El futuro de Cataluña
Calvo dice ahora que el decreto de medidas digitales no es contra la 'República digital catalana'
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo en funciones y que votará hoy la Diputación Permanente del Congreso no es una medida "contra la república digital catalana", pese a que así lo presentó Pedro Sánchez en plena precampaña de las elecciones del 10 de noviembre.
Pese a que Sánchez anunció la medida para "poner punto y final" al proyecto independentista de erigir una "República digital catalana", Calvo ha evitado este miércoles vincularlo a iniciativas separatistas como la de Identicat, un sistema de identificación en desarrollo que persigue que los catalanes puedan hacer trámites en Internet con la Administración y contra el que podría actuar el Gobierno a través de este real decreto ley.
Calvo ha sostenido que se trata de "un real decreto ley parecido a la legalidad que se está haciendo ahora mismo en cualquier país" similar a España "para proteger derechos y libertades de los administrados en relación a las administraciones públicas y de las relaciones entre administraciones públicas para ofrecer más seguridad y más garantía en la forma en que los ciudadanos nos movemos en las nuevas tecnologías".
"Es una normativa muy parecida a la que tienen otros países y hemos considerado que no había que demorarla. Afecta a todo el territorio y a todas las administraciones públicas e instituciones", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, adonde ha acudido a recoger su acta de diputada.
Tras precisar que se trata de una medida decidida en exclusiva por el Gobierno en funciones, la ha defendido como una "normativa necesaria, equilibrada entre la libertad y la seguridad".
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Protección del DNI Fue precisamente Calvo la encargada de explicar el contenido del real decreto ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que lo aprobó.
Entonces, el Gobierno presentó la medida, que llevó en mano al Consejo de Ministros el propio Sánchez, como una iniciativa para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrollase una administración electrónica fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la UE, como sucede con Identicat.
Calvo precisó aquel día que serviría para "proteger más todavía el Documento Nacional de Identidad como único y excluyente de cualquier otra identificación que pueda tener cualquier hombre o mujer de este país".