"Cuasiesclavismo" en "la ley de la selva": la huelga del metal en Cádiz desvela un modelo anclado en el miedo

"Se dan circunstancias cuasiaesclavistas". "Hay casos de 20 días seguidos sin descanso. Y algo muy grave: hay listas negras de trabajadores que levantan la voz". "Si esta es la situación en el sector del metal, ¡imagina en el comercio y la hostelería!". "El convenio es papel mojado. Pero no de ahora, es papel mojado desde hace 30 años". "[El funcionamiento consiste en decir] si te portas bien te contrato, si te portas mal no te contrato o te despido. ¿Y qué es portarse mal? Pedir tus derechos". "Tengo compañeros que se van a jubilar y no han sido fijos nunca". "Mucha gente no se atreve a cogerse las vacaciones". "Hay un número desorbitado de horas extraordinarias". "La ley de la selva".

Todas las anteriores son frases recabadas de dos trabajadores del metal, un dirigente sindical y un asesor laboral en Cádiz, todos ellos conocedores de las interioridades de un sector que a tenor de estas denuncias no sólo ha explotado por la falta de acuerdo sobre la renovación del convenio, o por el hartazgo tras la espiral de cierres de empresas emblemáticas y de retroceso industrial, sino también por las malas condiciones que ya sufre, especialmente los eventuales de la industria auxiliar.

La patronal Femca declinó responder a las denuncias aquí recogidas, al tratarse a su juicio de asuntos que deben trasladarse a la Inspección de Trabajo, no a la patronal.

Salario y duración

La huelga tiene un punto de partida concreto: la falta de acuerdo para renovar el convenio colectivo de la industria del metal de Cádiz, con unos 20.000 trabajadores. Los sindicatos pedían en el arranque de la negociación una subida de un 2% este año, medio punto más en 2022 y un incremento final hasta el 3% en 2023. La patronal, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (Femca), se ha movido desde su planteamiento inicial pero no llega tan lejos.

Actualmente hay un acercamiento de posturas en torno al 2% anual, si bien los sindicatos quieren garantías establecidas en las tablas salariales para evitar pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación. Además, aspiran a que el convenio dure dos años y la patronal tres, explica a infoLibre Juan Linares, responsable de Industria de CCOO en Cádiz. Las negociaciones continúan este miércoles con una reunión en Sevilla.

Deterioro industrial

Además de los elementos centrales de la negociación –salario y duración del convenio–, hay un factor que aporta gravedad: el hartazgo. Un hartazgo fundado en la memoria. La provincia lleva cerca de cuatro décadas sufriendo crisis industriales, que arrancan con la reconversión naval de principios de los 80. Histórica fue la manifestación del 24 de febrero de 1984, con unos 40.000 asistentes y gritos contra el ministro Carlos Solchaga (PSOE).

Ha habido muchas otras manifestaciones desde entonces. Cádiz, la tacita de Plata, tan escasa de accesos como fácil de aislar, se ha prestado a esas imágenes de barricadas, hogueras y el puente cortado. Son casi un emblema del movimiento obrero español, en el que el metal ha destacado siempre por su músculo movilizador. Pero lo cierto es que las movilizaciones no han logrado evitar los sucesivos palos a varias de sus empresas más señeras. Desde 2007 ha sido una catarata: Delphi, Visteon, Gadir, Altadis, LTK...

La herida más fresca es la de Airbus, que ha anunciado este año el cierre de la planta de Puerto Real, todo ello en medio de una crisis del sector aeronáutico agravada por la pandemia. Ninguna mala noticia parece la última. Cualquier problema en Airbus, lógicamente, no sólo afecta a Airbus, sino a miles de familias de las empresas auxiliares. Todo eso pesa en el ánimo y alimenta la determinación sindical y social de dar la batalla.

Este goteo de desastres se deja sentir en el peso de la industria, que entre 2008 y la actualidad ha pasado de suponer un 9,6% a un 7,9% de los activos económicos en la provincia, según datos del INE. En el mismo periodo, el sector servicios ha pasado del 64,4% al 68,8%. Los ocupados en el sector industrial han pasado del 10,6% al 9,6%. En los servicios, del 71,9% al 80,9%. Cádiz es cada vez más servicios y menos industria. Y en cuanto a la tasa de paro, está en un 23,1%, frente a un 18% en 2008. En España, la tasa es del 14,5%. Cádiz es la cuarta ciudad de más de 20.000 habitantes con menor tasa de actividad económica (49,9%), según datos del proyecto de Eurostat Urban Audit.

"Precariedad" en todos los sectores

De modo que tenemos ya dos frentes que alimentan el mismo fuego: el desacuerdo puntual en la negociación y el deterioro económico general en el que se inserta. Pero hay un tercero: la precariedad de los que ya están trabajando bajo convenio.

Conoce bien el terreno Pepe Huisa, asesor laboral y veterano de la lucha sindical en Andalucía, que atiende a infoLibre recién terminada la marcha de este miércoles, a la que se sumaron unas 5.000 personas, según los sindicatos. "¡Ha venido mucha gente!", destaca con satisfacción, poco antes de que dieran comienzo los disturbios. A su juicio, hay un equívoco extendido en la interpretación que se está haciendo de la huelga, confusión que evita la plena comprensión del apoyo social que está recibiendo: "Esto no va sólo del convenio del sector del metal, ni del miedo a la pérdida de la industria que queda. Todo eso está ahí, pero va mucho más allá. Lo que está aflorando es la situación de precariedad brutal que existe en Cádiz, en la industria y más aun en otros sectores".

"Llevamos décadas con recortes de derechos en el sector del metal. Se dan circunstancias cuasiaesclavistas. Hay casos de 20 días sin descanso seguidos. Y algo muy grave: hay listas negras de trabajadores que levantan la voz para protestar", añade. "Si esta es la situación en el sector del metal, ¡imagina en el comercio y la hostelería!", señala Huisa, que reconoce la valía de la tarea de la Inspección de Trabajo, pero cree que es "insuficiente". "En muchas ocasiones a las empresas les sale más barato pagar las multas que cumplir el convenio. Eso no puede ser", concluye Huisa, que recuerda que hay una diferencia significativa entre las condiciones en las empresas tractoras como Navantia, Airbus, Dragados y Alestis, con fuerza sindical y organización de los trabajadores, y las empresas auxiliares, que es donde ha reventado el conflicto.

El convenio, "papel mojado"

El soldador Manuel Balber, de 50 años y con casi 30 a sus espaldas trabajando en el metal, se reconoce como uno de esos trabajadores incluidos en las "listas negras". Pero está entre los que ha decidido no callarse. "Yo soy un cadáver laboral en la Bahía de Cádiz, por eso no me importa dar mi nombre. Tenemos otros compañeros que no pueden hacer ni eso", afirma Balber, que sigue todo lo que ocurre trabajando desde Carboneras [Almería] como uno de los representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, un sindicato centrado en las plantillas de las empresas auxiliares.

"La voz de los trabajadores, sobre todo de los más precarios y de los eventuales, no aparece por ningún lado. Yo oigo las tertulias y digo: '¿Por qué se habla sólo del convenio y no de las condiciones que hay ahora, que son penosas?'. El convenio es papel mojado. Pero no de ahora, es papel mojado desde hace 30 años", lamenta Barbel.

¿Un ejemplo del incumplimiento? Balber no sabe ni por dónde empezar. Finalmente, empieza a citar: "El convenio de Cádiz dice que las horas extra están prohibidas, pero la realidad es que se trabaja de siete a siete. A veces hay jornadas maratonianas, pero cada empresa paga las horas extra como le da la gana. Si en una empresa hay veinte y salen [por fin de contrato de obras] diez, pues los veinte que quedan echan horas extra sin contratar a nadie. Esa es la situación real, no lo que dice el convenio", añade Barbel, que afirma que "la eventualidad es mayoritaria" por lo que, al ser necesarios seis meses para presentarse a elecciones sindicales, los perfiles más castigados por la discontinuidad no llegan a obtener representación.

"El detonante [de la huelga] han sido los sueldos, pero lo que hay detrás es que los trabajadores no podemos más. Y las empresas tractoras, incluida Navantia, que es pública, lo permiten porque no ponen pie en pared obligando a las otras a cumplir. La gente cree que somos unos desalmados que la estamos liando por una subida equivalente al IPC. ¡Qué va! El problema es que no se nos escucha, en parte porque muchos trabajadores tienen miedo. Todo está montado para que estemos callados", concluye.

Subcontratación y eventualidad

Carlos –nombre ficticio–, de 52 años, trabajador de una subcontrata de San Fernando por unos 1.400 euros netos al mes en doce pagas, lamenta no poder desvelar su identidad real. "Así son las cosas. Si te portas bien, te contrato, si te portas mal no te contrato o te despido. ¿Y qué es portarse mal? Pedir tus derechos, sin más", afirma.

El problema, a su juicio, se resume en "subcontratación, eventualidad e incumplimiento". "Desde los años 80 se ha ido metiendo más y más el modelo de subcontratación. Todo es subcontrata. El convenio dice que los eventuales no pueden superar el 20% de la plantilla de fijos. Vale, pues yo diría que es al revés. El convenio nunca se ha cumplido, nunca. Somos eventuales la inmensa mayoría. Puedes acabar tu vida laboral con más de cien contratos por obras y servicios. Yo tengo compañeros que se van a jubilar y no han sido fijos nunca", explica.

Carlos sí ha sido fijo, pero su empresa cerró y ahora vive, dice, en el alambre de la eventualidad. "Mucha gente no se atreve a cogerse las vacaciones. Nos van moviendo de una empresa a otra por toda la bahía, por Cádiz, San Fernando, Puerto Real. No olvidemos que no hablamos de empresas generadoras de empleo. El empleo lo dan las grandes, estas ponen a los trabajadores a bajo coste", señala. "Y encima ahora nos quieren legalizar la precariedad", añade Carlos, que cree que la mayor implantación sindical en las empresas de mayor tamaño, con plantillas más grandes y mayor porcentaje de fijos, hace que el foco se dirija aún menos a los eventuales.

El sector del metal ruge en Cádiz en el arranque de su huelga indefinida

Ver más

Un problema más afecta a los eventuales. Lo explicó este martes Antonio Montoro, secretario general de Industria de UGT en Cádiz, que cifra en un 75% su porcentaje: "Como los atrasos se hacen [se pagan] siempre a final de año cuando el IPC se regula, si hay un eventual que lo hayan despedido en mayo no va a cobrar los atrasos, ni lo va a reclamar porque sabe que no lo van a llamar más". Otra vez, una alusión –implícita esta vez– al miedo.

Tareas para todos

El responsable de Industria de CCOO en Cádiz, Juan Linares, admite la existencia de un "alto índice de eventualidad". Y pone tareas para los sindicatos, aunque no sólo para los sindicatos. "Tenemos que estar vigilantes nosotros, la Administración y las empresas matrices, que lo saben y no ponen medios para corregirlo", señala. Linares señala que hay una parte de la industria, dentro del sector que le trabaja a Navantia, donde rige lo que él denomina "la ley de la selva". "Hay un número desorbitado de horas extraordinarias, incluso en algunos casos más que ordinarias, lo cual prostituye el convenio colectivo", afirma. ¿Pero no dice el convenio que no debe haberlas? "Lo dice el convenio y lo dice la ley. Así no se cumple el descanso entre jornada y jornada. El riesgo de accidente es mayor", concluye.

infoLibre, tras trasladar a la patronal Femca las críticas a las actuaciones empresariales recabadas para este artículo, solicitó su versión sobre las mismas y su punto de vista sobre el conflicto, sin éxito. La respuesta oficial es esta: no hay posicionamiento por parte de la Femca, en calidad de "organización empresarial", sobre las posibles "irregularidades laborales" planteadas, dado que es totalmente ajena a las mismas. La patronal remitió a este periódico unas declaraciones de su secretario general, José Muñoz, según el cual la patronal ha identificado "cuatro o cinco temas económicos" sobre los que hay margen de acuerdo, si bien se opone a la pretensión de menor duración del convenio por parte de los sindicatos.