Por qué Alemania y Bélgica se pueden permitir (por ahora) defender las reglas europeas del mercado eléctrico

Tras la fría acogida del Parlamento Europeo y el rechazo parcial de la Comisión Europea, este jueves daba comienzo la tercera de las batallas que libra España por cambiar las reglas del mercado de la electricidad: el Consejo Europeo, que reunió a todos los primeros ministros y presidentes de los países miembro. Pedro Sánchez, junto a sus homólogos de Francia, Grecia, República Checa y Rumanía, defiende cambiar el modelo para que el carísimo gas deje de marcar el precio de todas las tecnologías. Dos países han sido los más activos en defender el statu quo: Alemania y Bélgica. La crisis les afecta, sí, pero por ahora no sufren la tormenta política que se vive al sur de los Pirineos. El mercado libre está conteniendo la subida, aunque la ausencia de una tarifa regulada les podría generar sobreprecios cuando las aguas amainen. 

El borrador de la cumbre europea, en todo caso, jugaba a favor de estos dos países: no se han debatido grandes virajes, sino las diferentes maneras de aplicar las recomendaciones de la Comisión Europea para aplacar el golpe con los mecanismos actuales. En sus conclusiones, el Consejo Europeo simplemente llama a estudiar "medidas a medio y largo plazo que contribuyan a lograr un precio asequible de la energía". El propio presidente español ha quitado, en su comparencencia de este viernes, la reforma estructural de sus demandas, pidiendo solo el estudio de la especulación en los mercados de carbono, las compras de gas y el fomento de los contratos bilaterales.

"Creo que tenemos que reaccionar con prudencia, no debemos inhabilitar completamente el mercado, sino aportar más mercado, pero en cualquier caso necesitamos mecanismos de apoyo social", declaró a su llegada a la cumbre la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel. Podría pensarse que esta actitud inmovilista se debe a la ideología de su partido, pero ni socialdemócratas, ni verdes ni liberales, que en estos días negocian su más que probable coalición gubernamental, defienden una reforma radical del sistema.

Bélgica ha hecho frente con el vecino germano, apunta Euroactiv, en la oposición. Su primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, consideró que la propuesta española de compras centralizadas de gas no tendrá gran impacto a corto plazo. Contrapuso la situación de su país, "enormemente conectado a redes de energía", con España, "una isla energética". El liberal flamenco presume de su falta de soberanía energética cuando esas carencias en la producción de electricidad propia no la hacen invulnerables en la crisis. Los precios de la subasta belga se han mantenido en la línea de los del resto de Europa. Y además, el país baraja sustituir su potencia nuclear con centrales de ciclo combinado, que consumen gas, lo que empeoraría la situación si la escalada se mantiene. 

Alemania y Bélgica, sin tarifa regulada, disfrutan de la ventaja temporal, sobre todo en la arena de la disputa política, de un mercado de comercializadoras de electricidad completamente liberalizado. No cuentan con un sistema como el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), indexado al pool, que traslada con relativa fidelidad las tensiones de la subasta. Las empresas, animadas por la competencia, están aplicando la subida, pero por ahora sin una subida que encienda los ánimos de los votantes. La evolución es menos traumática también porque, según explican los expertos, la gran ventaja de un recibo intervenido por el Estado es que cuando baja el pool, se abarata más que la opción del mercado: el KWh que abonaron los españoles durante 2020 fue de los más baratos del continente. 

El modelo belga no está intervenido pero ofrece dos tipos de contrato: los fijos, en los que se paga un precio fijo por el KWh que no cambia salvo que se agote el contrato: y los variables, donde la comercializadora sí puede ir cambiando lo que factura por la electricidad, sin que esté obligada a que esos precios sean exactamente los del pool. El regulador belga, CREG por sus siglas en francés, no tiene cifras sobre cuánto se han encarecido las ofertas del primer tipo. Los segundos, los variables, han aumentado su cuantía un 116% con respecto al año pasado.

La estabilidad que ofrecen las empresas eléctricas juega a favor en esta crisis: también pasa en España, donde el mercado libre, que de media es más caro que el regulado, se ha encarecido un 30% solo para los nuevos contratos, mientras que el PVPC ha sextuplicado su coste con respecto al año pasado. En Alemania también se ve este efecto amortiguador. Los contratos del país germano no suelen ofrecer opciones variables: el precio del KWh se mantiene estable hasta que finaliza el periodo de vigencia. El aumento ha sido de un 9,3%, alcanzando los más altos niveles de la historia del país, que ya partía de un recibo de los más elevados de la Unión Europea. 

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Sin embargo, ambos países ya se están encontrando con problemas, aunque por ahora no sean suficientes como para abrirse a una reforma radical de las reglas europeas del mercado. En Alemania, dos comercializadoras de electricidad han quebrado porque ofrecen precios competitivos que no pueden cambiar de un día para otro, pero tienen que acudir a una subasta a niveles exorbitados para adquirir la materia prima. Der Spiegel advierte de que muchas empresas están cambiando sin avisar las condiciones para librarse de esta diferencia entre sus costes y sus ingresos. La industria electrointensiva, sobre todo la siderúrgica, también se está enfrentando a cortes de producción. Pero se asume que el modelo es invariable y tanto la cancillería actual como la posiblemente entrante defienden rebajas de impuestos, de peajes y de cargas como la única actuación en sus manos.

En Bélgica, los consumidores cuentan con un bono social equiparable al español que ha sido mejorado. Las medidas se han centrado, en línea con lo que pide la Comisión Europea, en los más vulnerables, mientras la oposición recrimina a De Croo que "se olvida de las clases medias". El Ejecutivo belga también baraja, en línea con el español, una minoración de los ingresos extraordinarios de los que disfruta la energía nuclear por el episodio, la principal en el país, aunque con un matiz: dejando fuera de la medida a las instalaciones que acometieran recientemente reformas, por entender que no están amortizadas. 

En el otro extremo, Polonia –muy dependiente del carbón– y Hungría, con el populista de extrema derecha Viktor Orban a la cabeza, creen que el problema está en el mercado de carbono, por el que las grandes instalaciones pagan por cada tonelada de CO2 que emiten y piedra angular de la acción climática europea. Es imposible que el continente cambie de rumbo tal y como proponen, pero, por enésima vez en estas semanas, queda patente que el consenso que se necesita para una reforma revolucionaria eléctrica en Europa queda muy lejos.