El reto de proteger a la infancia frente a la violencia machista

Más de 500 personas huérfanas por violencia de género desde 2013. Son cifras, esta y la que contabiliza 1.100 mujeres asesinadas desde 2003, que estremecen. Son asesinatos que nos hablan de un verdadero terrorismo machista. Cifras que sonrojan a cualquier demócrata que de verdad merezca ese apelativo.

La violencia de género no es un problema específico de España. Vivimos en un país que puso nombre y abordó antes que ningún otro desde la legislación este grave problema. España ha sido y sigue siendo pionera y referente mundial en la lucha contra la violencia machista. Hay muchos países, la mayoría de los de Europa, que ni siquiera saben cuántas víctimas mortales tienen por violencia de género. Es difícil combatir un problema cuando no lo tienes identificado. La Ley integral de 2004 sacó esta violencia del ámbito privado y la convirtió en un asunto público, en el cual las administraciones deben implicarse. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género llegó en 2017 para ahondar en ese compromiso a través de más de doscientas medidas y un acuerdo que no solo es institucional, sino que es también político y de toda la sociedad. Dicho de otro modo: gobierne quien gobierne, debe continuar el combate contra el machismo criminal y debe garantizarse la dotación presupuestaria y los recursos para tal fin. Un pacto que es más necesario que nunca en estos momentos de negacionismo de la violencia de género, de posicionamiento de un partido que está en las instituciones, la ultraderecha de Vox, que se posiciona al lado de los maltratadores y los refuerza al no estar sin fisuras del lado de las mujeres que sufren la violencia machista.

En el grupo parlamentario socialista conocemos la importancia de ese compromiso que supone el Pacto de Estado y tenemos el convencimiento de que es imprescindible renovarlo. Por eso impulsamos una nueva legislación que amparará a las personas huérfanas de violencia de género. La Proposición de Ley que admitió a trámite hace unos días el Congreso de los Diputados resuelve las dificultades con las que se encuentran las personas huérfanas a la hora de acceder a bienes y derechos de la herencia, así como a indemnizaciones civiles, a la vez que les exime del pago de impuestos que gravan esos bienes. Se trata de una propuesta de Fundación Mujeres, trabajada a partir de casos reales con los que se han ido encontrando. La hemos recogido porque hemos constatado que son cuestiones que se pueden solventar con modificaciones legislativas que harán más fácil la vida de estos huérfanos y huérfanas a quienes les han arrebatado a su madre de la manera más cruel, por un asesinato machista. Temas que podemos resolver legislativamente y que vamos a solucionar sin dudarlo.

Existen casos, como el de las hermanas Calderón Pérez, de Sevilla, que permanecen durante años en un laberinto jurídico del que, actualmente, es difícil escapar. En 2015 su padre asesinó a su madre, María del Águila. Todavía hoy no han podido heredar los bienes a los que tienen derecho en concepto de indemnización porque no pueden afrontar el pago de los impuestos a los que están sujetos. Eso no les ocurriría, en cambio, si la indemnización hubiera sido monetaria. Es algo que también corrige la Proposición de Ley, de la misma manera que agiliza la disolución de la sociedad matrimonial de gananciales y facilita el proceso sucesorio. En definitiva, se trata de no añadir más complejidad a unas vidas que ya se han visto demasiado golpeadas por la violencia de género.

En este período de sesiones que ahora concluye, en el Congreso de los Diputados hemos dado un impulso legislativo importante en lo referente al apartado sobre menores víctimas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este es un eje fundamental del acuerdo. Leyes como la de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia o la ley que reforma la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad incorporan varias medidas del pacto alcanzado por el empeño del movimiento feminista y del grupo parlamentario socialista. Así, es ley la suspensión del régimen de visitas o estancia en casos de violencia de género, como lo es la prohibición de visitas al padre en prisión. De la misma manera, ya no es necesario el consentimiento del agresor para la asistencia psicológica a hijos e hijas menores, aunque no haya sentencia, siempre que la violencia de género esté acreditada. Igualmente, se prohíbe explícitamente el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y se reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia de género.

La protección de las y los menores y de las mujeres víctimas de violencia machista es una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Como legislativo y como sociedad, no podemos cejar en ese empeño. Es lo mínimo que podemos hacer ante tanto sufrimiento que nunca, jamás, debemos silenciar ni normalizar.

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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.