El juez de 'Neurona' archiva por segunda vez la investigación sobre la caja de solidaridad de Podemos

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha acordado por segunda vez a lo largo de las pesquisas archivar la línea de investigación dedicada a la donación de 50.000 euros que la Asociación #404 Comunicación Popular solicitó a la caja de solidaridad de Podemos, al considerar que "no hay indicios racionales" de que se haya cometido un delito de administración desleal, según informa Europa Press. 

"No existen, por lo tanto, indicios racionales de la presunta comisión de un delito de administración desleal del numerario de la caja de solidaridad de Podemos, razón por la cual procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa respecto de dicho delito", sostiene el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, en un auto dictado este mismo viernes al que ha tenido acceso Europa Press.

Escalonilla ha ordenado el sobreseimiento provisional tras recibir recientemente un informe policial que acredita que Podemos dio 30.000 euros a la asociación mediante tres transferencias de 10.000 euros cada una desde una cuenta en la que figuran como apoderados su tesorero, Daniel de Frutos, y el entonces secretario de Organización, Pablo Echenique.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reflejó asimismo en su informe que los gastos efectuados por la asociación desde la cuenta donde recibió el dinero y una tarjeta de débito vinculada a la misma corresponden a costes de arrendamiento, trabajos de impresión, vuelos comerciales y material fotográfico, entre otros.

"Cabe por tanto concluir, en primer lugar, que los 30.000 euros transferidos por parte de la caja de solidaridad de Podemos a #404 Comunicación Popular fueron utilizados por sus miembros para los fines propios de dicha asociación", indica.

En segundo lugar, apunta que "los cargos efectuados por las personas autorizadas en la cuenta de dicha asociación con cargo al numerario de dicha cuenta lo fueron estrictamente para el sufragio de gastos derivados de la realización de actividades correspondientes a los fines asociativos".

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El magistrado comenzó a indagar en este asunto al ser una de las presuntas irregularidades mencionadas por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó en diciembre de 2019, de la que partió el caso Neurona.

El denunciante advirtió de que, aunque la caja de solidaridad se creó en 2018 para "tejer redes" con diferentes colectivos en un proyecto de lucha conjunta por la justicia social, se habría usado para "realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar". Y señaló directamente al dirigente 'morado' Rafael Mayoral.

En concreto, Calvente llamó la atención sobre la petición de 50.000 euros realizada por #404 Comunicación Popular "sin que conste la fecha, la razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero".

Reabierto por la Audiencia Provincial

El pasado mes de octubre, Escalonilla acordó cerrar esta línea de investigación porque, pese a comprobar que Podemos transfirió esos 30.000 euros a #404 Comunicación Popular, estimó que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido".

Las acusaciones populares de Vox y ProLege presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid que se resolvió en febrero ordenando al instructor que siguiera indagando en la Casa de Solidaridad "hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal". Aún quedaba por conocer quién autorizó la donación y en qué se usó el dinero, esgrimió la Sección 30ª.

En consecuencia, el juez reabrió el asunto al tiempo que encargó nuevas diligencias, incluido el citado informe de la UDEF que ha precipitado el cierre de esta línea de investigación del caso Neurona.

Prórroga de seis meses

Este segundo archivo tiene lugar días después de que Escalonilla haya acordado prorrogar seis meses la instrucción del caso Neurona, que pone el foco en el contrato firmado por Podemos y la consultora política por 363.000 euros para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Escalonilla cree que fue simulado, por lo que se centra en averiguar si la empresa hizo realmente algún trabajo para el partido.

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Alrededor de este asunto principal se han ido investigando otras presuntas irregularidades denunciadas por Calvente, de las cuales, tras esta última decisión, solo siguen vivas Neurona, el pago de 26.000 euros que la matriz mexicana hizo al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el destino de las donaciones efectuadas por la ex senadora morada Celia Cánovas –acusación particular en la causa– al Proyecto Impulsa.

A lo largo de este año, el responsable del Juzgado de Instrucción 42 ha archivado las indagaciones relativas a los supuestos sobresueldos, las obras de reforma de la nueva sede de Podemos, el contrato electoral con ABD, el presunto acceso no consentido al disco duro de un ordenador de la abogada morada Marta Flor y, ahora, la caja de solidaridad.

Además, en el contexto del caso Neurona, la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona reveló nuevos hechos que cayeron en manos de otros juzgados. De ellos, solo se investiga ya si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, Teresa Arévalo, como niñera de su hija durante un viaje de campaña a Alicante efectuado en octubre de 2019.