Hostelería y turismo, mujeres y precarios: las primeras "fichas del dominó" económico del coronavirus

"Tenemos que estar todos juntos para afrontar una guerra que no distingue de territorios, pero sí de clases sociales". Son palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, pronunciadas este jueves. La crisis del coronavirus ha hecho saltar los cimientos de la economía, pero ha azotado con especial crueldad a los sectores de la población más vulnerables.

"Van a ir cayendo todos los sectores como fichas de dominó". Así lo entiende el abogado laboralista Juan Rubiño, miembro de Red Jurídica. Pese al impacto global que vaticina el letrado, lo cierto es que "hay sectores donde el paro es total y ahora van a estar muy afectados". Son especialmente aquellos que tienen que ver con la hostelería y el turismo, esferas particularmente dañadas tras la expansión del virus. "De momento esas serán las áreas más afectadas, pero esto va a tocar a todos los sectores, va a ser una cadena", afirma Rubiño añadiendo algún matiz: "Excepto algunos muy concretos, los abogados laboralistas por desgracia tendremos un repunte".

Lara Contreras, responsable de incidencia política de Oxfam Intermón, recalca que las medidas gubernamentales van en la línea de "no incrementar la desigualdad y la pobreza", pero lo cierto es que "aunque el coronavirus llega a todas las personas, la desigualdad hace que llegue de manera diferente". En primer lugar porque "la pobreza marca diferencias en la salud", pero también porque las condiciones laborales de cada uno determinarán el riesgo de pobreza en tiempos especialmente difíciles.

Contreras habla de los trabajadores temporales "que pueden acabar siendo despedidos definitivamente", de las mujeres con "trabajos más precarios, sin posibilidad de teletrabajar y con la imposición de los cuidados". De las empleadas domésticas, "muchas sin contrato ni protección, sin derecho a desempleo". También de las personas migrantes, "un colectivo muy vulnerable" en muchos casos "sin acceso a la salud, sin capacidad de tener un lugar en el que aislarse, sin posibilidad de seguir avanzando en el proceso de solicitud de asilo y sin información en su idioma". Contreras piensa igualmente en los "repartidores y falsos autónomos, que no tienen ninguna protección y garantía de derechos laborales: no pueden dejar de trabajar, pero si lo hacen no tienen tampoco capacidad de acogerse a las medidas".

Para la activista, la solución más justa en este escenario tiene un nombre: renta mínima garantizada y que "las familias puedan tener ingresos". Y recuerda: muchos colectivos "no entran en el paquete de medidas" y para ellos "perder ingresos significa caer en la pobreza".

Hostelería y turismo: los sectores más afectados

Este viernes el Ministerio de Sanidad dictó la orden de cierre obligatorio para hoteles, establecimientos turísticos, campings, aparcamientos de caravanas y alojamientos de corta estancia antes del próximo día 26 de marzo. La crisis obliga a mirar casi de forma automática a los trabajadores del sector hostelero y turístico. Especialmente aquellos que soportan condiciones más precarias, que son precisamente quienes dependen en mayor medida de la estacionalidad que atraviesa al sector.

Gonzalo Fuentes, responsable de Política Institucional de la Federación de Servicios de CCOO, explica a infoLibre que es precisamente en hostelería y turismo donde la crisis "va a afectar con diferencia", en primer lugar porque el cierre de hoteles y locales es inminente. "Los hoteles van a estar todos cerrados y los comercios también experimentarán una avalancha de ERTEs, va a ser una catástrofe", lamenta Fuentes.

Al sindicalista le preocupa fundamentalmente el despido que pueda precipitar la crisis. "Lo que no puede ser es que ocurra lo que ocurrió en 2008: que de esta crisis se beneficien los de siempre y la paguen los mismos". Por otro lado, con la llegada de la Semana Santa y los meses estivales, las zonas especialmente turísticas requieren de muchos "fijos discontinuos que se incorporan" a puestos de trabajo en hoteles, cafeterías, restaurantes o locales de ocio. Una dinámica que el virus ha aplacado.

La precariedad en la cultura

Los trabajadores del sector cultural asumen con incertidumbre los días que se suceden. Especialmente aquellos más invisibles. Entre los trabajadores de la cultura existen importantes diferencias, pero en un primer vistazo podrían extraerse al menos dos clasificaciones: quienes cuentan con contratos de larga duración y quienes por el contrario poseen contratos más cortos. Así lo explica Juan Javier Herrera, miembro del sindicato CNT y figurante de profesión.

Los técnicos de los teatros, por ejemplo, tienden a ser empleados "más fijos y la mayoría entraría dentro de las medidas" decretadas por el Gobierno, de manera que quedarían afectados por los ERTEs y cobrarían el paro. "Pero si pensamos en los trabajadores que están más en precario", el panorama se ensombrece. Herrera habla de los trabajadores con contrato temporal, quienes participan en los rodajes de series y aquellos que incluso tienen contratos por un día, como los actores de reparto o figurantes. "Para ellos simplemente no hay despidos, no hay ERTEs, porque no hay trabajo, no hay ninguna medida que les haya podido beneficiar", subraya.

Buena parte de los trabajadores que menciona Herrera ni siquiera han cotizado lo suficiente para acceder a los subsidios por desempleo. Y de ahí procede el grueso de las consultas que el sindicalista lleva días gestionando. Tampoco existe mucho más margen por parte del Gobierno, reconoce. "La única medida específica podría ser algo parecido a lo que se venía diciendo de la renta básica universal: si este no es el momento, no se me ocurre cuándo lo será", lanza.

Economía sumergida

Mientras el virus avanza, la exclusión social se ceba con las personas migrantes. Según ya alertaba Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), el 54% de los ciudadanos de origen no comunitario está abocado a la exclusión social, un porcentaje que escala al 57% cuando las migrantes son además mujeres. Estas personas tienden precisamente a ocupar trabajos donde sus derechos no están plenamente reconocidos y a engrosar la esfera de la economía sumergida. Lo detalla Malik Gueye, portavoz del Sindicatos de Manteros de Madrid. Los trabajadores migrantes parten, explica a este diario, de un "racismo institucional" normalizado que se ha plasmado ahora en la falta de ayudas para ellos. "De entre todas las medidas de emergencia, en ningún momento se ha nombrado a las personas que se dedican a vender en la calle, que están invisibilizadas", lamenta e insiste en que "no hay ninguna medida de la que se puedan beneficiar, ninguna herramienta, ningún mecanismo". Sólo les queda, afirma, el "apoyo mutuo para buscar algo".

Hoy día, subraya Gueye, "la situación es mucho más vulnerable que hace tres semanas: si no pueden salir de su casa, no tienen ningún ingreso y por tanto no hay dinero para pagar el alquiler o la comida". A juicio del activista, la única solución para las personas migrantes pasa por "quitar las leyes racistas, como la de extranjería, que no permite a la gente integrarse, trabajar, formarse o estudiar". Partiendo de esa base, remacha, "ya les han excluido de la sociedad". Desde este lunes, el Sindicato de Manteros de Madrid ha abierto una cuenta para apoyar a los trabajadores que se encuentran sumidos en una situación precaria, forzada por el estado de alarma.

Temporalidad y parcialidad

Aunque las ayudas gubernamentales no dejan fuera a los trabajadores temporales o a tiempo parcial, aquellos que interrumpan su actividad y partan de una situación previa de ingresos bajos tendrán que enfrentarse a un panorama complejo. El abogado Juan Rubiño explica que "sí podrán acogerse a las medidas" aunque "en general verán disminuidos sus ingresos, a no ser que la empresa complete sus nóminas". La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya venía advirtiendo de que la temporalidad y la parcialidad involuntaria aumenta el riesgo de pobreza entre los trabajadores.

En ese sentido, la organización internacional ha alertado en reiteradas ocasiones de los efectos colaterales que emanan de la contratación temporal de corta duración: aumento de la inseguridad de los empleados, volatilidad de sus ingresos y obstáculos en la promoción profesional. Condiciones que no pasarán desapercibidas durante el estado de alarma.

El Gobierno trata de proteger a los autónomos

Uno de los primeros interrogantes tras el estallido de la crisis anidaba precisamente en ellos, los autónomos. El Gobierno de Pedro Sánchez se manifestó enseguida dispuesto a superar los obstáculos para este sector, que cuenta con cerca de 3,2 millones de trabajadores.

El Ejecutivo ha habilitado, para ellos, una prestación extraordinaria por cese de actividad, de manera que los trabajadores por cuenta propia podrán solicitarla siempre que estén afiliados al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) y cuando su actividad se haya visto interrumpida como consecuencia del estado de alarma. También podrán requerir la ayuda quienes demuestren que su facturación se ha reducido un 75% respecto al mes anterior, igualmente como efecto de la excepcionalidad del momento.

En cuanto a la cuantía de la prestación, el decreto la sitúa en el 70% de la base reguladora por la que estuviera cotizando el autónomo. El mínimo, según este cálculo, sería de 660 euros y el máximo de 1.098. Dado lo amplio de la horquilla, aquellos que se instalen en la base mínima de cotización podrían pasar por dificultades para asumir los gastos mensuales propios de un hogar.

Familias monoparentales

Y si la crisis provocada por el coronavirus golpea con especial fuerza a determinados sectores laborales, también lo hace con sectores de la población que parten ya de situaciones precarias. Es el caso de las familias monoparentales. Así lo dicen los estudios: las familias monoparentales soportan un riesgo de pobreza y exclusión dos veces superior al de las familias integradas por dos progenitores.

Este tipo de familias, que constituyen un total de 1,8 millones, conviven con una realidad que las sitúa inevitablemente como población vulnerable. Según Save the Children, "más de la mitad de los niños que viven con madres solas son pobres", y de acuerdo a datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) uno de cada dos hogares monoparentales está en riesgo de pobreza. Si la situación previa es por sí misma compleja para las madres, el panorama que deja el coronavirus puede suponer un auténtico rompecabezas para sacar adelante estos hogares.

Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (Fams), explica que la situación es "muy caótica y muy alarmante", aunque no obvia las diferencias entre las familias en función de la situación personal y laboral de cada una. El principal escollo lo encuentran las madres en la tarea de conciliar. Entre las medidas aprobadas por decreto, se garantiza el derecho a la conciliación a través de reducciones de jornada y también mediante una reorganización del tiempo de trabajo por cuidado de familiares. Medidas que pueden aliviar la corresponsabilidad, pero que resultan insuficientes para las familias monoparentales donde el reparto de tareas no existe.

"Muchas mujeres han perdido el empleo y tienen inseguridad porque no saben lo que va a ocurrir. A otras las llaman para trabajar, pero al no tener el tema de la conciliación resuelto tienen que rechazar la oferta", relata Flores. El problema, confiesa, es que las familias monoparentales no son consideradas población vulnerable, precisamente porque no "hay nada que acredite esa situación, sólo estudios, lo que pone de manifiesto la falta de consideración" hacia estas familias. "Estamos en la sociedad, pero no sobre el papel ni en las leyes".

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Las empleadas del hogar, mayoritariamente mujeres y migrantes, observan la crisis del coronavirus con la incertidumbre que acarrea una situación de completa precariedad e inestabilidad. Según Oxfam Intermón y el Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el 34% de las trabajadoras domésticas están condenadas a vivir en condiciones de pobreza. Más de un tercio ya viven en una situación precaria, no cotizan todas las horas que trabajan, no tienen derecho a percibir el subsidio por desempleo y en añadido pueden ser despedidas de forma unilateral sin ninguna explicación y en cualquier momento.

Bajo el paraguas de estas condiciones, la excepcionalidad impuesta por el Covid-19 hace mella en sus vidas con mayor intensidad. Según Oxfam y la universidad madrileña, una de cada tres trabajadoras dice llegar a fin de mes con dificultad, el 5,4% declara haber experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, más de uno de cada dos de los hogares en los que viven no puede enfrentarse a gastos imprevistos y el 15,7% no puede permitirse mantener la casa a una temperatura adecuada en invierno.

El Ministerio de Trabajo, consciente de las particularidades del colectivo, se ha comprometido a estudiar medidas específicas para ellas, ajustadas al estado de alarma decretado hace una semana.