jóvenes. En la familia se educa conforme a los valores de los padres. Por eso creemos en la libertad de elección y en el pin parental para evitar el adoctrinamiento", indicó en redes sociales Vox Leganés. El pin parental es "una herramienta eficaz para defender a las familias de las intromisiones ideológicas no deseadas", dicen en Sevilla y lo suscriben en territorios como Murcia o Guadalajara. Los ultras defienden la implantación de este instrumento de forma generalizada y allá donde tiene representación.

El modelo de pin parental que propone Hazte Oír consiste en un formulario a cubrir por los progenitores del alumno, con los datos personales de cada solicitante. Y añade, en la exposición de motivos, la solicitud de información sobre "cualquier actividad, charla, taller o similar que quieran impartir en el colegio al que hago referencia y que afecte directamente a la la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a la educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva o los diferentes modelos de familia". De no contar con dicha información previa, añade el texto, el progenitor solicitará a la "Consejería de Educación y del centro que se exima al alumno de la participación en la actividad en cuestión y se le garantice la debida atención educativa durante el tiempo correspondiente a aquella".

Francisco Pérez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, explica en conversación con infoLibre que la recepción de las misivas ha generado, entre los docentes, "indignación y preocupación". "Ahora habrá profesores y directivos que se sientan intimidados pensando que algún padre podría tomar medidas", lamenta. El efecto directo de la campaña no es otro que "ejercer presión", algo que el sindicalista tacha de "inaceptable". Por el momento, el sindicato no ha recibido noticias de ningún conflicto en los centros a raíz de la campaña.

Denuncia ante la Fiscalía

Y precisamente con el fin de evitar una situación de enfrentamiento en las aulas ha actuado CCOO. El sindicato ha presentado la mañana del lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

Comisiones argumenta, en su escrito, que Hazte Oír "carece de finalidad educativa y por lo tanto se produce una intromisión ilegítima de la asociación en los centros educativos dependientes de la Administración Pública". Además, los propios estatutos de la organización "no prevén entre sus fines este tipo de participación o de acciones", de manera que, a juicio del sindicato, podría estar dando lugar a "declarar actos ilícitos estas actuaciones".

Por otro lado, la campaña "incita a cometer una ilegalidad" en cuanto se trata de actos contra la educación en valores. "La ley educativa que está en vigor establece en su preámbulo con claridad el fomento de una educación en valores que respete la diversidad y plantee la igualdad como objetivo educativo", subraya García. Además, las trece comunidades con leyes LGTBI cuentan con "un reconocimiento claro y expreso de esta cuestión". Por ello, recuerda el sindicalista, "cuando se hacen estos talleres se hacen en el marco de la situación legal".

Los cursos, insiste, están "incorporados en programaciones didácticas, aprobadas por la administración educativa", que se encarga de su supervisión, revisión y corrección dado el caso. "Dentro del horario lectivo ya está recogido, pero ocurre lo mismo cuando se trabaja como actividad complementaria, dentro de la programación del centro y es aprobado por el claustro e igualmente revisado por la comunidad educativa y la administración", resalta García. La educación en valores, resume, "forma parte del consenso democrático y constitucional". "La igualdad, el respeto y el reconocimiento de las diversidades forma parte del pensamiento civilizado y eso no es objetable".

La carta confeccionada por la asociación ultracatólica, desarrolla Comisiones en su denuncia, "fomenta la homofobia, en cuanto que, desde el entorno educativo, la sexualidad representa también un reto pedagógico digno de atención, que no puede estar desprovisto de programas y estrategias a favor del desarrollo social".

El sindicato apoya su denuncia en diversos tratados internacionales, así como en el ordenamiento jurídico español y en jurisprudencia. Cita, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional que exige una "incitación indirecta a la comisión de delitos" o una "provocación de modo mediato a la discriminación, al odio o a la violencia" como elementos necesarios para considerar "constitucionalmente legítimo" castigar el discurso de odio. Las actuaciones denunciadas, continúa la organización sindical, "instan a la promoción de ideas u opiniones contra el colectivo LGTBI". "La incitación a la comunidad educativa a que los padres no autoricen a sus hijos a las charlas, informaciones, clases, relativas a la educación de identidad de género, conlleva negar nuestro derecho constitucional de convivencia", apostilla.

García tiene claro que la pretensión de Hazte Oír pasa por "facilitar el discurso de odio: si dejas de educar a los niños al final podrá ocurrir que fenómenos de acoso y violencia se puedan recrudecer, es un peligro".

El pasado jueves, la Agencia Española de Protección de Datos anunció también la apertura de una investigación a Hazte Oír "por posible tratamiento ilícito de datos personales en relación a las actividades incluidas" en la campaña.

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En cuanto a Hazte Oír, su perseverancia parece no cesar. Tras la interposición de la denuncia de CCOO, la asociación se ha apresurado a dejar claro que "no va a ceder ni un milímetro en su campaña contra el adoctrinamiento de ideología de género en las aulas a pesar de las amenazas y presiones de la izquierda y los grupos LGTBI".

La acción tejida por la organización ultra no resulta especialmente novedosa. En el año 2016, Izquierda Unida denunció el envío de propaganda con un claro contenido "homófobo y sectarista" a los centros escolares. El procedimiento era el mismo: la organización envió a los centros folletos y cartas dirigidas a los cargos directivos, denunciando la supuesta imposición de las "leyes de adoctrinamiento sexual". En la misma línea, el PSOE pidió a los colegios que rechazaran el libro ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, que también fue difundido por la organización y que los socialistas tacharon entonces de "panfleto homofóbico".

La Comunidad de Madrid, de hecho, decidió sancionar a la asociación con 1.500 euros. Para la imposición de la multa se apreció el agravante de intencionalidad, al haber actuado "con voluntad consciente de lo que hacía". La asociación recurrió la multa y finalmente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Madrid decidió estimarlo parcialmente en junio de este año.