El veto parental es sólo el principio: otros 10 peajes pendientes de pago a Vox

El papel de los pactos lo aguanta todo, pero los partidos políticos que los firman no. Tras su desastre electoral del 10 de noviembre, Ciudadanos quiere ahora marcar distancias con Vox, pese a que sus compromisos con la ultraderecha están por escrito. Porque el problema es que el padre de la estrategia del viraje a la derecha de Cs, Albert Rivera, se ha marchado, pero sus decisiones siguen ahí. PP, Cs y Vox están atados por tres compromisos a nivel autonómico: Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. El guión en las tres comunidades es parecido. PP y Cs gobiernan con el apoyo externo de Vox. A cambio de un precio, claro. Y Vox quiere cobrárselo, con el argumento –de peso, ciertamente–, de que está por escrito. Lo que ocurre es que es más fácil firmar un compromiso que cumplirlo. El veto parental lo ha demostrado. Acordado por los tres partidos en Andalucía y Murcia, la exigencia de su puesta en práctica por parte de Vox ha ocasionado un terremoto político nacional. En Andalucía, Cs ha logrado arrastrar al PP al incumplimiento de ese punto del acuerdo. Y pesa sobre su puesta en marcha en Murcia una amenaza de denuncia ante los tribunales del Gobierno central, que ha dado al Ejecutivo de la Región un ultimátum fijado este lunes para retirar la medida.

Todo eso se ha desencadenado con una sola medida, el bautizado por la ultraderecha como "pin parental", tomada por Vox de los movimientos del lobby ultracatólico como Hazte Oír y convertida a la vez en programa de gobierno y en frente de batalla de su "guerra cultural". Ante la negativa de PP y Cs de cumplir esta parte del pacto, este periódico ha trasladado a Vox una pregunta sencilla: ¿Qué medida va a adoptar? Pero no ha habido respuesta. Lo seguro es que el partido tiene más material, puesto por escrito y firmado, para presionar al PP y Cs con medidas con gran capacidad de ponerlos en apuros. Medidas con sello ultra, o discriminatorias, o que es dudoso que estén dentro de las competencias autonómicas, o que son técnicamente muy difíciles de llevar a cabo. Medidas que prometen controversia. En Andalucía hay más acuerdos de este tipo, porque además de un pacto de investidura entre PP y Vox (enero de 2019), hay firmados dos acuerdos presupuestarios (junio y octubre), mientras que en Murcia sólo hay un pacto presupuestario y en Madrid, de momento, ninguno.

infoLibre repasa los acuerdos más problemáticos con Vox.

1. Ayudas contra la inmersión lingüística

Fue un éxito mediático. PP, Cs y Vox acordaron en junio, para aprobar los presupuestos andaluces de 2019, subvencionar a los descendientes de andaluces en Cataluña para protegerlos contra las políticas de inmersión lingüística. Suena más de lo que es. Se trata de una línea de ayudas de 100.000 euros, que no podrá salir sólo para Cataluña. Los funcionarios de Presidencia trabajan en la orden, que está encontrando múltiples dificultades técnicas. Está por ver cómo se articula jurídicamente una medida impulsada por Vox en el contexto de su batalla política contra el independentismo.

2. Competencias en inmigración

A pesar de ser una competencia estatal, Vox quiere llevar la inmigración a la política autonómica. Allí donde es decisivo, exige. En Andalucía ha logrado dos veces el compromiso de PP y Cs –tanto para los propuestos de 2019 como para los de 2020– de crear un órgano de coordinación con la Policía Nacional para facilitarle información que permita la expulsión de inmigrantes irregulares. Hasta ahora, papel mojado. Está "pendiente de acordarse" con el Ministerio del Interior, responden en la Consejería de Presidencia (PP).

En Madrid y Murcia, las exigencias aceptadas a Vox para las investiduras incluyen "colaborar con las instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias de tráfico de personas". Suficientemente genérico como para que quede en nada, pero difícil de gestionar si Vox se pone a preguntar por su cumplimiento. En Madrid "se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan acceso directo, de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular". La alusión al respeto a la ley no evita necesariamente el conflicto. En Andalucía, por ejemplo, está escrito que el veto parental debe implantarse conforme a la Constitución, lo cual no ha evitado el lío.

3. Cerrar un centro de menores inmigrantes

En Madrid y Murcia hay acuerdos para "revisar la política" de centros de menores extranjeros no acompañados. En Madrid, a esto se suma "asegurar que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad". Ninguno de los dos gobiernos autonómicos aclara el grado de cumplimiento de estos compromisos, de los que no hay más rastro que el anuncio. Más concreta es otra medida recogida en el acuerdo de presupuestos de 2020 en Murcia: que un centro de menores extranjeros, concretamente uno situado en la pedanía murciana de Santa Cruz, deje de dedicarse a tal fin a lo largo de 2020. Vox protagoniza manifestaciones contra este centro, algunas a sus puertas, al menos desde septiembre del año pasado.

4. Inmigración "respetuosa con la cultura occidental"

Vox acordó en enero de 2019 apoyar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía con un documento firmado sólo con el PP. Aunque no lo firma Cs, sigue siendo un documento válido. Y es problemático. Dice algo que también recogen los requisitos exigidos por Vox para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso (PP) en Madrid: que el Gobierno autonómico debe colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental". Sin decirlo expresamente, esta medida discrimina a los árabes, que más frecuentemente son musulmanes y no hablan español –a diferencia de los latinoamericanos–.

El Gobierno de Madrid no responde sobre el grado de cumplimiento de esta medida. En Andalucía, Presidencia dice que no le corresponde. La Oficina del Comunicación indica que la puerta adecuada es la Vicepresidencia de Juan Marín (Cs). La respuesta allí es que es un tema de Presidencia.

5. Limitación a las ayudas a la memoria histórica

Vox, en su acuerdo de junio con PP y Cs, arrancó una medida contra las asociaciones de memoria que necesita encaje normativo ad hoc. El Gobierno de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) se comprometió a que la normativa reguladora de las subvenciones a estas asociaciones establecerá que nunca más de un 20% del total de la subvención "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trata de una medida que parte de la presunción de Vox de que las asociaciones memorialistas son "chiringuitos cazasubvenciones". La Junta no ha presentado ni un caso de irregularidades de estas asociaciones que justifique el cambio.

La Consejería de Cultura anunció en septiembre que va a "modificar las bases reguladoras", según el acuerdo del Gobierno andaluz. Desde entonces, nada. La respuesta de Cultura ahora es que se está preparando "la base de las convocatorias".

Es difícil contentar en temas de memoria a Vox. El PP se comprometió con el partido de Santiago Abascal a derogar la actual ley de memoria democrática, aprobada sin votos en contra. Cs no ha firmado ese papel, de modo que es poco probable que se apruebe la "ley de los caídos" que ya ha presentado Vox.

Más posibilidades tiene Vox de materializar otro compromiso del PP, en este caso no recogido en ningún acuerdo escrito –al menos público– para sustituir al director general de Memoria Democrática, cargo hoy desierto, por un Comisionado de Concordia. Hace casi un año ya que el Gobierno andaluz se comprometió con Vox. "Saldrá en breve la convocatoria y en cuanto se resuelva, que aproximadamente será un mes, tendremos la persona", señala la Consejería de Cultura, que atribuye el retraso a los cambios realizados en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Su perfil será mirado con lupa.

6. Teléfono de violencia intrafamiliar

Esta medida promete un pico de atención en Andalucía cuando se implante. Los dos acuerdos presupuestarios de PP, Cs y Vox recogen la creación de un "teléfono de violencia intrafamiliar". Dicho servicio, según la Junta, no sustituirá a la atención a las víctimas de violencia de género, sino que estará orientado a menores y personas mayores. Pero lo cierto es que ya existen en la Junta teléfonos de atención a niños y mayores [ver aquí y aquí]. ¿De qué se va a encargar? Por ejemplo, de dar respuesta a la violencia ejercida por "un hijo contra sus padres o abuelos", como explicó Elías Bendodo, consejero de Presidencia (PP), en septiembre. No está claro qué aportará con respecto a los teléfonos ya existentes. Está por ver si el servicio lo prestan trabajadores públicos o hay que contratar a una empresa externa. Tampoco se conoce su coste.

El Gobierno de Murcia no aclara cómo va a dar cumplimiento a este compromiso: "Nos comprometemos a desarrollar programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar".

7. Eliminación de zonas educativas

PP y Vox acordaron en enero de 2019 por escrito una medida que supondría una grave alteración del sistema educativo andaluz: "Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo". Aunque tanto PP como Cs y Vox comparten a grandes rasgos un programa liberalizador de la oferta educativa, sólo Vox ha puesto el énfasis en la supresión de las zonas, que en la práctica beneficia a la concertada e incrementa su peso en el sistema y su financiación pública. La Consejería de Educación, en manos de Javier Imbroda (Cs), afirma que esta medida "no se contempla".

Sería un segundo no de Educación a Vox. La Consejería de Educación ya se ha negado a aplicar el veto parental, obteniendo el respaldo del PP. Han pasado más de diez días y la formación liderada en Andalucía por Alejandro Hernández no ha elevado el tono. Está por ver si Vox hace causa contra este incumplimiento de su pacto con el PP o lo deja correr.

8. Caza en los colegios

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo presupuestario de 2020 en Andalucía fue el 13: "Actividades complementarias educativas sobre actividad cinegética" mediante un "programa de actividades" específico. Educación (Cs) responde sobre el avance de esta medida: "La Consejería está valorando cómo introducir las actividades cinegéticas en los centros educativos". Es decir, se está estudiando el cómo. Es lo mismo que responde la Consejería de Agricultura sobre la "licencia interautonómica de caza", que obliga a gestiones con otras comunidades: "Está en estudio".

9. Reformulación del antiguo PER

El acuerdo de presupuestos andaluces de 2019 entre PP, Cs y Vox, firmado en junio, recoge la "reformulación del programa PFEA". No hay ningún acuerdo contra el fraude fiscal, pero sí está recogida esta preocupación constante de Vox: el supuesto descontrol de las ayudas que llegan a los jornaleros con escasez de peonadas, lo que antes era el PER y ahora el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Es una preocupación especialmente acentuada en Francisco Serrano, azote de las "paguitas", que paradójicamente está bajo investigación de la Fiscalía por un caso de ayudas públicas millonarias irregularmente obtenidas.

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El PFEA es un programa de ámbito estatal, aunque en su financiación colaboran también las comunidades. El pacto entre las tres fuerzas establece: "En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma se implementarán los mecanismos necesarios para mejorar el control de los fondos" del PFEA. ¿Cómo? No se sabe. La Oficina de Comunicación remitió a Vicepresidencia (Cs). Allí no hubo respuesta.

10. Ayuda a afectados por ocupaciones

Las ocupaciones de viviendas son otro frente de batalla de Vox, que logró apuntarse una vistosa medida en el acuerdo presupuestario de octubre en Andalucía: un "programa de ayuda" a los afectados por este fenómeno. Otra vez, es más fácil de firmar que de ejecutar. La Consejería de Fomento explica que "se perfila un protocolo de actuación común en todas las oficinas provinciales de AVRA [Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía] territoriales para atender estos supuestos y así favorecer la información".