Segundo golpe judicial al PP en un mes por su financiación: primero Valencia, ahora Salamanca

Cinco semanas después de que un juez incluyera al PP valenciano en la lista de procesados por el supuesto blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades destinadas a financiar al partido -el llamado pitufeo-, otro magistrado acaba de asestarle un segundo golpe a 600 kilómetros de distancia. Ahora, el imputado es el PP salmantino. En el trasfondo, de nuevo el dinero. Donaciones cuyo origen no se ha justificado -es decir, anónimas y prohibidas por ley- explican que el instructor del caso observe indicios de un delito de financiación ilegal.

En la investigación abierta en Salamanca, todo gira en torno a lo sucedido en las elecciones primarias que en marzo 2017 ganó Alfonso Fernández Mañueco, entonces alcalde de la capital salmantina y ahora presidente de Castilla y León. ¿Qué ha conducido al juez a imputar al PP como persona jurídica –algo que no era posible antes de 2013- así como al presidente del partido en Salamanca y a la gerente provincial? Los agujeros negros contables del sistema utilizado para poner al día las cuotas de parte de los afiliados morosos -había 4.913- y que así pudieran votar en las primarias.

Tras conocerse el auto, Mañueco prometió "colaboración máxima" del partido con la justicia, que hubo de reabrir el caso en abril de 2020 tras una primera instrucción meteórica que duró ocho días. La reapertura fue forzada por la Audiencia Provincial ante el recurso de la acusación popular que ejerce el Foro de Izquierdas-Los Verdes. La acusación ya ha pedido que el presidente de Castilla y León declare como testigo.

Esas cuotas impagadas se liquidaron mediante donaciones de militantes: entre ellos, numerosos cargos públicos y asesores. La recaudación ascendió a 61.937 euros. Pero el origen de un porcentaje de esas entregas no se conoce. El juez dedica un apartado de su resolución a los 41.490 euros entregados  por “cargos electos, personal de confianza y afiliados”.

De esa cifra, recaudada mediante pagos voluntarios "en efectivo”, solo se sabe de dónde salieron 17.350 euros. Y eso significa “que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal”. Como documentación justificativa de 39 pagos ha aportado otras tantas "declaraciones juradas": los donantes las firmaron para acreditar que entregaron las cantidades que creyeron oportunas. Oscilan entre 60 euros y 1.200, aunque la mayoría se sitúa en niveles inferiores. O sea, que mayoritariamente eran pequeñas donaciones.

Ahora, la imputación de la gerente del PP salmantino, Isabel González, abre interrogantes sobre qué declarará sobre esas "declaraciones juradas" en su comparecencia, fijada para el 30 de diciembre. En octubre de 2020 González ya sostuvo en sede judicial y entonces como testigo una absoluta ignorancia de la existencia de las 39 declaraciones juradas firmadas por 28 cargos y asesores así como otros 11 militantes.

El 7 de mayo, la gerente fue más allá. Porque en una nueva declaración judicial se ratificó en que ni le dieron cuenta de nada sobre aquellas declaraciones juradas ni procedió a la distribución del dinero ni conoce la identidad de los afiliados beneficiados. Pero no se detuvo ahí. Y añadió que, lejos de estar al tanto de esas entregas, ella nunca habría aceptado dinero en efectivo.

Entre los firmantes de las 39 declaraciones juradas figura el diputado que fue ponente del PP en la comisión del Congreso que impulsó la Ley de Financiación de Partidos en 2007: José Antonio Bermúdez de Castro, un histórico del comité electoral nacional del PP que ya ha declarado como testigo.

Según eldiario.es, con su auto de este miércoles el juez hace suya la petición del fiscal, a quien no convencen ni las cantidades supuestamente donadas de manera "altruista" , ni los recibos aportados para justificarlas, ni las explicaciones que hasta el momento han dado los testigos.

Un juez cita como testigos a un diputado y un senador en un caso por supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León

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La investigación judicial comenzó en junio de 2019 a raíz de una denuncia anónima. Tanto la denuncia original como un posterior vídeo grabado en junio de 2019 por un afiliado que, según lo que ha trascendido padecía una enfermedad terminal –falleció ocho meses después–, parecen haber alentado la principal hipótesis de la acusación popular: que el dinero utilizado para pagar cuotas atrasadas e incrementar así el número de votantes en las primarias era en realidad dinero B. 

En el caso de Valencia, la llamada pieza del pitufeo, la investigación también pivota sobre donaciones de militantes. Pero se encuentra en un estadio muy superior. El 19 de octubre, el juez instructor dictó el auto de procedimiento abreviado. El PP como partido y 49 concejales y asesores de la formación conservadora se arriesgan ya de manera firme a sentarse en el banquillo por un supuesto delito de blanqueo. A los procesados se les atribuye una conducta que cabe resumir así: cada uno de ellos aportó 1.000 euros para la campaña de 2015 mediante transferencias bancarias. Pero el dinero -sostienen los investigadores- volvió a sus bolsillos gracias a dos billetes de 500 euros por cabeza y que habrían sido aportados por contratistas públicos.